Las elecciones judiciales tendrán un reto mayor al proceso federal en las 19 entidades en las que también se elegirá a juzgadores locales el próximo 1 de junio.
Expertos y consejeros electorales locales reconocen la complejidad de este proceso y alertan de los desafíos a enfrentar como son los plazos para su implementación, así como problemas de organización y presupuestales.
“Si a nivel federal la organización de la elección judicial ha debido hacerse con improvisación por falta de recursos y de compatibilidad entre la forma en que está estructurado el Poder Judicial y la forma organización del sistema electoral, en las entidades las reformas fueron aún peores y tendremos elecciones improvisadísimas”, considera Javier Martín Reyes, del Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM.
La inmensa mayoría de los estados lo que hizo fue calcar, copiar y pegar la reforma federal y ahora el resultado es que tendremos unas elecciones federales y locales con múltiples improvisaciones"
Aunque tenían la oportunidad de realizar sus procesos en 2027, 19 entidades aprobaron sus reformas judiciales locales en menos de dos meses, del 13 de noviembre al 27 de enero, e iniciaron casi de inmediato sus procesos electorales.
Sobre la marcha han ido ajustando la logística, pero por el número de cargos a elegir, cada ciudadano tendrá entre nueve y 13 boletas (seis a nivel federal más las locales que le corresponda). En algunas entidades, los electores seleccionarán a más de 40 juzgadores.
“Lo que se puede pronosticar evidentemente es que haya muchos errores en el tipo de votación”, advierte el politólogo Ernesto Guerra Mota.
En tanto que los consejeros electorales Alfredo Alcalá Montaño, del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), y Karina Vaquera Montoya, del Estado de México (IEEM), que tienen a cargo la responsabilidad de organizar procesos judiciales locales admiten que enfrentarán desafíos logísticos y de recursos.
De acuerdo con el más reciente informe sobre la situación presupuestal de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), de las 19 entidades con elección judicial local, en nueve de ellos persiste algún riesgo por falta de recursos.
En "nivel de riesgo alto" se encuentra Colima, San Luis Potosí y Zacatecas por insuficiencia de recursos y recortes de 69%, 68% y 67%, respectivamente, a lo solicitado para organizar los procesos, mientras en "riesgo medio” están los OPLES de Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán, Guerrero, Quintana Roo y la Ciudad de México.
La ausencia de recursos suficientes no es el único problema, el más grave –estima el especialista en materia electoral Guerra Mota– será la desinformación sobre tantos candidatos y la complejidad de las boletas.
“Las boletas no son fáciles, no son como antes de marcar con un tache sobre un emblema o nombre y ya, como estamos acostumbrados. Aquí hay que escribir un número, atinarle a la especialidad, recordar el nombre el número o llevar un papelito. Hay que revisar cada boleta y tienes que marcar no sólo una opción por papeleta, eso es lo complejo el día de la elección”, sostiene.
El consejero Alfredo Alcalá coincide con la complejidad del sistema de votación para estos cargos, pues a diferencia de las elecciones tradicionales, donde se emite un voto por boleta, en esta ocasión los ciudadanos deberán elegir por listas abiertas, lo que implica elegir por el número de cada candidato y no por su nombre, como se hace.
"Este es un tema importante, ya que las boletas serán diferentes, y las candidaturas aparecerán en un listado alfabético. En lugar de marcar un recuadro con un nombre, ahora la ciudadanía deberá anotar el número correspondiente a la candidatura de su elección", detalló el consejero.
Por ejemplo, explica, en la boleta para la Suprema Corte aparecerán más de 80 nombres, y las personas deberán escribir cinco números correspondientes a candidatas mujeres y cuatro a candidatos hombres.
Esta complejidad implica la necesidad de una intensa campaña de información para garantizar un voto libre e informado"
En tanto que la consejera Vaquera Montoya considera que otra de las complejidades es informar y motivar a la ciudadanía a participar en una elección que rompe con los esquemas tradicionales, pues a diferencia de otras elecciones, no habrá precampañas, ni financiamiento público, ni propaganda como mantas o souvenirs.
Ante ello, insiste, la información será clave para que la ciudadanía emita un voto informado. “Las elecciones cuestan, se pagan con los impuestos de la ciudadanía y tenemos derecho a participar”, señala.
El consejero electoral de Hidalgo sostiene que deben "lograr que los ciudadanos comprendan la importancia de los cargos que estarán eligiendo", ya que no solo se tratará de elegir ministros y magistrados, sino también jueces de diferentes áreas.
"Es importante que la ciudadanía no sólo sepa qué se va a elegir, sino también el papel y la importancia de estos cargos, cada uno tiene funciones diferentes, y por eso debemos incentivar el voto informado y razonado", dice.
El investigador de la UNAM, Jesús Martín Reyes, alerta de lo confuso que es en algunos casos este proceso, por ejemplo, que aunque el ciudadano vote por un juzgador y éste resulte electo, eso no significa que éste será el que le corresponda cuando tenga que enfrentar un juicio civil, familiar, penal, como sí sucede en un ejercicio de democracia.
"Uno de los principios más básicos y elementales de la representación es que uno vota por aquellas personas que lo van a representar a uno, o las personas que lo van a gobernar a uno, es el caso de los diputados o alcaldes. Pero eso que es algo tan básico y tan evidente no se respeta en esta elección judicial”.
La muestra más clara, expone, es que candidatos a cargos judiciales viven en un distrito judicial y fueron mandados a competir a otro, y no podrán votar ni por ellos mismos.
Cada estado enfrentará retos distintos. En Durango, por ejemplo, solo se registró un candidato por cargo, por lo que la mayoría de las posiciones serán ocupadas por los juzgadores en funciones, y aún así los lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE) obligaron al OPLE a generar boletas aunque no haya competencia y solo una candidatura por la cual votar.
A esto se suma que el diseño de la geografía electoral judicial generó que haya distritos judiciales en los que se votará por tres cargos judiciales locales, y en otros hasta siete. Es el caso de Chihuahua, que al corte de este 10 de abril aún mantenía abierta la posibilidad de que en dos distritos los electores reciban 13 boletas: seis para la elección del Poder Judicial Federal y siete para juzgadores locales
En esa entidad cada ciudadano recibirá de 11 y hasta 13 boletas para marcar, lo que en caso de que no tenga decidido a las 44 personas que deberá elegir le podría llevar de 16 a 17 minutos a cada votante.
Esas 44 personas a elegir son las nueve personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y tres de la Sala Regional Guadalajara.
A nivel local los chihuahuenses tendrán que elegir 12 magistrados del Circuito Judicial y 13 jueces del Circuito Judicial.
Otro ejemplo es el estado Tamaulipas, que a nivel local tendrá cuatro paletas adicionales a las seis federales, es decir serán 10 en total. Ahí se elegirán 10 magistraturas de número, seis magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial local, magistraturas súper numeraria y magistraturas regionales; jueces de primera instancia y jueces menores.
En el Estado de México, se votará por 91 cargos a nivel local, entre los que se incluyen jueces, magistrados, presidencia del Tribunal y el Tribunal de Disciplina. En total para la contienda local se imprimirán 53 millones de boletas para atender a los más de 13 millones de mexiquenses con derecho a votar, por lo que será una de las elecciones más complicadas.
