Por unanimidad, el Instituto Nacional Electoral (INE) negó a 24 candidatos a cargos judiciales, entre ellos la ministra Lenia Batres, quien se llama así misma la "ministra del pueblo", la posibilidad de que ese sobrenombre aparezca en la boleta del 1 de junio.
Entre las consideraciones técnicas se encuentran que poner sobrenombre a unos abanderados y a otros no podría generar inequidad, pero además que no habría espacio para colocar leyendas de ese tipo.
Cada una por separado, 24 personas, entre ellas la ministra Lenia Batres; Ángel Mario García, quien se autoproclamó “El Ángel de la Justicia”; Joel Blanno, autodenominado “magistrado del cambio”; Arturo Yahir José Caridad Villegas, quien se puso el apodo de “abogado del pueblo”; Marco Antonio Rojo, quien se asumió el “juez de AMLO”, buscaron ser consignados así en la papeleta.
En segunda sesión del INE, ésta para abordar la elección judicial, los consejeros llegaron a la conclusión de que en ninguno de los casos habría espacio para colocar sus sobrenombres.
El acuerdo avalado dividió en tres grupos los diversos tipos de apodos, en unos casos determinó que figurar así en las boletas constituiría permitir un acto de “propaganda electoral” prohibida.
En otros casos se repetiría el nombre o apellido del solicitante y en otros más, dado el espacio limitado para los nombres en las boletas en todo caso tendría que reducirse el tamaño de las letras para que tuvieran cabida, lo cual no es procedente.
El consejero Arturo Montaño expuso que en el caso de las elecciones judiciales la reforma al Poder Judicial expresamente estableció los elementos que debían contener las papeletas.
“El legislador contempló que la boleta electoral debía contener diversas características, como lo es el nombre completo, entiéndase nombre de pila y apellidos, de las personas que participarían en esta elección”, por lo que agregar más elementos sería ir en contra de la Constitución, dijo.
La consejera Dania Ravel expuso que con este caso “una vez más, nos enfrentamos a una problemática que deriva de la falta de previsión de las personas legisladoras, porque no se pensó en regular de qué manera las personas candidatas podrían hacer valer su derecho a incluir un apodo, además de su nombre”.
No se estableció el mecanismo para solicitarlo ni los plazos en los que debería formularse, tampoco se reguló ante qué autoridad o instancia deberían solicitar dicha inclusión, destacó Ravel.
El consejero Jaime Rivera recordó que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) sí prevé esa posibilidad de sobrenombres –pues retomó las reglas de elecciones ordinarias-, pero el Congreso no previó cómo hacerlo valer y el Senado no mandó nombres con apodos.
La consejera Claudia Zavala dijo que esta petición, como otros pasos de la elección judicial, dejan en evidencia que es necesario que todo proceso electoral “deba estar a cargo, 100% de la autoridad electoral”.
“Ya estamos viendo ahora, estas series de problemas que se están presentando por haber dado intervención a otros poderes, en una elección de un poder. Eso no debe suceder en el sistema electoral mexicano”, alertó.
En el caso de la elección judicial recordó que los encargados de hacer la selección y el registro de candidaturas eran los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a través de comités de evaluación “y nadie dijo nada”, dijo en referencia al INE.
“El INE, como autoridad experta, todo eso lo prevé en el registro de candidaturas, las reglas las pone antes, incluso lo de los sobrenombres. Y aquí pasó de noche”, dijo.
