Aunque hay 180 ciudades santuario en Estados Unidos, los más de 11 millones de migrantes indocumentados no estarán protegidos en estos territorios ante las posibles detenciones y deportaciones que realizará el gobierno de Donald Trump.
Las redadas masivas, la aprobación para que los operativos puedan ir a escuelas e iglesias, así como los efectivos militares desplegados en la frontera, han disparado el pánico entre la comunidad migrante a las deportaciones.
Esmeralda Flores, integrante de la organización la Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante en Los Ángeles (CHIRLA), explicó que a pesar de que hay ciudades santuario en Estados Unidos, donde se le da protección a migrantes indocumentados, esto no significa que estas personas no puedan ser detenidas en estos lugares.
Cuando una ciudad se declara ciudad santuario en su mayoría quiere decir que son amigables y dan la bienvenida a los migrantes, pero las protección varían en cada ciudad y en cada estado".
Las ciudades santuario surgieron en la década de 1980 y son estados, ciudades y condados que han adoptado políticas para determinar el grado de apoyo y coordinación que tendrán con agentes migratorios. Durante el primer mandato de Donald Trump y ante el endurecimiento de la política migratoria, muchas ciudades demócratas optaron por no colaborar con el gobierno federal.
En Estados Unidos hay 11 estados y 180 ciudades santuario. Estos tienen diversas leyes en la atención y protección a migrantes, sin importar su situación en el país.
En común poseen leyes para establecer que las autoridades locales no cooperaran con funcionarios federales de migración en la detención de aquellas personas que no tengan los documentos para vivir en este país.
A penas el pasado 21 de enero, el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman, eliminó las directrices del expresidente, Joe Biden, que limitaban las detenciones federales de inmigrantes indocumentados cerca de áreas “sensibles”, como escuelas, hospitales e iglesias. Ello con el fin de “poner fin a la invasión de la frontera sur de Estados Unidos y empoderar a las fuerzas del orden para proteger a los estadounidenses”.
Con esta nueva medida las dos agencias federales, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) podrán llevar a cabo la aplicación de las leyes de inmigración en lugares como escuelas e iglesias.
Esta acción, se indicó, "empodera a los valientes hombres y mujeres de CBP y ICE para hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y atrapar a los extranjeros criminales, incluidos asesinos y violadores, que han ingresado ilegalmente a nuestro país".
“Los criminales ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestados. La administración Trump no les atará las manos a nuestras valientes fuerzas del orden y, en cambio, confía en que usen el sentido común”, señaló el Departamento de Seguridad Nacional.
Ante ello, Esmeralda Flores explica que si bien las autoridades migratorias pueden realizar detenciones cerca de estas áreas “sensibles”, dependiendo la ciudad hay reglas que se deben cumplir. Por ejemplo, antes de las detenciones, los agentes migratorios deben tener una orden judicial para hacer la detención.
“Con este cambio ya puede haber presencia constantes de manera de intimidación de parte de Inmigración. Lo que recordamos a la gente es que aunque puedan estar presentes, no les garantiza el acceso. Siempre las autoridades necesitan el consentimiento de la persona o una orden judicial para acceder a propiedad privada”, enfatiza la activista de CHIRLA, organización que reside en California, que es el principal estado con mayor cantidad de migrantes.
Artemio Arreola, director de Enlace Comunitario de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Illinois (ICIRR), señala que al ser éste un estado santuario, existen leyes de protección a migrantes indocumentados como el "Acta de Confianza", que prohíbe la colaboración de las autoridades locales con la policía federal migratoria.
En este estado, el gobierno otorga a las personas indocumentadas licencias de conducir, por lo que las autoridades locales no pueden entregar estos datos a la policía migratoria para localizarlos y detenerlos.
Otras de las protecciones en Illinois son el cierre de los centros de detención; es decir, ya no existe ningún centro de Inmigración en el listado y hay programas para los migrantes, como servicios de salud, transporte, educación y alimentación.
“En el estado de Illinois se ha hecho una gran cantidad de cambios legislativo; las leyes de protección y el gobernador, alcaldes del condado y senadores han salido públicamente a decir ‘vamos a hacer que nuestras leyes se cumplan’, y muchas de ellas prohíben la colaboración de la policía con Inmigración (ICE) o de algunas instituciones. Se les va a dificultar un poco a Inmigración poder hacer estos operativos, pero van a llegar; por eso es que están limpiando el camino y levantando restricciones para que pueden ir a las escuelas, hospitales o inclusive iglesias”, resalta.
Arreola tiene razón. El miércoles, dos días después de que Trump llegó de nuevo a la Casa Blanca, el Departamento de Justicia ordenó a los fiscales del país procesar a las autoridades estatales que se interpongan en los planes migratorios.
Por ello, explicó, que a pesar de la ventajas de las ciudades santuarios, las autoridades federales de migración sí pueden realizar detenciones, debido a que la ley federal está “por encima” de la local.
“Lo que no puede hacer una ciudad santuario, ni un estado santuario es obstaculizar el trabajo federal. (La ciudad santuario) no va a colaborar ni le van a ayudar (a la policía migratoria), pero no le pueden decir ‘prohibido, tú no puedes entrar aquí’, porque la ley Federal está por encima. Hasta donde el marco legal le permite a la ciudad y al estado, lo van a defender, pero por encima de ellos están los federales; ellos tendrían que traer todos sus recursos para poder este hacer lo que tienen que hacer”, declaró.
El activista comentó que ICIRR harán todo lo posible para “defender” a los migrantes indocumentados, como orientarlos sobre cuáles son sus derechos, qué pueden hacer en caso de ser detenidos por agentes migratorios y hasta ayudarlos con asesorías legales. Para ello, han activado este teléfono 1-855-435-7693.
“Las familias acá son mixtas. Vivimos de todo en una casa: ciudadano, residentes, indocumentados. Somos una familia como una mano; si a un miembro de la mano lo pican, nos duele toda la mano. Estamos teniendo miedo que un dedo lo machuquen, porque nos va a doler todo; estamos teniendo miedo a que un miembro de la familia le llegue a ocurrir algo, porque nos va a afectar a todos", expresa.
En Nueva York, Marco Castillo, dirigente de la organización Red de Pueblos Transnacionales, comentó que ya tienen un plan de acción en donde lo primero es estar alerta para avisarse entre vecinos de la presencia de oficiales de migración.
“Estamos planteando un esquema de organización barrial y comunitaria, que permita a las personas en los barrios poderse avisar frente a la presencia de autoridades migratorias”,
Esta estrategia incluye canales de vigilancia usando la tecnología y a las personas a través de brigadas; además de que ya arman planes y refugios de emergencia.
