Cambios en el INE
De manera especial se refirieron al INE. Plantearon la necesidad de que sea autónomo y quitarle a la Cámara de Diputados la facultad de elegirlos, pues, a partir de esta 66 Legislatura, que inició en septiembre, Morena y sus aliados, el Partido Verde (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), controlan 73% de la Cámara de Diputados.
“Se ha erigido una mayoría que ha hecho de la cerrazón, la cancelación del diálogo y el avasallamiento legislativo, el modo usual de su política”, acusa.
Propone que, para que haya autonomía y profesionalización de las autoridades electorales, el INE sea designado por consenso o por mayoría de dos terceras partes del Senado, aunque Morena también logra esa mayoría en esa cámara, pues tiene 70%.
Sería un nombramiento como el del resto de los titulares de los órganos constitucionales autónomos y por mayoría calificada del Senado.
Además, urgió a garantizar la subsistencia y el fortalecimiento del Servicio Profesional
Electoral Nacional (SPEN), pues considera que constituye la "columna vertebral” de la capacidad de organización electoral.
“Cualquier intento de socavar, reducir o eliminar dicho servicio impactaría directamente en la calidad de nuestros procesos electorales”, subrayaron también los exconsejeros Jacqueline Peschard, María Marván, Ciro Murayama, Mauricio Merino, Rodrigo Morales y Arturo Sánchez.
¿Cómo proponen elegir al tribunal electoral?
Los exconsejeros del INE plantearon que es obligado que su designación sea por el 75% de los votos en el Senado, además de que se abra la convocatoria a la participación de las universidades, los colegios y las barras de abogados del país.
“El principio político es el mismo: es a la mayoría, a los triunfadores de cada elección, a quienes conviene aun más el trabajo imparcial y eficaz de las autoridades electorales”, añadió.
En 2024 Morena y sus aliados decidieron, en la reforma judicial, que la totalidad de los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se decideran por el voto directo en urnas, por lo que en junio pasado se eligieron a dos para cubrir a al menos la integración obligatoria de siete magistrados.
De acuerdo con la reforma judicial, los cinco juzgadores electorales pendientes serán electos en 2027.
Blindaje financiero al sistema electoral
Los exconsejeros también recordaron que debe mantenerse el financiamiento público de manera predominante para que el crimen o los recursos privados no sea el sostén de los procesos electorales en México.
No obstante, plantean cambiar la fórmula de distribución. En la actualidad el Estado financia la mayor parte de los partidos, cuyos ingresos privados son limitados y vía aportaciones de personas físicas e identificables.
Hoy el 70% de los recursos públicos se distribuyen a cada partido según el porcentaje de votos obtenidos en las elecciones de Cámara de Diputados. El 30% se divide entre los partidos con registro nacional de manera igualitaria.
Ahora se sugiere que el 50% sea en proporción de los votos de cada partido y el 50% de manera equitativa entre todos.
"(Los montos deben) garantizar las condiciones de operación permanente de los
partidos políticos, en tanto estructuras de organización y representación. (...) Frente a la invasión de dinero ilícito en la política así como frente a los fenómenos oligárquicos en los que el dinero de magnates resulta decisivo, nosotros creemos que el financiamiento público debe ser el componente central del gasto durante las campañas”, agregó.