La iniciativa fue presenta el 5 de diciembre de 1994, cuatro días después de que Zedillo tomó posesión de la Presidencia de México.
La reforma provocó cambios en materia de seguridad pública, procuración de justicia y administración de justicia.
La medida más controversial estuvo en la propuesta de reducir de 26 a 11 ministros la Suprema Corte y que los que estaban en funciones fueran jubilados antcipadamente y se diera paso a un proceso de selección de nuevos ministros.
Dado que en ese entonces, el PRI ya no contaba con los legisladores necesarios para modificar por sí mismo la Constitución, la reforma se negoció con la oposición.
El dictamen modificó 27 de los 136 artículos de la Constitución y destacó porque estableció la organización y competencias del Poder Judicial de la Federación.
Creó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) como instancia encargada de la administración y vigilancia de los tribunales federales y, rediseñó de la estructura y atribuciones de la SCJN para convertirla en un órgano más compacto e influyente, dedicado a la resolución de asuntos que involucraban la interpretación de la Constitución federal.
La reforma de Zedillo redujo de 26 a 11 en su número de integrantes y estableció un periodo fijo de 15 años en el cargo y no hasta que llegaran a la edad de retiro obligatorio de 70 años.
Además, fijó requisitos más estrictos para ser ministro de la SCJN y cambios en la manera en que éstos eran propuestos y votados.
Los nuevos requisitos establecieron así, que no podrían ser ministros aquellos que habían desempeñado ciertos cargos públicos durante el año precedente al que fueran propuestos al Alto Tribunal. Además, de que tendrían una recomendación para designar "preferente" las personas que hubieran servido con eficiencia como jueces o abogados practicantes.
La reforma planteó también que durante los dos años posteriores al retiro, los exministros quedarían impedidos para desempeñarse en un cargo dentro del gabinete legal o ampliado, o cualquier otro de elección popular de tipo federal, incluyendo la elección de gobernador, o así como para actuar como patronos, abogados o representantes ante los órganos del Poder Judicial.
Zedillo incluyó en la reforma la creación de una carrera judicial, formada por 10 categorías administrativas, que van de los magistrados de Circuito y jueces de Distrito a los secretarios de acuerdos y "actuarios".