Previo a la discusión de los temas de fondo, los ministros deberán aclarar si pueden resolver las acciones de constitucionalidad promovidas por partidos políticos en contra de la Reforma Judicial. Para decidir este primer punto, denominado de legitimación, se necesita una mayoría de seis votos.
Debate de la Reforma Judicial
Al inicio de la sesión, el ministro ponente González Alcántara Carrancá defendió la atribución de la SCJN para analizar los recursos promovidos por Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), diputados del Congreso de Zacatecas y de Coahuila, al afirmar que los partidos están legitimados para impugnar.
Pero Pérez Dayán se sumó a las posturas emitidas -hasta el mediodía- por las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, quienes han descartado la facultad de la SCJN de analizar la reforma judicial, con lo que suman cuatro votos en contra de analizar el fondo de la reforma judicial.
“Por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería, lo digo con todo respeto y en el fuero de mi propia persona, responder una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo, con otra insensatez equivalente, al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad”, sostuvo.
En su exposición, descartó que la Constitución pueda considerarse una norma general de carácter electoral y, por tanto, que sea susceptible de una acción de inconstitucionalidad que puedan promover los partidos políticos.
"Ese tipo de recursos son un medio de control abstracto de normas generales inferiores a la Constitución, por lo cual, a través de este medio de control no puede cuestionarse una reforma constitucional”, sostuvo.
Coincidió en que los partidos políticos sí tienen legitimación para promover acciones de inconstitucionalidad para combatir normas generales de materia electoral y que la reforma judicial “tiene un muy importante contenido electoral. De eso no tengo la menor duda”, pero descartó que este sea el caso.
“No estoy ajeno a las consecuencias que habrá de producir la reforma constitucional cuestionada principalmente en el ámbito público, la seguridad jurídica, la visión de poderes en los principios de independencia judicial, tampoco en lo que producirá en el ámbito personal de los juzgadores, la afectación concreta a miles de personas que con su ejecución verán lastimosamente truncados sus esfuerzos de superación y compromiso por una nación más justa", señaló.
“Desde luego que lo sé e incluso lo resiento personalmente, a mí me toca. Sin embargo, sostengo que existen otras vías que protegen esos anhelos y que tienen como eje principal no el combate de normas electorales, sino el reconocimiento y protección de los derechos humanos que la propia Constitución federal y los tratados internacionales que el Estado mexicano han suscrito”.
Pérez Dayán por último cuestionó el actuar del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
“Lamento que aquellas instancias del orden electoral tanto en el ámbito administrativo y en el jurisdiccional, renunciando al ejercicio de sus competencias, esas sí ciertas y no cuestionadas, hayan privilegiado interpretaciones sesgasdas que favorecieron intereses esos si, personales”, expresó.
