En lo general la Ley recibió 438 votos en favor, emitidos por Morena, sus aliados y Acción Nacional (PAN). Votaron en contra 38 legisladores de la bancada priísta y una diputada de Movimiento Ciudadano (MC); en lo particular recibió 417 votos a favor y 60 en contra, emitidos por priístas y emecistas.
Los cambios a la ley de Población ameritaron 340 votos en pro, 104 en contra de panistas y priístas y 24 abstenciones de emecistas. En lo particular, tras un debate de casi dos horas, Sólo votaron Morena y sus aliados a favor, pero toda la oposición votó en contra, en rechazo al polémico CURP biométrico.
Una vez que entren en vigor las reformas, la Secretaría de Gobernación con el apoyo técnico de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones desarrollará la Plataforma Única de Identidad (PUI) “en un plazo no mayor a 90 días naturales”.
Esa PUI estará interconectada con bases de datos públicas y privadas, con la nueva CURP biométrica, que pretende coadyuvar a la búsqueda de personas no localizadas e identificación de personas desaparecidas.
Plataforma y ciberseguridad, sin recursos extra
Sin embargo ni para la plataforma ni para la CURP biométrica se previeron recursos presupuestales adicionales.
De acuerdo con el artículo transitorio, se estableció que “la operación y funcionamiento de la PUI, sistemas y registros materia de la ley que se reforma se llevará a cabo con os recursos humanos, materiales y financieros asignados a los entes públicos que correspondan”.
Las modificaciones fueron producto de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum pero también de mesas de diálogo con colectivos de madres buscadoras, mismas que se inconformaron tanto con el contenido previo, propuesto en febrero, como con el final, aprobado el viernes por los senadores y hoy por los diputados.
Las reformas fueron avaladas en dos horas y media en lo general, y previamente Acción Nacional (PAN) presentó una moción suspensiva para intentar que se incorporaran más demandas de las madres buscadoras, con nuevos foros, y para establecer controles que eviten el mal uso de la PUI.
Dado que no procedió la moción suspensiva, de inmediato comenzó la discusión, en la que el tema central lo ocupó el rechazo a la CURP biométrica.
Según las reformas a la Ley General de Población, los particulares estarán obligados a proporcionar información para la PUI. Ante incumplimientos se aplicarán sanciones que serán de entre un millón y 2 millones de pesos.
Respecto a las reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas se establece la Alerta Nacional de Búsqueda, la cual operará de inmediato ante el reporte de una persona desaparecida.
También se creará una Base Nacional de Carpetas de Investigación, misma que será actualizada en tiempo real por las fiscalías locales y general, además del instrumento Ficha de Búsqueda, que estará homologada a nivel federal.
En el articulado se establece la obligación de personal de servicios periciales y forenses de la Federación y estatales de tener en resguardo un cuerpo o restos humanos no identificados; practicar pruebas dactiloscópicas y genéticas para su identificación antes de la remisión a las fosas comunes.
Los resultados de esos estudios deberán registrarse en el Banco Nacional de Datos Forenses y esos datos estarán interconectados entre todas las autoridades, incluidas fiscalías y tribunales de justicia.
La FGR y fiscalías locales y especializadas tendrán 30 días hábiles para integrar su información a la Base nacional de Carpetas de Investigación contados a partir de que esté disponible esa Base, es decir dentro de los 180 días a partir de la entrada en vigor de las reformas.
El Sistema Nacional de Búsqueda de personas, creado para coordinar la política en la materia, sesionará “a más tardar dentro de los 30 días hábiles siguientes a la entrada en vigor” de las reformas.
