Esta cantidad es tres veces mayor a la registrada en 2018, cuando el ISSSTE reportó 122 jubilaciones, de acuerdo con datos obtenidos a través de una solicitud de transparencia.
Las cifras incluyen las jubilaciones por cesantía en edad avanzada, seguro por retiro y vejez tramitadas y aprobadas para empleados del Poder Judicial de la Federación y de los estados de Guanajuato e Hidalgo.
También considera los retiros del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Los cambios a la Constitución en materia de Reforma Judicial cancelaron el valor de los méritos para ascender a juez o magistrado y se privilegió el voto ciudadano por encima de la profesionalización y especialización, por lo que trabajadores optaron por dejar sus cargos antes.
Aunque se aprobó una nueva Ley de Carrera Judicial que establece que ésta continúe, sólo aplicará para llegar a ser secretarios y ahí se agotará la posibilidad de ascenso por conocimientos.
El "golpe" a la carrera judicial
Arturo Espinosa Silis, director del Laboratorio Electoral, considera que la salida de varios empleados del Poder Judicial está vinculada con la reforma que modificó la elección de los juzgadores y que ha golpeado la carrera judicial.
“Va a venir, desgraciadamente, una renovación importante en cuanto al personal y la gente de los órganos jurisdiccionales”, explica en entrevista.
“Ya sabemos que más de la mitad de los jueces y juezas se van a ir. Hay algunos que pidieron su retiro anticipado”, señala.
Otros juzgadores en desacuerdo con la Reforma Judicial han renunciado desde antes de las elecciones, pero ya en el marco de la discusión y aprobación de la enmienda a la Constitución, que llevó al Senado a rifar los puestos del Poder Judicial que serían sometidos a voto popular.
En enero, el Consejo de la Judicatura Federal notificó un total de 329 plazas vacantes en juzgados y tribunales, dos veces más que los 139 lugares desocupados en octubre de 2024.
“Hay mucha gente que lleva años en el Poder Judicial para la que esta reforma significó el fin de la época en la que se podía hacer una carrera a partir del esfuerzo, del trabajo, de la preparación académica, a partir de concursos objetivos por conocimientos y capacidad”, sostiene Espinosa Silis.
“También creo que muchas personas no van a estar dispuestas a que lleguen como jefes gente que no tenga experiencia, que no tenga conocimiento”, agrega.
De acuerdo con el primer Informe del Observatorio Universitario del Proceso de Elección Extraordinaria a la SCJN de la Universidad Iberoamericana el 58.7% de las candidaturas que estuvieron en juego el pasado 1 de junio no contaba con carrera judicial y más del 70% de las y los aspirantes no tenía especialización en temas clave como medio ambiente, pueblos indígenas o personas con discapacidad.