La nueva Secretaría de Mujeres ante el reto de lograr la paridad en el Gobierno

Aunque la ley ordena la paridad en todos los cargos de la Administración Pública Federal, 70% de las subsecretarías de Estado están en manos de un hombre, indica la investigación Mujeres en las secretarías de Estado: ¿qué falta para cerrar las brechas?

Además señala que únicamente 28% de las jefaturas de unidad tienen como titular a una mujer, igual que 34% de las direcciones generales.

Conforme los puestos bajan de jerarquía, la presencia de las mujeres es mayor: 41% de las direcciones de área son encabezadas por una mujer; 43% de las subdirecciones de área; 48% de las jefaturas de departamento y la misma proporción en las unidades de enlace.

Las cifras demuestran que las mujeres todavía se enfrentan a desigualdades en el sector público y que las condiciones laborales poco flexibles, la violencia y la discriminación por género son algunos factores que obstaculizan el crecimiento de las mujeres en los cargos públicos.

En ese contexto, la titular de la Secretaría de las Mujeres presentó un paquete de reformas que Sheinbaum envió al Congreso para garantizar los derechos de las mujeres, entre ellos la igualdad salarial, la paridad en todos los cargos de la Administración Pública federal y el derecho a vivir una vida libre de violencia.

El objetivo es que esta administración incluya la perspectiva de género en todas las acciones de Gobierno federal y beneficie a las mujeres en todos los sectores, declaró la secretaria en una entrevista con Expansión Mujeres.

México, con menos mujeres en el sector público

En 2019 entró en vigor la reforma constitucional conocida como Paridad en Todo, que ordena que sean para las mujeres la mitad de los cargos de decisión en los tres poderes del Estado, en los tres órdenes de Gobierno, en los organismos autónomos, en las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular, así como en la elección de representantes de los ayuntamientos en los municipios con población indígena.

Esta reforma ha permitido avances en la representación política de las mujeres. En el Índice Global de Brecha de Género del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), México subió en empoderamiento político, que mide la brecha de género en cargos políticos de alto nivel . Pasó de ocupar en 2006 el lugar 45, de 146 países, al sitio 14 en 2024.

Pese a eso, se mantiene como uno de los países de América Latina con la menor presencia de mujeres (31%) en puestos de mayor nivel en el Gobierno, al posicionarse en el tercer sitio, por delante únicamente de Guatemala y Brasil, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Adriana Báez, politóloga de la UNAM, explica que los alcances positivos de esta reforma se han notado, sobre todo, en la integración del Congreso de la Unión y los Congresos estatales, donde hay paridad, y ha impulsado la llegada de más mujeres a las gubernaturas estatales. Pero no se ha logrado en todos los cargos públicos y menos en las presidencias municipales.

“En donde hay uno de los mayores retos en cuanto a paridad es en las presidencias municipales. Prácticamente, todos los ayuntamientos ya tienen una integración paritaria, pero todavía hay como 30% de los municipios gobernados por mujeres, o sea, presidentas municipales, y el 70% sigue en manos de hombres”, explica.

Intereses políticos

Para ahondar en los motivos que impiden el crecimiento de las mujeres en la Administración Pública, el IMCO e Incubadora Míticas llevaron a cabo entrevistas y grupos focales con más de 50 funcionarias y funcionarios de diversas secretarías de Estado a nivel federal.

De esas entrevistas concluyeron que uno de los obstáculos es el cambio de político y de sexenio. Cuando hay cambio de administración, se modifican los puestos de mando medio y alto bajo el esquema de confianza, para colocar perfiles acordes con los intereses políticos.

Sin embargo, los hombres representan 60% del personal de confianza, de acuerdo con el Censo Nacional del Gobierno Federal 2023. “Lo que a menudo les abre las puertas hacia cargos jerárquicos de mayor nivel”, expone la investigación.

Aunque existe el Sistema de Servicio Profesional de Carrera para asegurar que el ingreso, desarrollo y permanencia de servidores públicos de confianza sea por mérito, igualdad de oportunidades, legalidad e imparcialidad, esta política no combate la discriminación por género ni prioriza la paridad.

“Se ha desvirtuado en los últimos años, volviéndose una estructura clientelar en donde candidatos o candidatas llegan a obtener ciertos privilegios al concursar por las plazas, como presentar los exámenes antes de tiempo o tener acceso a las respuestas previo al examen”, apunta el informe.

Algo similar ocurre con las Unidades de Género de las dependencias. Se crearon para garantizar la perspectiva de género en ellas, pero no cuentan con la relevancia y el presupuesto necesario para incidir.

Para Mariana Linares, cofundadora de Aúna México, otro problema que impide la representación sustancial de las mujeres es el partidismo. Explica que los partidos obligan a seguir ciertas reglas, formas y dinámicas, además de que sus presupuestos internos son desiguales para las mujeres de los partidos. Sin embargo, espera que con la llegada de liderazgos femeninos a los partidos esto pueda ir cambiando.

“Yo creo que el reto mayor es el partidismo en México. O sea, dentro de los partidos, la igualdad no es sustancial, la representación no es sustancial. Quienes toman las decisiones, siguen siendo parte del sistema patriarcal. Yo no quiero decir hombres o mujeres, esto es un sistema”, reflexiona.

Condiciones laborales

“Una compañera tuvo que posponer su embarazo porque le iban a quitar responsabilidad”. Este testimonio, recabado en el informe, muestra que en el Gobierno tampoco existen condiciones laborales inclusivas para las mujeres, lo que contribuye a la concentración de ellas en puestos de menor rango, con menores ingresos.

“Estas condiciones empujan a las colaboradoras a modificar sus decisiones personales en la medida que buscan permanecer o crecer en sus carreras profesionales. Esto puede implicar desde posponer u ocultar decisiones como el embarazo o el matrimonio, hasta encontrar la forma de delegar las tareas de cuidado”, explica el estudio.

Violencia laboral

Una de cada cinco mujeres empleadas en instituciones gubernamentales reportó experimentar alguna forma de violencia, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) del Inegi 2021, citada en el informe.

Esta violencia es de distintos tipos, desde recibir un menor pago que un hombre, solicitar una prueba de embarazo para entrar o mantener un puesto, limitar las funciones por ser mujer o ser víctima de acoso.

Para Adriana Báez, quien también es directora de la sección de estudios de género de la asociación civil Buró Parlamentario, impedir o limitar las funciones de las mujeres es una forma de violencia más común en cuanto ha avanzado la paridad.

La investigación subraya que la falta de políticas de inclusión refuerza la desigualdad de género en el ascenso de las mujeres en el sector público, mientras que la violencia laboral limita la permanencia de las mujeres en la Administración Pública.

Por ello, recomienda medir las brechas de género en la Administración Pública Federal y transparentarlas en el portal de la Secretaría de la Función Pública; transitar de manera gradual hacia la flexibilidad en el trabajo al interior de las secretarías de Estado; modificar la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal para incorporar una perspectiva de género y establecer sistemas de monitoreo y evaluación para erradicar la violencia laboral en las secretarías de Estado.

Mientras tanto, asociaciones como Aúna, plataforma que impulsa la representación política de las mujeres, trabajan porque más mujeres lleguen a cargos públicos. En 2024, 18 de ellas han asumido un puesto en administraciones públicas.

"Este acompañamiento de Aúna sigue para que estén ellas ahí, no solas tomando las decisiones, no solas enfrentándose con conflictos que no les tocan, y haciendo una retroalimentación y reciprocidad de las batallas que ganan, digamos, también es una rendición de cuentas que viene de regreso a la ciudadanía”, menciona Mariana Linares.