México se prepara para enfrentar la crisis climática el próximo año con el presupuesto ambiental más bajo en más de 20 años.
Organizaciones de la sociedad civil señalan que el Proyecto de Presupuesto de Egresos (PPEF) 2026 destinado al medio ambiente refleja un retroceso y puede significar un paso atrás en la protección de sus ecosistemas, justo cuando la situación exige reforzar y no debilitar sus instituciones ambientales.
De acuerdo con el PPEF —que comenzará su ruta legislativa la próxima semana en la Cámara de Diputados—, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), responsable del manejo de 232 zonas que cubren más del 30% del territorio nacional, enfrentará un recorte de 12% respecto al presupuesto de 2025, equivalente a 138 millones de pesos.
De aprobarse, la Conanp operará con apenas 1,002 millones de pesos, el monto más bajo en más de dos décadas.
“Estamos hablando de una asfixia financiera. Es imposible mantener programas de vigilancia, restauración o educación ambiental con ese monto. Las áreas naturales protegidas no se cuidan solas: requieren personal, recursos y acompañamiento comunitario”, señaló Gina Ileana Chacón, representante de Wildlands Network México.
La también integrante de Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA) sostuvo que este recorte afectará tareas básicas como la conservación de ecosistemas, la restauración y la vigilancia ambiental.
"No solo son cifras, son funciones esenciales que se quedarían sin sustento. De aprobarse en estos términos, estaríamos frente a un retroceso muy importante en la protección del ambiente”, advirtió en entrevista.
La especialista recordó que entre 2007 y 2026 el presupuesto destinado a la conservación se ha desplomado 52%, y que solo el 0.2% de los recursos del Anexo Transversal 16 —el instrumento en el presupuesto que agrupa el gasto climático— se destina realmente a la protección de la naturaleza.
Este presupuesto significa literalmente administrar la desprotección (...) Sin recursos suficientes para la vigilancia y manejo, las áreas naturales protegidas serán solo líneas en un mapa condenadas a desaparecer.
Con un presupuesto tan limitado, los expertos alertan que las áreas naturales protegidas operarán prácticamente al borde del colapso administrativo. Cada hectárea recibirá, en promedio, poco más de 10 pesos al año para su cuidado, una cantidad simbólica frente a la magnitud del desafío.
Actualmente, solo 140 de las 232 áreas naturales cuentan con un programa de manejo vigente, por lo que sin presupuesto suficiente, señalan las organizaciones, la elaboración y actualización de estos instrumentos —que incluyen consultas con comunidades indígenas— se vuelve casi imposible.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tampoco escapa al recorte: se estima que para 2026 su presupuesto disminuya 4.3%, 1,859 mdp menos que en 2025, reduciendo su participación al 0.6% del gasto federal total y apenas 0.1% del PIB, cifra por debajo de los estándares internacionales: la CEPAL recomienda destinar al menos 3.7% del PIB a protección ambiental.
“Nos preocupa que se mantenga la narrativa de compromiso con la biodiversidad mientras se debilitan los instrumentos básicos de protección. El medio ambiente no es un gasto, es una inversión en bienestar y seguridad para todas las personas”, enfatizó Chacón.
Mientras el presupuesto ambiental disminuye en el PPEF 2026, los megaproyectos del gobierno federal mantienen una posición privilegiada. Por ejemplo, el programa “Proyectos Trenes e Infraestructura”, que incluye al Tren Maya, recibirá un presupuesto 30 veces mayor al asignado al cuidado de todas las áreas naturales protegidas del país.
Dentro del Anexo Transversal 16, que agrupa el gasto destinado a la adaptación y mitigación del cambio climático, menos del 0.2 % se orienta a la conservación ambiental, a pesar de que los ecosistemas naturales son la primera línea de defensa frente a huracanes, incendios e inundaciones.
Para Jorge Martínez, coordinador del Programa de Justicia Climática de Oxfam México, esta distribución presupuestal “refleja las verdaderas prioridades del país”. “Tenemos dinero bueno y lo estamos tirando al malo”, dijo.
Pemex está perdiendo dinero pese a todo lo que se le inyecta, y aun así se prioriza sobre la política climática. Es una desconexión enorme entre el discurso y los hechos.
Martínez explicó que dentro de Semarnat, “la política de cambio climático tiene muy poco presupuesto” y que la mayoría de los recursos se van a Conagua, lo cual considera necesario, “pero sin una visión integral de política climática, es insuficiente”.
La propia secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena Ibarra, reconoció durante su comparecencia en el Congreso los retos que implica operar con menos recursos.
La funcionaria federal explicó que la Semarnat trabaja en siete prioridades hacia 2030, entre ellas el saneamiento de cuencas como la del Lerma-Santiago y el Atoyac, la restauración de manglares y bosques, y la reducción del 35 % de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero advirtió que el financiamiento actual es insuficiente.
“Estamos pidiendo que se nos regresen los excedentes de 5,800 millones de pesos que hemos recaudado. Con eso podríamos trabajar muchísimo”, dijo Bárcena, al recordar que parte de esos recursos, obtenidos por cobro de derechos y servicios ambientales, no fueron reintegrados por Hacienda.
La diferencia entre las metas ambientales y los recursos asignados es clara. Mientras países como Brasil, Colombia o Costa Rica incrementan sus inversiones en transición energética y conservación, México destina apenas el 0.1 % del PIB al medio ambiente.
“El país pierde competitividad ante el mundo”, advirtió Martínez. “Sin agua, con energía sucia y sin estrategia climática, México se rezaga en atracción de inversiones verdes y en seguridad económica. No es solo un tema ambiental; es un asunto de desarrollo nacional”, aseguró.
El coordinador de Oxfam insistió que México está parado sobre una visión de desarrollo obsoleta, centrada en el petróleo, cuando se deben realinear las prioridades hacia energías limpias, movilidad sostenible y agua segura.
"Aun si duplicáramos o triplicáramos el presupuesto ambiental, no alcanzaría si mantenemos un sistema económico que incentiva destruir ecosistemas. Los incentivos para devastar la naturaleza son hoy mucho más grandes que los recursos para protegerla. Hay que cambiar el modelo”, sostuvo.
El cambio climático no es un problema de osos polares. Es un problema que ya nos afecta y que está golpeando más a quienes menos tienen.
Martínez recordó que el impacto del cambio climático ya golpea directamente a las comunidades más vulnerables y que el presupuesto debe prevenir las crisis ambientales y no agravarlas.
“Sin financiamiento público, sin prevención, sin capacidades institucionales, cada huracán o inundación será más devastador. Lo vimos con Otis y lo veremos otra vez si no se corrige el rumbo”, dijo.
A días de que la Cámara de Diputados deba aprobar el presupuesto antes del 15 de noviembre, Martínez insistió que es necesario que la gente sepa lo que está pasando y poco a poco crear la voluntad política para cambiar las prioridades en el presupuesto público.
“Mientras no alcemos la voz, mientras no exijamos justicia fiscal, energética y climática, las cosas seguirán igual. Pero sí hay esperanza si la sociedad presiona y exige transparencia y coherencia entre el discurso y los hechos”, dijo.
Para Gina Chacón, lo que está en juego no es una cifra, sino la capacidad del país para sobrevivir a la crisis climática.
"El dinero invertido en medio ambiente no es un gasto, es una inversión en bienestar y calidad de vida. Garantizar ecosistemas sanos es garantizar salud, agua y alimento para la población. Sin recursos suficientes, las áreas protegidas quedarán abandonadas, y con ellas desaparecerán especies, servicios ecosistémicos y oportunidades para las comunidades locales”, subrayó.
