'Nuevo' Poder Judicial arranca entre desorden, desorganización y quejas
Los juzgadores electos tomaron protesta el 1 de septiembre, pero cientos de ellos se incorporarán a sus respectivas adscripciones hasta esta semana por retraso en las asignaciones.
Los problemas que enfrenta el Poder Judicial en su nueva etapa entorpecen y "paralizan" la administración de justicia, coinciden expertos.(Foto: Facebook / IA)
La transición en el Poder Judicial de la Federación (PJF) comenzó como anticiparon los críticos del nuevo modelo: desordenada y hasta caótica, con costos para los usuarios y el aparato de justicia.
A dos semanas de la llegada de los nuevos juzgadores electos, la asignación de adscripciones se realizó apenas este domingo 14 de septiembre, pero falta concretarse; además, se reportan problemas de abasto de insumos para trabajar y hay cientos de secretarios encargados de despacho o en funciones de jueces o magistrados.
En estas condiciones, el "nuevo" Poder Judicial atravesó por una especie de parálisis técnica durante sus primeras semanas, pues solo se atendieron casos urgentes.
Esto, debido a la instrucción del nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ): “cualquier asunto que implique decisión de fondo, celebración de audiencias o resolución con efectos jurídicos sustantivos deberá reservarse hasta la adscripción de la nueva persona juzgadora”.
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Hasta antes de este fin de semana, que se asignaron las adscripciones, los casos urgentes se turnaron a tribunales colegiados debidamente integrados con sus tres magistrados y, en el caso de juzgados de distrito, se remitieron a los que cuentan con juez titular.
Este domingo, antes de que venciera el plazo para que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) realizara las adscripciones de todos los juzgadores electos el 1 de junio, los ganadores por fin fueron informados del juzgado o tribunal asignado, por lo que comenzarán a ejercer sus funciones a partir de esta semana.
Solo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciaron funciones desde el 1 de septiembre, después de rendir protesta en el Senado, no así cientos de juzgadores electos.
Por eso, trabajadores judiciales consultados alertan de un retraso en la administración de la justicia en el arranque del "nuevo" Poder Judicial. A esta situación, advierten, se suman otros factores como vacantes derivadas de retiros y renuncias, amén de la inexperiencia de la mayoría de los juzgadores entrantes.
Por ejemplo, en el circuito primero, con sede en la Ciudad de México, hay 74 tribunales colegiados de las distintas especialidades: civil, penal, en extinción de dominio, en materia administrativa, del trabajo o de telecomunicaciones.
Hasta el fin de semana solo cuatro contaban con sus tres magistrados integrantes. Es decir, que únicamente 5.4% estaban completos y 94.6% operaron a medias durante dos semanas.
Del total de tribunales federales en la CDMX, 10 estuvieron desintegrados totalmente, pues solo tenían secretarios en funciones de juzgadores; 45 contaban con un solo magistrado; 15 tenían a dos magistrados; y cuatro estaban completos.
Fernando Miguez, oficial del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, advierte que se preveía una situación difícil, pues a consecuencia de la Reforma Judicial fue cesado alrededor del 50% de los integrantes del Poder Judicial.
Sin embargo, observa, la situación se agravó por la decisión de juzgadores que podrían irse hasta 2027, pero adelantaron su retiro.
Unos concluyeron su función con la reforma, otros porque decidieron jubilarse y otros tantos porque dijeron: 'yo hasta aquí, ya no voy más, esto es un circo, es un teatro, es una curva de aprendizaje para muchos muy grande'. Entonces algunos titulares decidieron renunciar".
Fernando Miguez, empleado judicial.
Miguez reconoce que, si bien el Órgano de Administración Judicial emitió un acuerdo para prorrogar hasta este 15 de septiembre las labores de los secretarios en funciones de jueces, estos no pueden emitir acuerdos.
Francisco Javier López, del Comité de Independencia Judicial del Colegio de Secretarios y Actuarios, advierte que se estima que el número de vacantes rebasa el 50%.
"Es entendible que en una transición se presenten problemáticas como la actual, pero sí consideramos que debieron tenerse previstas muchas más cuestiones que ahorita, al día de hoy, están entorpeciendo la administración de justicia. se pierde tener certeza jurídica sobre los juicios que se están llevando a cabo", sostiene.
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Para López, el hecho de que tribunales federales no celebraran audiencias por la falta de jueces y magistrados titulares provoca que el aparato de justicia esté prácticamente paralizando en algunas áreas.
Explica que esto ocurre principalmente en la materia penal, donde necesariamente las audiencias deben ser dirigidas por un juez titular.
Para muestra, de acuerdo con datos del Órgano de Administración Judicial, con corte a los primeros días de este mes, en los tres Centros de Justicia Penal Federal de la CDMX, con sede en los reclusorios Norte, Sur y Oriente, hay vacantes.
La Reforma Judicial sí previó un plazo de transición, pero esta ha sido lenta.
La nuevo Órgano de Administración, que es responsable de gestionar los recursos humanos, financieros y materiales de todo el Poder Judicial, fue integrado desde el 1 de septiembre.
Entre sus responsabilidades está realizar las adscripciones de los juzgadores que ganaron la elección. Es decir, abogados fueron elegidos como titulares de juzgados y magistraturas, pero el Órgano debe determinar en qué tribunal o juzgado específico ejercerán su función.
El 3 de septiembre, el Órgano solicitó a las Coordinaciones Técnicas Administrativas (CAT), que son las responsables de estar al tanto de personal, servicios y equipamiento de cada tribunal o juzgado, notificarle el estado de cada uno y el estatus de los juzgadores asignados.
También, a través de su Secretaría Ejecutiva de Adscripción, envió solicitudes a los triunfadores de las elecciones judiciales para que le reportaran sus datos generales: nombre, fecha de nacimiento, correo electrónico, número de teléfono, especialidad, cargo para el que resultaron electos, por qué distrito judicial y los votos que obtuvieron, además información para conocer si tienen una discapacidad.
Ambos requerimientos de información se hicieron con carácter de urgente, por lo que con esos insumos el Órgano de Administración pudo emitir el acuerdo con las adscripciones en el plazo de ley.
Oficio del Órgano de Administración Judicial para indagar situación de juzgados y tribunales, emitido el 3 de septiembre de 2025.(Foto: Captura del Oficio del Órgano de Administración Judicial (OAJ))
Pero entonces vendrá la curva de aprendizaje de jueces y magistrados electos sin experiencia judicial.
Los trabajadores judiciales consultados coinciden en que, ante la inexperiencia de estos nuevos juzgadores, debió priorizarse la adscripción de los que siguen en sus cargos hasta 2027 o de los que ganaron la elección y provienen de la carrera judicial, a fin de dotar de certeza a la conducción de esos juzgados y tribunales.
De hecho, por esa falta de experiencia, el Órgano de Administración Judicial se vio en la necesidad de abrir una capacitación exprés para los nuevos juzgadores, quienes fueron convocados a acudir obligatoriamente al Primer Curso de Especialización de Personas Juzgadoras Electas Edición 2025, con duración de solo cinco días.
“Los que salieron tenían carreras de 15 y 20 años. Hoy, en días, quieren habilitarlos para ser juzgadores”, advierte Miguez sobre el curso.
En alerta por derechos laborales
Las últimas dos semanas, a la espera de “los nuevos”, el Poder Judicial, tuvo que trabajar a marchas forzadas, con la mitad de juzgadores o menos y con problemas de abasto de los insumos básicos para operar e incertidumbre laboral.
El extinto órgano de administración, es decir el Consejo de la Judicatura, dejó abiertos los contratos básicos para operar, pero el 11 de junio canceló otros, en total 30 proyectos.
De acuerdo con Francisco Javier López y Fernando Miguez, en los órganos judiciales es generalizada la falta de papelería, fotocopiadoras que sirvan y tóner, entre otros artículos.
“No hay tóner, no hay hojas, las impresoras están para llorar. Hay algunas que huelen a quemado y sale humo de que ya no dan ni un tramo más de vida porque no hay mantenimiento, porque ya no están autorizados los mantenimientos”, señaló Miguez.
Incluso, revela, hay acuerdos judiciales en los que se advierte: “es imposible proporcionar el acuerdo físicamente por la falta de hojas”.
“Hay unos que dicen: 'si quieres copias, trae tus hojas'", comenta Miguez.
Respecto a los derechos laborales, desde hace un año los trabajadores alertaron que se verían afectados y ahora, prácticamente cada semana, son enterados de nuevas disposiciones que les afectan.
Por el recorte presupuestal aplicado al Poder Judicial este 2025 no se pueden dar aumentos salariales. Al menos eso se les informó en un oficio firmado por Laura Sandra Hasbach, exdirectora de recursos humanos, y fechado el 14 de agosto.
“En la Distribución del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2025 no se contó con recursos suficientes para su asignación a este concepto de gasto, lo anterior, derivado de la reducción determinada por la Cámara de Diputados al Presupuesto”, se lee en el oficio.
El 5 de septiembre, el Órgano de Administración notificó el nuevo tabulador salarial, según el cual los mandos medios y superiores no tendrán seguro de gastos médicos mayores, ni el seguro de separación individualizado.
Sindicato de Trabajadores alerta recorte de derechos por nuevo Poder Judicial, alista defensa jurídica.(Foto: Captura de circular dirigida a trabajadores del Poder Judicial, 10 de septiembre 2025)
Esto no sólo impactará a los mandos nuevos, sino también a los trabajadores, pues aquellos que buscan un ascenso de actuario a secretario, o se cambian de órgano (tribunal o juzgado), son considerados de nuevo ingreso, con lo cual perderán el derecho al Seguro de Separación Individualizado.
La alerta fue lanzada por Juan Alberto Prado, secretario general del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del PJF, quien el 10 de septiembre informó a la base trabajadora que la decisión genera un trato diferenciado entre los que ya laboran en el Poder Judicial y los de nuevo ingreso.
Además, el 8 septiembre los secretarios de juzgados agrupados en el Colegio de Secretarios y Actuarios revelaron que repentinamente se reclasificó su situación administrativa: de personal de base a personal de confianza, lo que afectaría a unos 10 mil trabajadores, según sus cálculos.
“En los sistemas informáticos del Poder Judicial aparecieron todos los nombramientos como trabajadores de confianza, cuando en realidad la mayoría de nosotros somos trabajadores de base", menciona Francisco Javier López, integrante del Colegio.
"Ya se nos explicó que esto se debe a un problema por la migración al nuevo sistema informático o la actualización de la base de datos, (pero) ahorita estamos escépticos de cualquier promesa, cualquier dicho de palabra que hagan las nuevas autoridades (…) cualquier situación, cualquier alteración, pues nos pone nerviosos”, reconoce, pues desde la Reforma Judicial se garantizó que no serían afectados y eso no se cumplió.
Con 25 años de experiencia, Miguez expone que oficiales, secretarios y actuarios, como el resto del personal judicial, están a la expectativa de las designaciones, aunque advierte que hay enojo, frustración y hasta miedo de posibles desbandadas.
“En dos ponencias del entonces Consejo de la judicatura a las mujeres les dieron 15 días para buscar trabajo y a los hombres los despidieron de inmediato. Lo que está sucediendo también en la Corte", señala.
"¿Cuál es el sentir de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación a nivel nacional? Se siente miedo, se siente tristeza, se siente impotencia, desasosiego, frustración, hay mucho enojo en algunas partes. Nos dicen: 'van a llegar y los van a correr a todos, no van a dejar a nadie'".
Especialmente este estrés laboral lo viven los secretarios, no solo por las plazas laborales, sino por lo que viene para la justicia en el país, expone López.
“Los secretarios somos las personas que trabajamos más de cerca con los juzgadores, estudiamos los asuntos, estamos en contacto directo con los expedientes. Somos quienes redactamos las sentencias", recuerda.
"Nos preocupa más que personas sin experiencia o con otras intenciones, pues busquen dar marcha atrás a criterios que ya tenemos forjados en los tribunales, criterios protectores de derechos humanos, los que hemos trabajado tanto tiempo y tenemos miedo de que esto se revierta”.
Parte del problema, considera, es que a gran parte de la población no le preocupa, pero tarde o temprano, subraya, cualquier cambio en criterios protectores afectará a todos los ciudadanos.
