El magistrado ponente, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, desglosó los seis argumentos por los que de acuerdo a Morena debía declararse la invalidez del proceso, y explicó que no se presentaron pruebas.
La nulidad “no debe tomarse de manera ligera, exige una demostración clara y contundente de qué irregularidades ocurrieron” y cómo incidieron en el resultado, lo que no ocurrió, además de que la diferencia entre el primero y segundo lugar fue de 180,000 votos, razonó.
Fuentes detalló por ejemplo que se denunció la violación a la Constitución por la intervención sistemática de funcionarios del gobierno local, que ostenta Movimiento Ciudadano y que habrían actuado como consejeros en 11 de 20 distritos.
Sin embargo explicó que sólo se presentó un listado de personas supuestamente vinculados, sin pruebas de que sean servidores públicos ni de los presuntos vínculos partidistas, tampoco de uso de recursos públicos.
Morena acusó además la existencia de servidores públicos que fungieron como representantes de MC en las casillas, pero –dijo el magistrado- se presentaron solamente ligas de internet como pruebas de vínculos de que trabajaban en el gobierno pero fueron pruebas insuficientes, enlaces sin información, no se podían desplegar; con información anterior a 2024 .
Sólo dos enlaces acreditaron de manera indiciaria el vínculo con el gobierno, pero no se acreditó cómo influyeron en los electores o afectaron los resultados, explicó.
Respecto al alegato de inequidad por desequilibrio en la cobertura, así como supuesta violencia de género en contra de la candidata, se estableció que “no existe una campaña de violencia de género” de acuerdo a las pruebas recabadas.
Tampoco se acreditó la denunciada violación a la cadena de custodia pues se hallaron indicios aislados y se presentaron videos en los que se difundió supuesta presencia de boletas en bolsas negras, pero no se acreditó a qué elección correspondían, agregó el juzgador.
Respecto de 22 paquetes computados en ceros, lo que ocurrió en tres de 20 distritos, fue considerado un hecho menor, pues en toda la entidad se instalaron 18, 863 casillas, por lo que no se acreditó violación generalizada a la cadena de custodia y también se desestimó el alegato de que hubo intervención del clero en el proceso electoral.
