Resultado de que la geografía electoral no es compatible con la forma de organización del Poder Judicial de la Federación, para la elección judicial el INE tuvo que convertir los 300 distritos electorales en 60 distritos judiciales.
Luego, para tratar de empatar la forma de organización del Poder Judicial –en circuitos, competencia territorial y especialización por materias- con la elección por distritos, el INE diseñó un marco geográfico electoral y por sorteo asignó el área específica (distrito judicial) en la que se podrán elegir juzgadores por especialidad, diez en promedio.
Pero resultado de ese sorteo los mandó a competir en distritos judiciales ajenos, a decir de candidatos a juzgadores que impugnaron ante el TEPJF el sorteo realizado el 21 de marzo por el INE.
Este miércoles, en sesión pública, la Sala Superior negó la razón a 18 candidatos a juzgadores que reclamaron haber sido mandados a competir a otros lados, con el argumento de que el acuerdo del INE por el que se decidió asignar vía sorteo el distrito en el que competirían, ya está firme.
Además se desecharon 14 impugnaciones más de personas que reclamaron el sorteo y la asignación del distrito en el que competirán, por haber presentado su recurso de forma extemporánea, entre otras razones.
Así en total 32 abanderados que se inconformaron deberán hacer campaña en sitios ajenos a donde viven o en donde están adscritos y en funciones.
En la sesión, el magistrado Reyes Rodríguez afirmó que aunque el mecanismo del INE fue avalado, de todas formas era procedente analizar cada caso concreto, pues se causó una afectación a los impugnantes al derecho a votar y ser votado.
Por ejemplo, se refirió al caso del impugnante Porfirio Aldada Mota, aspirante a juez de distrito de procesos penales federales y amparo en Veracruz, a quien se postuló “por el distrito judicial 2 en lugar del 1, lo cual impacta en el electorado que lo podrá elegir”, y eso trasciende a las condiciones de participación y se brinda ventaja a otras candidaturas,
“Un componente de núcleo esencial del derecho a ser electo es poder participar por el cargo para el cual la persona fue postulada” y no fue el caso, expuso.
Otros casos fueron los de Rodrigo Solís García, quien salió sorteado y sin considerar su residencia se le mandó a un distrito diferente lo que “vulnera sus derechos político-electorales porque impide que vote por su propia candidatura, además de que impide que se haga campaña entre sus vecinas y vecinos”, expuso el quejoso.
“Esta Sala Superior ya validó el proceso de asignación aleatoria”, acordó una mayoría de tres magistrados de cuatro presentes.
Otro caso fue el de Ana Columba Contreras Martínez, quien argumentó que “se le debió asignar su candidatura para contender en el distrito 1, que es donde se ubica el órgano jurisdiccional del cual es titular, pues así lo establece expresamente el procedimiento para la asignación” previsto en la Constitución para el caso de los juzgadores en funciones.
El sorteo “ya fue validado por esta Sala Superior el establecimiento de un proceso público formado por distintas fases, garantizando la asignación imparcial de los cargos a elegir, por lo que existe un impedimento formal para analizar los resultados obtenidos de dicho mecanismo”, le respondió el TEPJF.
Un caso más, el de Marlene Romero Rodríguez, quien alegó que “estar postulada como jueza de distrito por el distrito judicial electoral 2 del Décimo Séptimo Circuito en Ciudad Juárez afecta sus derechos electorales a votar y ser votada, dado que ella radica en la Ciudad de Chihuahua”.
Otros alegatos que no fueron atendidos fueron el de Rigoberto Almanza Rico, candidato a un juzgado de distrito en materia laboral en el estado de Veracruz, correspondiente al Décimo Circuito, quien pidió ser asignado al distrito judicial electoral número 1 con sede en Coatzacoalcos, Veracruz que es su actual adscripción.
Gabriel Ruiz Ortega, quien es juez de distrito y fue postulado como candidato en funciones, pero se le asignó el distrito judicial electoral 1, siendo que está adscrito en el distrito 2.
Oscar Edmundo Aguayo Arredondo, candidato a Magistrado Federal en materia civil del Circuito 16, con sede en Guanajuato, quien acusó competencia inequitativa pues en el Distrito 1, al cual se le asignó competirán dos candidaturas para una sola vacante, mientras que en el Distrito 2, en el que hay dos cargos disponibles, únicamente participa un candidato.
Alejandro Perea Ramírez es candidato a magistrado en materia del trabajo del Segundo Circuito e impugnó su asignación al Distrito Judicial Electoral número 1 de ese circuito, pero la sede del Tribunal Colegiado en donde ejerce funciones de Magistrado, le correspondía el Distrito Judicial Electoral número 3 de ese circuito.
Miguel Ángel Álvarez Bibiano pidió ser asignado candidato como magistrado en funciones para la misma plaza que actualmente detenta en materias Penal y Administrativa en el Octavo Circuito, en Torreón, Coahuila.
