La Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra en proceso de anular las reformas impulsadas por López Obrador y sus senadores durante el llamado "viernes negro".
El 28 de abril de 2023, en lo que podría considerarse la sesión más larga de la historia, se aprobaron 20 iniciativas sin el debido debate, análisis técnico o consulta a especialistas. Esta manera de legislar, descrita como “albazo legislativo”, compromete la calidad y la constitucionalidad de las leyes.
Entre las reformas aprobadas en esa sesión se encuentran la desaparición del INSABI, la militarización de las vías férreas y del turismo, y una regresiva ley de ciencia y tecnología.
El argumento de "urgente u obvia resolución", empleado para justificar la rápida aprobación de estas iniciativas, se ha convertido en una herramienta demasiado flexible para las mayorías legislativas, propiciando abusos que afectan la calidad legislativa y el respeto a los principios constitucionales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su función, ha tenido que intervenir en múltiples ocasiones para declarar la inconstitucionalidad de leyes aprobadas bajo estas circunstancias. Casos como la Ley de Seguridad Interior, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y el "Plan B" de López Obrador, muestran que la aprobación apresurada y sin un proceso legislativo adecuado conduce a leyes deficientes e inconstitucionales.
Estas intervenciones de la Suprema Corte no son solo un ejercicio jurídico; son un recordatorio de que en México aún existe una división de poderes y un estado de derecho que deben ser respetados.
El uso indebido de la dispensa de trámites en el Congreso no es solo una irregularidad procesal; es una práctica que daña la democracia y el estado de derecho.
Las leyes requieren un debate informado, la participación de expertos y la consideración de todas las voces afectadas. La aprobación apresurada y a espaldas de la ciudadanía pone en riesgo la legalidad de las leyes, así como su legitimidad y efectividad.
Los legisladores deben recordar que su labor no es solo aprobar leyes, sino hacerlo de tal manera que fortalezca el tejido democrático y respete los principios constitucionales. De lo contrario, se enfrentarán a la intervención de la Suprema Corte, que tiene la última palabra en cuanto a la constitucionalidad de las leyes.
Lo que la Corte resuelva en los próximos días respecto al "viernes negro" del Senado será un mensaje poderoso para la ciudadanía:
En este país, LA LEY SÍ ES LA LEY, y no debemos permitir nunca que esta situación sea diferente.
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