El OPL de San Luis Potosí también está en semáforo amarillo tanto en su situación financiera relacionada con la elección, como para cubrir sus gastos de operación.
Para la elección judicial se le otorgaron sólo 52.8% de lo solicitado, es decir 110 millones de pesos. Pidió 21.2 millones de pesos extra para pagar ese monto al INE por concepto del convenio de coordinación para la elección judicial, pero le fue negado y aún le debe 20.2 millones de pesos.
En tanto, para su gasto ordinario sufrió un recorte de 67.80%, pero dado que no contempló la realización de proyectos especiales, su déficit se redujo a 23.30%. Por ahora el adeudo del estado en recursos para el OPL es de 47 millones.
Cuesta el doble elección judicial CDMX
La ciudad de México está en semáforo amarillo por riesgo medio, tanto con relación a la situación presupuestal relacionada con la elección judicial, como respecto a su gasto ordinario.
Aunque la CDMX si presupuestó a tiempo lo que dedicaría a la elección, esta representó el doble de gastos de lo estimado. Por eso el OPL pidió 114 millones de pesos adicionales pero aún no hay respuesta.
Sobre su presupuesto ordinario, se aplicó un recorte del 29.27% así que “de acuerdo a lo expresado por las propias autoridades del OPL, no cuentan con las condiciones óptimas para realizar los compromisos que se les asignaron como las actividades preparatorias para la consulta del presupuesto participativo 2026 y 2027”.
Además aún debe al INE 16.1 millones de pesos derivados del convenio de coordinación suscrito con la ciudad.
En el caso del OPL de Veracruz se le recortaron 164 millones de pesos de su presupuesto, y aún debe al INE 7.3 millones de pesos del convenio de coordinación suscrito para las elecciones de 2024.
Para sufragar la elección judicial el OPL tomó 33.7 millones de pesos de su gasto operativo. Y el 7 de mayo el OPL acordó transferir otros 30.9 millones de pesos para ese proceso, es decir 64.6 millones de pesos que originalmente estaban destinados a otras tareas se usaron para financiar la elección de juzgadores.
La partida de la que se tomaron recursos eran para pago de deuda por adquisición de bienes y servicios y remuneraciones por pagar.
“Así, el conjunto de estos factores podría generar una presión de gasto que afecte el gasto ordinario del OPL”.
En el caso del OPL de Colima está en semáforo amarillo con relación a la elección judicial ya que el gobierno del estado avaló una ampliación presupuestal que no ha terminado de cubrir y aún debe dos millones de pesos.
Sin embargo requiere 11.7 millones de pesos para el pago de dietas de integrantes de los consejos municipales electorales, pero sólo se le autorizaron 4.4 millones, es decir necesita otros 7.3 millones para pagar como ordena el Código Electoral local durante proceso electoral
Llevan regateo de recursos a tribunales
En el caso de Nayarit también está en semáforo amarillo en cuanto al financiamiento de la elección judicial y ha sido el único caso en el que un OPL acudió a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a demandar los recursos que le corresponderían.
Por sentencia judicial se le ordenó analizar la solicitud de recursos. Aun sí el gobierno insistió en que sólo dar 30 millones de pesos para organizar el proceso, siendo que se proyectaron 115.6 millones de pesos.
Después avaló entregar 11.2 millones para pagar al INE por el convenio de coordinación, pero aún no se liquida la totalidad, por lo que aún se adeudan 7.5 millones de pesos.
El OPL solicitó otros cinco millones para el pago del personal que realizaría la distribución de paquetes electorales a las mesas directivas de casilla, así como recolección y traslado a las juntas auxiliares operativas y el cómputo de los votos, pero no hubo respuesta.
