Magistrados vinculados con candidatos y Morena calificarán elección judicial

Según la numeralia del Tribunal Electoral, se han resuelto alrededor de 5,040 asuntos relativos a ese proceso.

El padre de la magistrada Mónica Soto Fregoso, el ingeniero agrónomo Eligio Soto López, es parte del equipo de asesores de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, cuya oficina casi le duplicó el sueldo.

En diciembre de 2023, Soto López recibía casi 45,000 pesos netos al mes, prácticamente la misma percepción desde su ingreso a la Corte, en 2020.

Pero el 16 de enero de 2024 ingresó a la ponencia de la ministra Esquivel, el mismo mes y año en que Soto Fregoso asumió la presidencia del Tribunal.

A partir de su ingreso, Soto López percibe 152,717 pesos brutos mensuales (108,268 pesos descontando impuestos). No obstante, cuenta con 104,709 pesos netos adicionales por concepto de “asignación adicional” de forma cuatrimestral, más otras prestaciones.

Esquivel, por su parte, ya ha librado en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que encabeza Soto Fregoso, señalamientos por actos anticipados de campaña, presuntas irregularidades en materia de fiscalización, uso de acordeones, gastos irregulares y hasta peticiones para ser declarada inelegible por el asunto del presunto plagio de tesis.

Entre las sentencias validadas por mayoría de votos –que ante un Tribunal Electoral incompleto se logra con tres, que entonces fueron emitidos por los magistrados Soto, Fuentes y Felipe de la Mata Pizaña– se encuentra la del 12 de marzo: resolvieron un recurso promovido por Miguel Alfonso Meza, dirigente de la organización Defensorxs, por presuntos actos anticipados de campaña.

La reforma judicial prohibió las precampañas, además de que sólo podía realizarse proselitismo a partir del 30 de marzo, sin embargo, el quejoso documentó 99 publicaciones en redes sociales, en las que las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres aparecieron en eventos públicos.

Tres magistrados del Tribunal consideraron que los señalamientos fueron genéricos, no hubo conducta sistemática, frase o circunstancia, que acreditara que las ministras se promovieran rumbo a la elección, ni posible gasto, por lo que el caso quedó desechado.

Con el voto de Soto Fregoso, el TEPJF también descartó ordenar al Instituto Nacional Electoral (INE) resolver la petición de la Fundación Iris en Promoción de los Derechos Humanos, para que Esquivel fuera declarada inelegible por el supuesto plagio de su tesis de licenciatura.

Esquivel contendió para quedar como ministra. Obtuvo el tercer lugar en la votación, por lo que presidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2030 por dos años.

En este mismo proceso que fue validado por la magistrada, contendió pero no fue electa a ministra de la Corte, la magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Estela Fuentes Jiménez.

Ella es la superior jerárquica de Miguel Leonardo Díaz Cuadras, esposo de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Soto Fregoso.

Díaz, artista plástico, ostenta el cargo de “asesor D” en la coordinación de asesores de la presidencia de ese Tribunal, cargo por el que percibe 61,803 pesos netos mensuales, sin ninguna prestación adicional.

La elección judicial fue una oportunidad también para que familiares de la juzgadora tuvieran continuidad en el empleo.

Una situación similar es la del magistrado electoral Felipe Alfredo Fuentes Barrera.

Su hijo, Carlos Felipe Fuentes del Río, es consejero jurídico de la gobernadora de Quintana Roo, la morenista Mara Lezama.

En 2023 era “encargado” de la consejería jurídica y hoy es el titular.

Fuentes, el magistrado de la Sala Superior, validó el pasado 13 de agosto las elecciones judiciales impugnadas en Quintana Roo, de las que su hijo fue parte, pues fungió como secretario del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo del Estado.

El magistrado ya se había excusado antes para resolver casos relacionados con su hijo y en los que ve un impedimento.

Así lo hizo el 23 de abril pasado, cuando la Sala Superior analizó una impugnación en contra de las boletas de esa elección judicial local.

En esa ocasión la mayoría del TEPJF negó la razón a los quejosos, porque eso ya era “irreparable”; éstos habían acusado a Fuentes del Río de meter al gobierno al proceso, pues impugnó el diseño de las boletas avalado por el órgano local electoral, con ello logró que las postulaciones fueran por bloques.

Ahora, tras la elección, el candidato a magistrado del Tribunal Superior de Justicia local, Adrián Armando Pacheco Salazar señaló que l¿sa decisión impidió el voto libre en su entidad, pues los electores sólo pudieron emitir votos por bloques, en listas cerradas; además, reclamó que el magistrado que resultó electo carece de requisitos de elegibilidad.

Sin embargo con el voto de Fuentes Barrera -quien no se excusó- De la Mata y Soto, se validó la elección judicial en Quintana Roo, la cual fue promovida por Fuentes del Rio: “No se acreditaron violaciones sustanciales y determinantes para la nulidad de la elección”, se concluyó en la sentencia.

Consultado al respecto, el politólogo José Antonio Crespo expuso que, sin conocer esas conexiones de magistrados cuyas resoluciones favorecieron a sus familias, ha quedado en evidencia el dictado de sentencias que han favorecido al grupo político en turno.

Además de los vínculos familiares que puede haber, recordó otras razones: “les ofrecieron quedarse más tiempo como magistrados. Y ese pues también es un atractivo, decir: ‘bueno, me quedo más tiempo en este cargo, ganando muy buen dinero, pues entonces yo voto de acuerdo a lo que dice o lo que convenga para Morena, ¿no?”.

Esta ampliación de mandato ocurrió a fines de 2016, poco después de que fueran designados como magistrados del TEPJF.

Por mayoría, el Congreso autorizó prorrogar los periodos, entre otros, del magistrados Fuentes, quien debió concluir en 2022 y ahora seguirá, de acuerdo a la reforma judicial, hasta 2027, con lo que habrá durado no seis, sino once años.

Esa ampliación -que también benefició a otros magistrados- no es la única razón, dice Crespo.

“Están cooptados, comprados o con favores políticos o en este caso con nepotismo, ¿no?. Es decir, vínculos familiares con gente de Morena son variables todas que no se contradicen y que ayudan a explicar por qué esos magistrados pues ya están cooptados totalmente por Morena, eso ya lo hemos visto con claridad.

“Los cooptan con favores, con cargos para sus parientes y ya y ellos pues se manejan de acuerdo a lo que le interesa a Morena, incluso violando la Constitución” y eso se vio con claridad, sostiene, al haber avalado a ese partido y sus aliados la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, en 2024, con lo cual por si solos pueden reformar la Constitución.

El Tribunal Electoral analizará ahora los “recursos madre” en contra de la elección judicial. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón es ponente en el proyecto de sentencia por el que se buscará resolver la impugnación de la asociación Litigio Estratégico y un conjunto de candidatos a juzgadores.

En su proyecto de sentencia, Reyes Rodríguez les da la razón, pero los magistrados que tienen mayoría (Soto Fregoso, Fuentes Barrera y De la Mata Pizaña) no han visto hasta ahora prácticamente ninguna irregularidad de las que el ponente señala como razones para invalidar el proceso.

Hasta el momento, según el TEPJF, se han recibido 5,916 asuntos relacionados con la elección y le quedan pendientes de resolución 876.

El grueso de los asuntos que sí han prosperado en contra de los resultados o las asignaciones son decisiones del INE, por ejemplo, le ordenó la entrega de constancias de mayoría y validez de su elección a 45 candidaturas que el organismo no había designado ganadoras.

Sobre los acordeones solo ha pasado hasta ahora la orden al INE emitida el 15 de junio para que investigue el uso de acordeones en Nuevo León, en respuesta a una impugnación de Acción Nacional (PAN).

Pero para el magistrado Reyes esas “guías de votación” circularon en todo el país como una “estrategia premeditada, sistemática y generalizada” que sí logró influir en la ciudadanía, además de que fueron determinantes para los resultados y afectaron la libertad del voto, motivo por el que sostiene que debe anularse el proceso.

La semana pasada Rodríguez Mondragón difundió su proyecto de resolución y en él expone que el Tribunal resolvió 156 impugnaciones en las que se señaló la existencia de acordeones en 23 entidades, lo que muestra –señala– que hubo un plan detrás de su distribución, se hizo de forma generalizada y se tená la intención de incidir en los ciudadanos.

La difusión masiva de esos listados –añadió– corroboró que hubo financiamiento prohibido no permitido por la ley, pues ninguno de los candidatos señalados en los acordeones reconoció haberlos pagado y en la elección solo los candidatos podían pagar propaganda escrita, por tanto, advirtió, se ejercieron recursos no permitidos.

Según el juzgador, estaría confirmada la "violación grave" a los principios y preceptos constitucionales que rigen la materia electoral, pues se buscó incidir en la votación y los resultados confirmaron que eso se logró, pues los ganadores o los más votados fueron los que aparecieron en los listados.

Para el politólogo José Antonio Crespo ahora, en el análisis de la sentencia para resolver impugnaciones en las que se cuestiona la validez de la elección judicial es previsible que ésta sea avalada por los tres magistrados que de manera sistemática han avalado todas sus fases.

“Es muy probable que aprueben la validez de la elección judicial por mayoría, que rechacen el dictamen del magistrado Reyes Rodríguez que dice que por los acordeones, que son irregulares y que fueron determinantes en el resultado, ese es una causal fundamental de nulidad.

“La van a rechazar, van a inventar argumentos, que los acordes no son determinantes, que no se puede probar o incluso que son válidos”, pues de acuerdo al especialista los magistrados ya están comprometidos con validar esa elección.