Eso está “agravado por respuestas ineficaces e insuficientes, incluidas las políticas de control de armas y seguridad, y la recopilación de datos”, indicó.
Además de recomendar que haya aplicación uniforme de protocolos con perspectiva de género, planteó abolir los procedimientos penales abreviados en casos de violencia de género contra mujeres y niñas, incluido el feminicidio.
Llamado de atención por uso de prisión preventiva
El organismo pidió al Estado mexicano revise el uso de la prisión preventiva obligatoria –que México insiste en mantener en su legislación– pero especialmente la empleada en contra de grupos vulnerables de mujeres, como las indígenas, las pobres y las que se dedican al trabajo sexual, pues se debe garantizar la presunción de inocencia y el derecho a la libertad y la seguridad personales.
En un apartado hizo referencias a la reforma y elecciones judiciales. “El Comité observa que, en el contexto de la reforma judicial en curso, se ha anunciado la capacitación y evaluación del desempeño de los jueces electos; sin embargo, le preocupa que esto pueda resultar insuficiente y que la independencia judicial y la capacidad para garantizar la transversalización de la perspectiva de género en la tramitación de los casos y la justicia puedan verse afectadas”, expuso.
Recomendó por tanto que se salvaguarde la independencia judicial, se mejoren los requisitos mínimos para los candidatos; que se capacite y evalúe a los jueces electos “para asegurar la estricta aplicación de las disposiciones del derecho penal en casos de feminicidio, esterilización forzada y desaparición forzada de mujeres”.
De igual forma concluyó que hay limitaciones al acceso de las mujeres a la información sobre programas públicos, presupuestos con perspectiva de género y procesos judiciales “tras las reformas que, en la práctica, desmantelaron el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales como organismo autónomo”.
Asimismo concluyó que en México prevalecen prácticas tradicionales nocivas como matrimonios precoces, esterilización forzada, abortos coercitivos, tratamientos de infertilidad no consentidos y la mutilación genital femenina “que afectan especialmente a las mujeres indígenas, afromexicanas y con discapacidad”.
La respuesta de México
Con cifras de dos meses de 2025, el Gobierno de México aseguró en junio ante la CEDAW que ya se redujeron 29.23% los casos de feminicidio reportados “en comparación con el mismo período de 2024” y se aseguró que México ha sido sensible a la lucha de madres buscadoras y por eso en 2019 se creó la Comisión Nacional de Búsqueda.
También da cuenta de que hoy existe un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas; que el país alcanzó la paridad en el Congreso y el Poder Ejecutivo y que se creó la Secretaría de la Mujer (Semujeres) todo lo cual celebró el Comité.
En comunicado emitido tras la emisión de las conclusiones de la CEDAW, la Secretaría de Relaciones Exteriores apreció hoy los “comentarios positivos” emitidos por ese Comité y reafirmó su compromiso de atender los desafíos “en apego a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos".
