A medida que se acerca la entrada de los juzgadores electos el 1 de septiembre, aumenta la preocupación de cientos de jueces y magistrados que dejarán sus puestos, por la falta de certeza sobre el pago de las liquidaciones que les corresponden.
La Reforma Judicial dispone que los juzgadores que concluyen su encargo —por declinadar a participar en la elección judicial o no resultar electos— tienen derecho a un pago extraordinario, sin embargo, la entrega de esos recursos está en vilo.
Aunque el próximo presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, promete que "se va resolver todo", está en riesgo el destino de más de 10,000 millones de pesos que formaban parte de los fideicomisos del Poder Judicial y que se destinarían a dichas liquidaciones.
El magistrado Juan José Olvera, de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (Jufed), reconoce que hay una situación de incertidumbre entre los jueces y magistrados salientes por no tener claridad de cómo será la entrega de recursos.
“En el deber ser, con las reglas que ellos pusieron, la Reforma Judicial estableció montos de liquidaciones y fuente de los recursos, pero la voluntad de pago está en duda", sentencia Olvera quien, junto con el gremio judicial, analiza acciones legales a realizar.
El artículo décimo transitorio de la Reforma Judicial establece que los magistrados y jueces federales que concluyan su encargo serán acreedores al pago de un importe equivalente a tres meses de salario integrado y de 20 días de salario por cada año de servicio prestado.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, las percepciones mensuales netas de los magistrados de circuito ascienden a 152,031 pesos y de los juzgados de distrito 139,210 pesos, sin considerar otras prestaciones.
La Reforma Judicial también establece que esas liquidaciones, así como "las demás prestaciones a que tengan derecho", serán cubiertas con recursos federales que resulten de la extinción de fondos, fideicomisos, "mandatos" o contratos análogos del Poder Judicial de la Federación.
El derecho está, el derecho que ellos mismos establecieron en la Constitución, pero no hay fondos etiquetados para cumplir este compromiso”.
En entrevista con Expansión Política, el magistrado Olvera calcula que tan solo en pago de indemnizaciones a juzgadores que acumularon una antigüedad promedio de 25 años se deben destinar alrededor de 700 millones de pesos.
El magistrado señala que hasta el momento se retiraron alrededor de 600 juzgadores y al 1 de septiembre se retirarán otros 200. Es decir, serán unos 800 jueces federales y magistrados que tienen sus derechos en riesgo.
“Todos los jueces somos trabajadores del servicio público y, como todo trabajador del servicio público, tenemos derechos, como cualquier trabajador también, incluso de la iniciativa privada, a condiciones de retiro. Nadie tiene asegurado el pago”, acusa.
El riesgo de incumplimiento a la Constitución es real: cientos de juzgadores que adelantaron su retiro se fueron sin ese pago, confirma la ahora exjueza Martha Margarita Magaña, quien hasta el 16 de agosto estuvo adscrita al Juzgado Quinto de Distrito en Morelos y decidió solicitar su retiro anticipado, aunque tenía hasta 2027 para separarse del cargo.
Aunque ya varias de esas personas, alrededor de 300, 400 han dejado sus cargos antes del 1 de septiembre, lo cierto es que nadie de ellos ha recibido este pago extraordinario".
La exjueza, quien en su momento concedió una suspensión de amparo para frenar la Reforma Judicial, enfatiza que recibir ese pago es un derecho consagrado en la Constitución, por lo que también existe "un poco de enojo".
“No como algo gratuito, no como como un bono, sino como parte del reflejo de esta afectación a personas que por muchísimos años, (algunos por) más de 40 años que dieron un servicio público en el Poder Judicial de la Federación, impartiendo justicia, y se retiran anticipadamente por no querer formar parte de esta Reforma Judicial”, agrega.
Los fideicomisos del Poder Judicial generaron disputas entre el Ejecutivo, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y el Poder Judicial, que todavía preside la ministra Norma Piña.
En abril pasado, Nacional Financiera (Nafin) transfirió a la Tesorería de la Federación más de 10,000 millones de pesos que formaban parte de tres fideicomisos del Poder Judicial, lo que generó un reclamo inmediato del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
En una tarjeta informativa, dicho órgano indicó que ese dinero está destinado a los pagos extraordinarios de los juzgadores que dejarán sus puestos y que la transferencia se hizo sin ser consultada de manera previa, por lo que tomarán medidas legales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya tiene en sus manos una demanda mercantil contra Nacional Financiera (Nafin) por remitir de forma irregular 10,411 millones de pesos de tres fideicomisos. El recurso jurídico fue ingresado el 1 de agosto.
El pleito legal es por los fideicomisos "80692" para pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados; "80693" para el mantenimiento de casas para magistrados y jueces; y "80695" para el desarrollo de Infraestructura que implementa las reformas constitucionales en materia de justicia.
De acuerdo con la Judicatura, los recursos de estos fideicomisos no debieron ser concentrados en la Tesorería de la Federación, sino utilizados para financiar retiros, pensiones y liquidaciones de personas juzgadoras, como se ordenó en la reforma constitucional en materia judicial.
El magistrado de la Jufed explica que con la Reforma se eligieron 464 Magistraturas de Circuito y 386 Juzgados de Distrito y que el resto serán cesados a partir del 31 de agosto, día que concluyen funciones.
En la Reforma Judicial se estableció que, tanto los juzgadores que declinaron participar en la elección como los que no resultaron electos, tienen derecho a una indemnización.
Para cubrir esos pagos extraordinarios, se ordenó a los órganos del Poder Judicial de la Federación y, en su caso, de las entidades, a “extinguir los fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no se encuentren previstos en una ley secundaria”.
Por ello, el magistrado Olvera enfatiza que es un mandato constitucional que esos fideicomisos sirvan para garantizar los derechos de los juzgadores.
“A pesar de la propia reforma constitucional, (...) antes de que llegara el momento de pagar a los jueces, el 1 de septiembre, decidieron retirar esos fondos y llevárselos a la Tesorería de la Federación”, critica.
En mayo, luego de la Judicatura anunció medidas de conciliación y una "estrategia legal" por la transferencia de más de 10,000 millones de pesos a la Tesorería, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Nacional Financiera suscribieron convenios de extinción de otros nueve fideicomisos.
En el Diario Oficial de la Federación (DOF), la información más reciente, del 31 de julio, da cuenta de que nueve fideicomisos del Poder Judicial ya están en ceros, pues los recursos –incluidos los previstos para pago de pensiones y prestaciones– fueron concentrados en la Tesorería.
Se desconoce el destino que el gobierno ha dado a esos recursos. No obstante, la presidenta Sheinbaum reveló –en su conferencia del 25 de abril– que la "mayoría" de ese dinero sería utilizado para mejorar el servicio del ISSSTE y 800 millones de pesos para la elección judicial.
“Aquí vamos a presentar en qué se va a usar y la mayoría se va para el ISSSTE, para mejorar el servicio de salud del ISSSTE, para contratar médicos. Para contratar personal de salud, para mejorar las instalaciones, para tener los equipos que se requieren, porque el ISSSTE pues fue de las instituciones que en el periodo neoliberal se abandonaron más y se privatizaron más”, argumentó entonces.
Mientras que en el Diario Oficial de la Federación, el Consejo de la Judicatura reportó que el saldo de los fondos es de cero. Al respecto, un grupo de más de 200 magistrados de circuito y jueces de distrito que declinaron participar en la elección judicial, solicitó a la Judicatura garantizar su indeminización.
En una petición conjunta entregada a la Judicatura, los jueces alertaron que la transferencia de recursos se hizo para que "funcionarios morenistas" se "apoderen" de esos fondos.
"Este acto está impulsado por la preocupación porque el estado de derecho sea respetado, ya que los funcionarios morenistas han realizado acciones para apoderarse de los fondos que se destinarían a hacer los pagos correspondientes", señalaron en el documento.
El expediente de los más de 10,000 millones de pesos, pertenecientes a tres fideicomisos, que fueron transferidos a la Tesorería y que la Judicatura reclama, quedará en manos de los nuevos ministros de la Corte.
Lo anterior, debido a que a la Suprema Corte le corresponde conocer de los litigios que involucran a la Judicatura Federal, misma que se extinguirá el 1 de septiembre para ser reemplazada por el nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ) y cuyos integrantes aún no han sido designados.
El magistrado Olvera considera que, si la Federación cumple con la Reforma Judicial, no será necesario prever una bolsa especial en el Presupuesto 2026 para el pago de indemnizaciones."El recurso debe estar", recalca.
No obstante, la jueza en retiro, Martha Magaña, insiste en que los incumplimientos ya se dan, pues quienes se separaron de sus cargos de forma anticipada no recibieron los recursos que les corresponden y, acusa, que el Consejo de la Judicatura no informa la situación real.
"El Consejo se ha dedicado a realizar acuerdos en materia de entrega de juzgados y tribunales, pero ha dejado a un lado el pago de esta indemnización que sería pagada con los fideicomisos, que sabemos han ido trasladando a otros fines por orden del Ejecutivo Federal”, cuestiona la exjueza.
"Lo que vemos es que hemos estado viviendo fuera del Estado de Derecho y el futuro no se ve distinto", sostiene Magaña.
Sobre el mismo punto, Fernando Miguez, oficial judicial y uno de los voceros de los trabajadores del Poder Judicial, expone que la incertidumbre y hasta el temor ya se extendió a los trabajadores.
"Si los juzgadores están así, los trabajadores no están mejor", sostiene.
Esto es así porque, recuerda Miguez, hubo un recorte en el Presupuesto 2025 del Poder Judicial –de 5,208 millones de pesos– que este año ya afectó las prestaciones de los trabajadores.
Hugo Aguilar Ortiz, el próximo presidente de la Corte, confía que el Órgano de Administración Judicial inicie funciones el 1 de septiembre para que pueda arrancar con la administración del personal, así como la permanencia y separación del personal de carrera judicial y administrativo.
"Vamos a integrar al órgano de administración desde el día uno y van a estar en condiciones de que todo funcione bien, no va a haber un hueco, no va a haber un vacío, se va a garantizar a todos los trabajadores, su pago y el funcionamiento de la Corte", sostiene.
