Riesgo en IP, freno a proyectos y violencia, los efectos de la narco-designación

"Este impacto no se limitaría a compañías mexicanas, sino que también podría extenderse a estadounidenses y multinacionales con operaciones transfronterizas. Tal situación podría derivar en una paralización de proyectos y transacciones comerciales, motivada por el temor a posibles sanciones legales o económicas", señala un estudio de la Cámara de Diputados.

El 19 de febrero, el Departamento de Estado de Estados Unidos agregó a su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras a ocho grupos criminales , de ellos seis cárteles mexicanos: el de Sinaloa; el del Noreste; del Golfo Jalisco Nueva Generación; Cárteles Unidos y La Nueva Familia Michoacana.

Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad Asociación Civil (ONC), observa que aún no está claro el alcance que esta declaratoria de la administración Trump tendrá para México.

No obstante, subraya el especialista en seguridad, podría tener consecuencias en varios niveles: Uno, que Estados Unidos busque la participación directa para desactivar a esas organizaciones, en cuyo caso México sufriría las consecuencias con más violencia.

La segunda es que, al considerar como terroristas a cárteles del crimen organizado, cualquier relación con estos, incluso involuntaria o forzada, sea vista como apoyo al terrorismo, lo cual preocupa al sector.

“Por ejemplo, si algún aguacatero tiene un chofer y este por algún motivo empieza a traficar droga, incluso si no lo sabe el aguacatero, el empresario es el que corre el riesgo de que sus activos sean bloqueados y, por lo tanto, pues que tenga que enfrentar incluso problemas legales severos a pesar de no tener responsabilidad sobre lo que hizo o no hizo su empleado”, apunta.

De acuerdo con Rivas Rodríguez, otro escenario que podría presentarse es que se presuma una relación con ese tipo de grupos criminales por el pago de una extorsión o rescate.

"Podría darse el caso de que el Departamento de Justicia solicite el bloqueo de cuentas porque una persona está pagando extorsión o en el pasado pagó el rescate de un secuestro, o se sometió de alguna manera al peso de la delincuencia”, advierte.

Las consecuencias entonces las sufriría la persona o la compañía, a pesar de que muchos empresarios pagan "piso" o rescates por fallas del Estado.

"No porque ellos quieran", recalca, "entonces todos estos son riesgos reales que se deben considerar y que pues en ese sentido el gobierno mexicano debería de tener una estrategia para proteger al ciudadano”.

El Observatorio de Asuntos Globales de la Cámara de Diputados coincide en que hay poca claridad sobre la trascendencia que tendrá la orden ejecutiva de Trump que condujo a clasificar como terroristas a los cárteles citados.

Pero las consecuencias posibles, subraya en un documento, abarcan desde el bloqueo de transacciones y congelamiento de activos, hasta su incorporación a un régimen especial para terroristas.

El estudio, titulado: "Designación de cárteles como terroristas: implicaciones y desafíos en la relación México-Estados Unidos", alerta que los riesgos inherentes podrían extender su alcance más allá de lo estrictamente necesario para enfrentar a las organizaciones, particularmente en la Iniciativa Privada.

“En el ámbito empresarial, los efectos también podrían ser considerables. En un entorno económico globalizado, cualquier pago realizado por empresas, organizaciones o individuos vinculados, consciente o inconscientemente, a un cártel podría interpretarse como una forma de apoyo a organizaciones terroristas", apunta.

“Esto incluiría casos en los que tales pagos o recursos sean entregados bajo amenazas o coacción” indica el Observatorio, dedicado al análisis del entorno internacional y creado a partir de esta 65 Legislatura, en septiembre pasado.

Incluso, cita un documento elaborado en México en 2024 (por la binacional Cámara de Comercio de Estados Unidos AMCHAM/México), en el que detectó que cerca del 45% de los empresarios reportaron haber recibido demandas de extorsión para pagos de “protección”.

“En estos casos, como ejemplo, podría señalarse una contribución a la actividad delictiva. Así, el rango de conductas que podrían ser sujetas a sanción resulta sumamente amplio y discrecional”, advierte el Observatorio legislativo en el estudio elaborado por Mario Eduardo Maldonado Smith.

Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con víctimas del crimen, defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación que no sean afines al gobierno estadounidense también podrían verse afectados bajo argumentos de una presunta contribución indirecta al narcotráfico, según el estudio legislativo.

Fragmentación y 'efecto Sinaloa' en otros estados

Armando Vargas, coordinador del programa de Seguridad de México Evalúa, señala que la designación de los cárteles implica riesgos como la fragmentación de los grupos criminales en varias zonas del país como resultado del aumento en las labores de combate.

Ese fenómeno, considera el experto, puede ocasionar una violencia similar a la que hoy vive Sinaloa en otros puntos del país.

La "guerra" entre dos facciones del Cártel de Sinaloa , que tiene sumida a esa entidad en una ola de violencia, inició después de que el capo Ismael “El Mayo” Zambada fue detenido en El Paso, Texas, por una traición de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

"Ahí se ha extendido la guerra intestina del Cártel de Sinaloa y el Estado mexicano no tiene ni recursos ni capacidades para mantener dos o más frentes de esta naturaleza a lo largo del territorio nacional, pero eso se podría reproducir ahora en más entidades en la disputa entre cárteles", indica Vargas.

“Existe el riesgo de que el presidente Donald Trump pues efectivamente busque, digamos, la desactivación inmediata de estas organizaciones a través de estrategias de detención y neutralización de objetivos prioritarios, como ocurrió con 'El Mayo' y eso derive en mayor violencia para México", agrega el analista.

Vargas subraya que, si las autoridades buscan desactivar grupos de forma poco estratégica o a través de la mera "decapitación" de sus mandos, se pueden desatar otras "guerras" entre facciones.

Los grupos considerados por Estados Unidos como terroristas operan prácticamente a todo el territorio mexicano. Según reportes, el de Sinaloa “cubre” 17 entidades ubicadas en el Noroeste, Occidente, Oriente, Sureste y Centro; el de Jalisco se calcula que opera en 22 entidades de todas las regiones; el del Noreste con actividades en 7 entidades de esa región; y la Familia Michoacana dispersa en parte de Occidente, Sureste y Centro.

No obstante, el experto de México Evalúa considera que el escenario actual también representa una oportunidad para promover la colaboración con Estados Unidos y enfrentar juntos al crimen organizado.

"México puede buscar la cooperación para detectar y desactivar de manera estratégica dichas organizaciones. De hecho, la iniciativa de nueva Ley del Sistema de Inteligencia –presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum- abona a eso”, estima.

"Uno de los productos de inteligencia que se propone es precisamente el que permitiría la identificación de estas organizaciones, la ubicación y distribución de sus liderazgos y eso, que es muy importante para el combate efectivo, podría ser una de las materias de colaboración con Estados Unidos".