Era la última posibilidad, Dayán no resisitió presiones.- Soberanes
El experto en Derecho Constitucional, José Maria Soberanes, comentó a Expansión Política que la SCJN era la última posibilidad para detener la Reforma Judicial, pero no se logró, por lo que ahora la elección de juzgadores continuará y se realizará el próximo año.
“Era la última posibilidad de detener esto, pues ya no se detuvo. Seguirá adelante como ya iba , en marcha sin posibilidad de freno y en junio próximo habrá a que ir a las urnas a votar”, comentó en entrevista.
Señaló que ahora “todo queda sin efecto”; primero por la reforma que impide controvertir cambios constitucionales publicada en el Diario Oficial de la Federación la semana pasada, y segundo por la resolución de la Suprema Corte.
“Todo eso queda sin efecto, aunque nunca le dieron efecto, pero como tuvimos la semana pasada al reforma (de supremacía constitucional) que se publicó el jueves pasado, pues tendrá que morir todos estos amparos como estas acciones de inconstitucionalidad que resolvió la Corte”, mencionó.
Comentó que, con esta decisión, Morena ganó al imponer su agenda pese a los obstáculos que pudo tener en el INE, en el Tribual Electoral del Poder Judicial de la Federación y en el Senado, donde en algunos momentos, dijo, hubo “esperanza de que esto se detuviera.
"Ahora esa expectativa que se tenía en la Corte, pues por un voto no se pudo”, declaró
También consideró que el ministro Pérez Dayán no “resistió las presiones” y dio su voto para impedir invalidar una parte de la reforma judicial.
“No resistió las presiones de las que fue objeto y pues no tuvo más opción que votar así. Me imagino una tema personal importante que lo llevó a tomar esa decisión”, declaró.
Quedan amparos y CIDH.- Burgoa
Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional de la UNAM, señaló que aún quedan pendientes amparos tramitados en contra de la Reforma Judicial, así como las quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sin embargo, aclaró el especialista, difícilmente los amparos procederán después de que la Corte desestimó los conceptos de invalidez que alegaron los partidos de oposición en contra de la Reforma Judicial.
Y en el caso de la Comisión Interamericana, Burgoa consideró que cualquier resolución será desacatada en México, además de que una sentencia de fondo tardará meses o años, por lo que la organización de las elecciones judiciales seguirá su curso.
“Existen más de 100 amparos que siguen todavía pues vigentes, todavía están pendientes de que se resuelvan; aunque los amparos lleguen al pleno de la Suprema Corte, pues van a llegar con una votación similar, es decir, yo lamentablemente no veo que los amparos que siguen en trámite puedan realmente tener algo favorable", consideró.
“Porque para eso tendría que haber un cambio en la votación y ese cambio es del ministro Alberto Pérez Dayán y así como como manifestó sus razonamientos, yo no veo que él pueda cambiar finalmente de opinión, es decir, la reforma va continuar su implementación”, agregó en entrevista radiofónica.
Si antes había ciertas trabas, agregó el experto, ahora hay una especie de “luz verde” a cualquier autoridad involucrada para seguir con la organización de la elección judicial en 2025.
“El camino sigue firma, pero también hay que decirlo, la próxima semana se va llevar a cabo una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente para empezar el análisis de las quejas que presentaron jueces y magistrados, es decir, nos vamos al sistema interamericano de derechos humanos", apuntó.
“¿Qué va pasar? No lo sabemos, lo que sí sé es que en el caso de que el asunto llegue a la Comisión Interamericana y se llegue a emitir una resolución, simplemente desde aquí no le van a hacer caso. En el mejor de los escenarios va tardar varios meses, pero la realidad es que se tardan años en que se dicte una resolución, es decir, cuando ya esté prácticamente consumada".
Sobre el proyecto de sentencia que no prosperó en la Corte, el abogado consideró que era una “buena salida”, tanto política como jurídica, ya que declaraba la invalidez por voto directo de jueces y magistrados, y mantenía la de los ministros.
