Este año, el INM tendrá un presupuesto de 1,700 millones de pesos, una baja real de 14% en comparación con los 1,897.7 millones del año anterior. La Comar pasa de 51.2 millones en 2024 a 47.8 millones este año, es decir, 10% menos.
“Son lamentables, entendemos que las condiciones del país son difíciles”, dice sobre los recortes a estas instituciones Tomás Muñoz, académico de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
A la disminución en los recursos se suma que, a tres meses del inicio del sexenio, la Comar se mantiene sin el nombramiento de su nuevo titular, mientras que el INM mantiene en el cargo a Francisco Garduño, el comisionado del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de las críticas a su gestión, de que enfrenta un proceso penal y del anuncio del nombramiento del nuevo director, Sergio Salomón Céspedes.
Sheinbaum declaró que el INM está en un "periodo de transición" para hacer el cambio de cargos, un proceso que se ha alargado y que no es usual en cambios de gobierno.
Sin titulares, también se ha detenido la renovación del Instituto Nacional de Migración, agrega el especialista, que mantiene una lógica de persecución de migrantes.
“Sigue como actual comisionado Francisco Garduño, que, recordemos, hay un proceso en su contra por el incendio y muerte de decenas de migrantes en una estación migratoria de Ciudad Juárez”, explica. “Es terrible que todavía tengamos a un comisionado como Garduño al frente del instituto, se necesitan cambios urgentes”, agrega.
Respecto a la falta de titular en la Comar, Muñoz señala que, además, se vive una gran incertidumbre en el organismo, debido a que los contratos de su personal no habían sido renovados.
La Comar también necesita recursos, no solamente monetarios, también humanos, necesita preparación”,
Tomás Muñoz, académico de la UNAM.
Este contexto complica la atención de las deportaciones. Aunque algunas de las órdenes ejecutivas firmadas por Trump en las primeras horas de su Administración requieren aprobación del Congreso, sus promesas de campaña avanzan.
“Es muy obvio que las amenazas de Donald Trump van en serio y se están materializando poco a poco, para tener no solamente políticas más restrictivas, xenófobas, sino también generadoras de temor”, advierte.
La respuesta de Sheinbaum ha sido generar un plan con dos temas principales: proteger a los connacionales que residen en Estados Unidos y la posible devolución masiva de mexicanos. Pero también es importante generar planes para la migración de otros países de América Latina y la atención de los solicitantes de asilo y refugio, expone.
También es urgente detallar lo qué hará México ante la llegada de repatriados de países con los que rompió relaciones diplomáticas, como Ecuador y Bolivia, que también suman una cantidad importante de migrantes. Así como ejercer presión a los países considerados “aliados ideológicos”, como Venezuela, Cuba y Nicaragua, para que asuman responsabilidad y generen programas de gestión migratoria.
Son importantes las acciones que ha tomado la actual Administración, pero aún parecen insuficientes ante la falta de presupuesto”,
Tomás Muñoz, académico de Relaciones Internacionales de la UNAM.
Luciana Gandini, coordinadora del Seminario Universitario de Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, explica que el desafío de México ante las amenazas de Trump es doble, debido a que sus medidas combinan acciones tradicionales, como la deportación, con el debilitamiento de figuras humanitarias, que ocurre con la cancelación de la aplicación CBP One.
Ante ese panorama, México debe recibir a los connacionales deportados y retornados (aquellos que regresan por voluntad propia debido al miedo) y otorgar un trato digno a las personas de otros países que sean devueltas a México o transiten por el país.
Sobre todo, indica, porque Estados Unidos no tiene acuerdo de repatriación con alrededor de 60 países en el mundo. Así que es urgente que México explique, si acepta el programa Quédate en México, bajo qué condiciones se llevará a cabo.
Y para ello, coincide, es necesario que las instituciones de gobierno cuenten con recursos suficientes.
"Si asumimos un compromiso como ese, que se garanticen las condiciones para que se pueda dar un trato adecuado y digno a las personas que están en México y garantizar que todas estas instituciones de gobierno que están involucradas van a tener el presupuesto suficiente para responder a las deportaciones”.
