"Rescatar no siempre es salvar": fauna recuperada enfrenta destino incierto
Activistas señalan que mientras no exista un sistema confiable de trazabilidad y cuidado, los animales decomisados seguirán dependiendo de la buena voluntad de santuarios y particulares.
La Semarnat estima que en el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se han asegurado más de 10,000 ejemplares de flora y fauna.(Fotos: AFP / Facebook)
El reciente caso de Mina, una osa negra rescatada de un zoológico en Monterrey, Nuevo León, reveló la falta de infraestructura, protocolos y recursos para garantizar la atención adecuada de la fauna asegurada por las autoridades ambientales.
En 2023, Mina fue recuperada en malas condiciones del Rancho María Luisa en Nuevo León y fue llevada al zoológico La Pastora donde, lejos de mejorar, su estado de salud empeoró aún más. Activistas denunciaron que padecía graves afectaciones renales, hepáticas y una infección severa antes de ser nuevamente rescatada y trasladada a la Fundación Invictus, en Pachuca, Hidalgo.
Publicidad
La osa padece leptospirosis, una enfermedad bacteriana que puede afectar órganos vitales como riñones e hígado, pero en su expediente no había registros claros de atención médica, tratamientos ni protocolos para su rehabilitación.
Para Lucía Hernández, activista y divulgadora de ciencia, quien documenta casos de maltrato animal, el caso de Mina es reflejo de un sistema fragmentado, donde los esfuerzos de rescate no siempre significan bienestar. “Rescatar no siempre significa salvar”, afirma.
Mina, hoy bajo cuidado privado, se recupera lentamente. Pero su travesía —del rancho a un zoológico público y luego a un santuario particular— mostró las deficiencias del Estado: una Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sin infraestructura, zoológicos desbordados y particulares que llenan los vacíos.
“Mientras no existan centros públicos de resguardo, protocolos nacionales de bienestar y una base de datos transparente, seguiremos hablando de santuarios donde los animales rescatados desaparecen del radar institucional”, señala Hernández.
La Pastora –clausurado temporalmente por incumplimientos en materia de trato digno hacia ejemplares silvestres– fue adquirido por el gobierno de Nuevo León a mediados de la década de 1980. Actualmente, el zoológico mantiene bajo resguardo 91 animales enviados por la Profepa y 500 ejemplares propios.
El centro permanecerá cerrado hasta que se adopten las “medidas urgentes” necesarias para garantizar el bienestar animal y se revisen otros casos críticos, como el del elefante Monty, de 19 años, quien vive en en este lugar en completa soledad.
El presidente ejecutivo de La Pastora, Bernardo Bichara Assad, señaló que las medidas tomadas por la Profepa fueron arbitrarias y politizadas e incluso informó presentaría un amparo para que se permita reabrir las puertas del parque.
Un sistema de rescate en colapso
Cada año, la Profepa realiza cientos de operativos en los que asegura aves, reptiles, felinos y otras especies traficadas o maltratadas. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en los últimos años se han asegurado precautoriamente más de 10,000 ejemplares de flora y fauna en todo el país.
Para enfrentar este reto, las autoridades impulsaron desde 1997, la creación de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAS), un modelo que busca involucrar a comunidades, académicos y particulares en la protección de los ecosistemas.
De acuerdo con la Semarnat, actualmente existen 14,919 UMAS registradas, distribuidas en todo el territorio nacional, que abarcan más de 39 millones de hectáreas, extensión equivalente al 19% del territorio nacional.
Según la dependencia estas unidades representan “otra forma de conservar, donde se involucra a la sociedad civil, a los privados y al sector académico”.
En teoría, este esquema busca fortalecer la conservación a través de la corresponsabilidad social. Sin embargo, las UMAS no necesariamente garantizan el bienestar animal, debido a la falta de control y de supervisión que han convertido a muchas de ellas en un terreno ambiguo: por un lado, una herramienta que podría apoyar la recuperación de ecosistemas y especies; y por el otro, un modelo vulnerable a la opacidad y al aprovechamiento comercial.
Publicidad
Al respecto, la activista Lucía Hernández asegura que el problema no es que existan las UMAS, sino que nadie sabe realmente qué ocurre dentro de ellas por la falta de datos públicos, inspecciones regulares y un sistema de seguimiento por parte de las autoridades.
El problema, añade, se agrava por la falta de trazabilidad. “Una vez que Profepa entrega un animal a una UMA o a un zoológico, deja de saber de él. No hay marcaje, no hay monitoreo, no hay transparencia", alerta.
"Es imposible saber cuántos sobreviven, cuántos son liberados o cuántos simplemente desaparecen del sistema.
Lucía Hernández, activista.
La opacidad, asegura, "abre la puerta a un escenario preocupante": algunos animales podrían volver al comercio ilegal bajo el amparo de un documento oficial.
“Hay casos en los que los animales decomisados son entregados a particulares con permisos de aprovechamiento, y una vez bajo su custodia pueden reproducirlos o incluso vender las crías sin ningún control”, afirma la activista.
La Semarnat estima que en el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se han asegurado más de 10,000 ejemplares de flora y fauna.(Fotos: AFP / Facebook)
Hernández advierte además que el sistema de UMAS también ha derivado en una red opaca con potenciales conflictos de interés.
“Hay UMAS registradas a políticos, empresarios o exdueños de circos, algunos vinculados al comercio de fauna. Hemos encontrado permisos emitidos a direcciones inexistentes o a predios imposibles de localizar. Incluso hay registros de UMAS en departamentos o mercados”, denuncia.
La información, además, es prácticamente inaccesible. “Si pides por transparencia los datos sobre un decomiso, Profepa te dirá que se entregó un tucán a una UMA en Querétaro, pero no sabrás cuál de las 500 que existen en ese estado lo recibió. Sin registro público, no hay rendición de cuentas", dice.
Santuarios privados al rescate
La activista Lucía Hernández insiste en que, en casos como el de Mina, la cadena de negligencias comienza desde el rescate mismo, pues no existe un lugar público ni protocolos nacionales uniformes para su resguardo.
“Profepa no cuenta con instalaciones propias para albergar a los animales decomisados. En la mayoría de los casos los entrega a zoológicos o a UMAS, muchas de ellas saturadas o sin supervisión efectiva”, explica.
Ante ese vacío institucional, los santuarios y zoológicos privados se han convertido en los principales receptores de fauna decomisada. Uno de ellos es el Santuario Natural Ostok, en Sinaloa, dirigido por Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM).
En esa entidad, Ostok se convirtió en uno de los pocos espacios que responde cuando un operativo federal termina con animales decomisados de propiedades vinculadas al crimen organizado.
“La mayoría de los rescates llegan a través de la FGR (Fiscalía General de la República), Profepa o Protección Civil”, relata Zazueta. “Nos llaman cuando, por ejemplo, hay un cateo y aparecen tigres, leones o cocodrilos. Entramos con veterinarios, tranquilizantes y jaulas, estabilizamos al animal y lo llevamos a cuarentena en nuestras instalaciones”, cuenta.
Este último fin de semana de septiembre @OstokSanctuary1 junto con especialistas de AZCARM, rescataron otros 2 tigres de Bengala de aproximadamente años, un caballo, una yegua española y cinco perros. Feron hallados en una bodega a las afueras de Culiacán en condiciones indignas. pic.twitter.com/683VgjE6m0
Los animales, explica, llegan deshidratados, estresados y muchas veces heridos. “Los estabilizamos durante meses, y casi siempre se quedan a vivir aquí, porque los procesos legales no concluyen o porque no hay otro lugar adonde puedan ir", comenta.
Ostok alberga más de 250 animales, entre ellos unos 100 grandes felinos, de los cuales al menos 16 fueron rescatados de zonas afectadas por la violencia en Sinaloa.
“Tenemos tigres, leones, jaguares, monos… incluso varios animales del caso de Black Jaguar-White Tiger, que seguimos cuidando tres años después porque el proceso no avanza”.
Ernesto Zazueta, presidente de AZCARM.
El rescatista de animales explica que el santuario se sostiene con recursos propios y que dependencias gubernamentales solo brindan acompañamiento.
“Hacemos lo que podemos. Rescatamos, cuidamos y damos vida digna a los animales. Pero si seguimos sin coordinación, sin presupuesto y con persecución, no habrá quién los salve”, lamenta.
Publicidad
Un sistema sin presupuesto ni transparencia
La crisis en el rescate y conservación animal en México, coinciden los entrevistados, tiene una raíz común: la falta de presupuesto, personal y capacitación dentro de Profepa.
“No tiene instalaciones propias, ni personal suficiente, ni especialistas. Sus inspectores deben atender desde tala ilegal hasta contaminación de ríos o minería, y la fauna silvestre termina siendo la última prioridad”, apunta Hernández.
Zazueta confirma que en los rescates encabezados por Ostok, las autoridades solo acompañan, sin recursos ni seguimiento. “No hay dinero, ni personal, ni continuidad. Los animales quedan bajo nuestra responsabilidad por años”, explica.
Harnández y Zazueta señalan que si bien los casos de rescate que más relevancia pública toman son de animales salvajes como elefantes, osos, leones y tigres; las aves, reptiles, monos y seres más pequeños, son la mayoría de las especies que están expuestas al maltrato o tráfico ilegal.
“Nos enteramos cuando se trata de un oso, un tigre o un león, pero ¿quién rastrea a los miles de aves, reptiles o tortugas decomisados cada año? Son los animales pequeños los que más se pierden en el sistema, y muchos terminan de nuevo en el tráfico ilegal”, advierte Hernández.
Para la activista, un primer paso para atender esta crisis es crear un registro público nacional que permita la trazabilidad de los animales rescatados o decomisados y conocer su destino final.
“Sin registros abiertos, sin marcaje ni monitoreo, es imposible saber cuántos sobreviven, cuántos son reintroducidos a su hábitat o cuántos simplemente desaparecen del sistema”, afirma.
La falta de transparencia alimenta un círculo vicioso: la desconfianza ciudadana, la ausencia de control y, en el peor de los casos, la reaparición del tráfico ilegal bajo el disfraz de conservación.
Los activistas advierten que mientras no exista un sistema confiable de trazabilidad y cuidado, los animales decomisados seguirán dependiendo de la buena voluntad de santuarios y particulares, dejando en evidencia las grietas de un sistema que promete protección, pero que a menudo deja a la fauna silvestre a la deriva.
