El número de migrantes varados o deportados al país sería mayor durante el segundo mandato de Trump, quien ha comenzado un agresivo plan contra la inmigración ilegal, con el envío de militares a su frontera sur y la cancelación de las citas para solicitar asilo a través de la aplicación CBP One.
También ha prohibido la entrada a Estados Unidos de quienes se acojan al Programa de Admisión de Refugiados y reinstaurará el programa "Quédate en México", conocido en Estados Unidos como Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por su siglas en inglés).
Aún se desconocen los detalles con los que se implementará esta medida y falta que la Administración de Trump negocie acuerdos con México. Sin embargo, en el contexto actual, traerá efectos más adversos para las personas en movilidad y supondrá una nueva arma de presión para el gobierno mexicano, explica la doctora María Dolores París, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (Colef).
Yo creo que va a ser peor, pero va a ser peor por esta razón: en este momento no hay ninguna posibilidad de solicitar asilo en Estados Unidos, en violación tanto de la convención sobre el Estatuto de los Refugiados como de la Ley del Refugio de Estados Unidos”.
María Dolores París, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (Colef).
La crisis pasada
La previsión de un peor escenario se basa en la experiencia previa. Durante el primer periodo del "Programa Quédate en México", las autoridades mexicanas se tardaron en dar una respuesta de atención institucional a las personas extranjeras y fue fundamental la respuesta de la sociedad civil, recuerda la académica.
Después, las autoridades organizaron una estrategia, que incluyó la creación de tres Centros Integradores de Atención a Migrantes (CIM), de los que sólo operaron dos: uno en Tijuana y otro en Ciudad Juárez. Ahora, las autoridades construyen nuevos refugios ante las posibles deportaciones masivas.
“En el primer gobierno de Trump, inicialmente, hubo bastante caos porque México realmente no estaba preparado para recibir a la gente”, señala.
Fue en esa época cuando arribaron los 78,014 solicitantes de asilo en Estados Unidos identificados por el INM. De ese universo, 31,953 eran mujeres y 23,168 menores de edad. La mayor parte eran originarios de Cuba, Venezuela y Centroamérica.
La llegada de miles de extranjeros rebasó las capacidades de los centros, albergues y campamentos que los recibieron y tuvieron consecuencias adversas para la población en movilidad, que esperó por asilo en condiciones precarias, insalubres y peligrosas.
“Hacinamiento, insalubridad y miedo vulneraron su seguridad humana”, apunta el informe de la CNDH tras visitar el campamento de Matamoros, en Tamaulipas; El Chaparral y el CIM “Carmén Serdán”, ambos en Tijuana. Además del CIM de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Quienes arribaron a los campamentos que se habilitaron, sobre todo en Matamoros y Nuevo Laredo, ciudades de Tamaulipas con poca infraestructura y altos niveles de violencia, sufrieron violaciones a sus derechos humanos.
Además, Estados Unidos expulsó a los solicitantes de asilo sin tomar en cuenta sus condiciones vulnerables: personas que habían sido secuestradas, víctimas de violencia sexual, mujeres embarazadas y hasta bebés, detalla la doctora París.
Cuando Joe Biden ganó la presidencia de Estados Unidos canceló el programa "Quédate en México", pero lo tuvo que reactivar por presiones políticas y una orden judicial. Sin embargo, en ese segundo periodo, que concluyó en octubre de 2022, el número de deportados a México disminuyó.
Al final, menos del 2% obtuvo el asilo en Estados Unidos, de acuerdo con datos de la Universidad de Syracuse.
