En un acuerdo, el INE concluyó que no existen las condiciones financieras, operativas y técnicas para llevar a cabo el ejercicio del voto de las personas en prisión preventiva.
Pero ese no es el único derecho electoral restringido. Hasta ahora, el INE ha determinado también que no será posible que los mexicanos que residen en el exterior puedan votar en la elección judicial debido a temas presupuestales y operativos.
Además, sólo se ejercerá de manera parcial el voto anticipado para personas con discapacidad o en estado de postración -que para ahorrar sólo se podrá emitir por cargos nacionales-, al grado de que ese programa se dejó con sólo dos personas para elaborar la Lista Nominal y se recortaron plazas que tuvieron que reponerse el 15 de febrero.
Otra decisión derivada de la limitación de recursos es no realizar encuestas de verificación nacional muestral para la revisión del padrón electoral, previo a una elección.
Y en materia de fiscalización, se decidió que no podrá realizarse al mismo ritmo que en el pasado la revisión de ingresos y gastos que se moverán, ni la supervisión de las asambleas de las organizaciones que buscan ser partido.
Además, la falta de personal experimentado retrasó cuatro meses la emisión de Lineamientos que deberán seguir esas organizaciones en materia de ingresos y gastos.
“Es uno de los efectos que se ven del recorte presupuestal al que fue sometido este Instituto durante el presente ejercicio fiscal. Se corre el riesgo de que este tipo de prácticas continúen o se lleven a cabo, no sólo por la Unidad Técnica de Fiscalización, sino también en cualquier otra área”, advirtió la consejera Humphrey.
Otras decisiones para racionalizar el gasto son:
-Aplazar la renovación del parque vehicular institucional.
-Imprimir boletas en tamaño media carta cuando así lo amerite el reducido número de candidatos a cargos judiciales-
-Reducción de gastos en papelería de oficina, combustibles, viáticos, pasajes y gastos de alimentación.
“Hay cifras a las que tuvimos que llegar, no con poco dolor por parte de las áreas, pero finalmente estamos convencidos que todavía nos queda un camino por emprender que es el camino de la solicitud de una ampliación presupuestal”, dijo la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei.
Sin embargo, ese escenario de suficiencia de recursos sigue en vilo.
Más ajustes
Ante el silencio de la SHCP, el 15 de febrero el Instituto acordó echar mano de sus propios recursos previstos para otros programas y destinarlos para cubrir, por un lado, las tareas para el voto anticipado, y por otro, la instalación de “casillas seccionales”.
El director del Registro Federal de Electores, Alejandro Sosa Durán, indicó esa fecha que el primero de estos proyectos (voto ancicipado) sufrió una disminución del 93% de su monto original. Es decir, de 1.6 millones de pesos se dejó en 120,971 pesos.
Esta reducción, dijo, tuvo como impacto la capacidad de la atención de solicitudes para la conformación del Listado Nominal de Electores (LNE) de personas que requieren ejercer su voto de manera anticipada por presentar algún problema de salud o discapacidad, o encontrase en condición de postración.
Mediante readecuaciones, en esa sesión se acordó realizar reajustes para “garantizar la continuidad de las actividades operativas derivadas de los ajustes derivados por la armonización presupuestal 2025”.
