El Senado aprobó la reforma que establece la creación del órgano “Transparencia para el Pueblo”, el cual sustituirá, junto con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Con 67 votos a favor y 20 en contra, la reforma –que expide nuevas leyes y modifica una– fue avalada en lo general y particular, por lo que será enviada a la Cámara de Diputados para su discusión y votación.
El senador Francisco Daniel Barreda reclamó que en la discusión de la reforma no se incluyó a la Comisión Anticorrupción y Transparencia, la cual preside, por lo que señaló que eso fue una violación a la normatividad del Senado.
“Ha quedado claro que la mesa Directiva y la Secretaría General de Servicios Parlamentarios pasaron, por decir lo menos, que la materia de estas iniciativas encajan perfectamente en la Comisión Anticorrupción Transparencia, encargada de verificar que la actividad gubernamental se rija con la máxima publicidad y escrutinio responsable de la ciudadanía”, dijo.
Por el PRI, el senador Rolando Zapata Bello mencionó que la reforma representa un retroceso a la transparencia y rendición de cuentas, pues dijo que no era solo un ¡simple ajuste legislativo”.
“Hoy eso ha sido sepultado, ¿acaso la necesidad de rendición de cuentas desaparece cuando se llega al poder? La respuesta es abrumadoramente clara. La transparencia se ha convertido en un obstáculo para quienes detentan el poder y se elimina con una ligereza política que contrasta dolorosamente con el discurso que durante tanto tiempo se profesó”, dijo el priista.
Morena defendió la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum al enfatizar que era para reducir gastos y se criticó al INAI, pues advirtieron que los comisionados de ese órgano autónomo cobraban más que la mandataria.
"(En el INAI) eran opacos y se autoevaluaban. Se saben de estos viajes que hacían, de estos teibol dance que pagaban con tarjetas institucionales. Eso no era transparencia, sino una burla del derecho ciudadano", dijo la morenista Simey Olvera.
Esta reforma es en consonancia con la modificación constitucional de Andrés Manuel López Obrador, la cual desaparece ocho órganos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
En esta modificación presentada por mandataria federal, Claudia Sheinbaum, le da mayores atribuciones a la Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, pues ahora esta se encargará de las atribuciones que tenía el INAI en materia de transparencia y protección de datos personales de los particulares.
El órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción, el cual se llamará “Transparencia para el Pueblo”, resolverá –según la iniciativa– los recursos de informidad que interpongan los particulares en contra de las resoluciones emitidas por las autoridades.
También sustituye al Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales por el Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública, el cual ya no tendrá la facultad de regular la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) ni coordinará la protección de datos personales, pues esto último se le otorga a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Sin embargo, este nuevo Sistema tendrá la misma finalidad que el anterior, que es coordinar y evaluar las acciones relativas a la política transversal de transparencia y acceso la información pública.
La PNT continuará, pero será implementada y administrada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; mientras tanto, el Sistema Nacional establecerá las medidas para garantizar la estabilidad y seguridad de esta.
En los artículos transitorios se especifica que las personas que laboren en el INAI formarán parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y del órgano “Transparencia para el Pueblo”. Los recursos materiales del Instituto serán enviados a la misma dependencia y los recursos financieros serán enviados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
También se especifica que los organismos de transparencia estatales continuarán operando hasta que los Congresos locales no emitan la legislación para armonizar su marco jurídico para su desaparición.
La reforma instruye:
