Reforma al Poder Judicial, los pros y los contras de la iniciativa

Marisol Méndez, coordinadora de incidencia de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, plantea, tras la aprobación con cambios, que no se advierte “nada positivo” en la reforma.

“Podrá haber algunos ajustes en algunos aspectos pero mientras se elimine la carrera judicial al ordenar que todos se van y se elige a los nuevos mediante voto popular, eso es hacer peligrar la independencia judicial”.

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Desde que el presidente la propuso, el 5 de febrero, el planteamiento ha tenido cambios, una parte promovidos por él mismo y sus allegados, así como participantes de los foros que se realizaron en la materia, aunque ninguna modifica en esencia la propuesta.

El expriista y abogado César Augusto Santiago ve positiva la propuesta. En un foro al respecto, realizado el 18 de abril por la Cámara de Diputados, sostuvo que “el dinero echó a perder al Poder Judicial de la Federación” por lo que considera "era urgente una reforma".

"Están violando la ley que impide el nepotismo (…) lo hacen entre familia: la esposa, el sobrino, el tío administran la justicia. Por eso siempre damos la bienvenida a cualquier reforma que regrese el prestigio que alguna vez tuvo el Poder Judicial”, señaló entonces.

La reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados y seguirá su ruta legislativa, mientra aquí te contamos algunos aspectos positivos y negativos de la propuesta.

La elección judicial

La reforma plantea elecciones para renovar a la totalidad del Poder Judicial: en 2025 para los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que en su lugar se elijan solo nueve.

En el caso de los magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, serán renovados de forma escalonada, primero los que están a punto de a jubilación, cuyos sustitutos se someterán a elección en 2025, y la otra mitad en 2027.

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El magistrado Reynaldo Manuel Reyes Rosas, presidente del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, considera que se necesitan juristas que sepan la Constitución, que estudien, la lean y tengan seriedad para aplicarla, por lo que la elección "es una tontería"

“La elección lo que quiere es hacer del Poder Judicial la nueva versión de La Casa de los Famosos, nada más nos falta una Wendy, un Sergio Mayer. Aquí no queremos ni necesitamos ser populares”, advierte.

Para él, lo que se requiere es reforzar la carrera judicial a partir de amplios procesos de convocatoria, exámenes y escrutinio público, lo que ya existe.

Por su parte, el exdirector de la facultad de Derecho de la UNAM, Raúl Contreras Bustamante, expuso, también en el foro realizado por la Cámara de Diputados, que el acceso a la justicia no está limitada a la acción de los jueces y depende entre otros factores, por lo que la elección de juzgadores no remediará el problema de acceso a la justicia.

"Una elección no modificará el problema de impartición de la justicia pues ésta también depende de las fiscalías, policías, de los servicios periciales, de los jueces y del sistema penitenciario", indicó.

Lo positivo de las elecciones judiciales, en cambio, es expresado por el jurista y exdiputado priista Jaime Miguel Moreno Garavilla, quien opina que el voto popular acercará al Poder Judicial a la gente.

Considera que hay capacidad para tener un sistema electoral para esta elección. “Cada tres años elegimos a 1,133 diputados locales, cada tres años elegimos, pues a 2,477 presidentes municipales cada tres años elegimos a 500 diputados federales ¿por qué no vamos a elegir a 1,136 integrantes del Poder Judicial de manera gradual?”, dice.

La elección acordada, asegura, “fue gradual para ser prudentes y parcial para no perder la experiencia de los órganos de gobierno”.

Justicia lenta

Otra motivación de la reforma, según el presidente López Obrador, es que la justicia no es pronta ni expedita.

En este caso, la reforma incluye disposiciones para acortar tiempos en materia de justicia y todo juzgador estará obligado a resolver los casos de forma expedita, en un máximo de seis meses contados a partir de que conozcan de un asunto. El plazo es de cuatro meses en delitos cuya pena máxima no exceda dos años de prisión y hasta un año para aquellos que excedan los 12 meses en cárcel.

Incumplir esos plazos obligará a los juzgadores a avisar al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) para justificar las razones, indica la minuta que ahora corresponderá al Senado analizar y en su caso aprobar.

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José María Soberanes Díez, investigador titular B de la Universidad Panamericana, plantea que sí podría arrojar beneficios el que la reforma haya fijado plazos para la resolución de los casos, lo que es un punto positivo de la Reforma Judicial, partiendo del hecho de que pueden pasar años para que una persona tenga una resolución.

“Fijar tiempos es una cosa positiva, aunque se deberá cuidar que no por hacerlo rápido se haga mal, o hacerlas lento y bien. Se puede, se debe encontrar un justo medio, para que se hagan las cosas rápido y bien”, destaca.

Un ejemplo del atraso en resolución de casos es que 37.3 % de las 233, 277 personas privadas de la libertad en 2023 no tenían sentencia. Uno de los retos que enfrentará cumplir los plazos, es la sobrecarga con la que funciona normalmente el Poder Judicial.

“Hoy están sobrecargados, sin embargo, con una inversión en tener más juzgados en el país, o meter tecnología para a ayudar a solucionar los conflictos, creo que por ahí viene el remedio”, comenta.

Al respecto, el exdirector de la facultad de Derecho de la UNAM, Contreras Bustamante, sostiene que el 40% de los juicios rezagados son de origen familiar y 30% controversias civiles, por lo que la justicia está congestionada en conflictos entre familias, exsocios y amigos y el 30% es todo lo demás, por lo que considera que eso no se resolverá con la reforma.

Para Leslie Jiménez Urzúa, coordinadora de proyectos de Impunidad Cero, la reforma podrá proponer tiempos recortados, pero advierte que sin personal, infraestructura ni el acento en capacitación, no habrá cambios.

“Hemos estado pidiendo volteemos a ver a las fiscalías, a la justicia local pues sólo 5% de los casos son de ámbito federal, 95% es de ámbito local (…) ¿Cómo una fiscalía puede trabajar si no tiene tinta, ni papel para iniciar la investigación?....es necesaria inversión en infraestructura y sin ella no habrá resultados", señala.

Combate a la corrupción

En el discurso presidencial con la reforma se acabará con la corrupción en el Poder Judicial. Para ello se plantea la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), como un Tribunal independiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) y del Órgano de Administración de la Corte, que investigará irregularidades.

Para Laurence Pantin, directora general de la Fundación para la Justicia, el motivo es loable, pero la solución no, y podría ser riesgosa para la independencia judicial, es decir para la libertad de criterio que debe tener todo juzgador al emitir sus resoluciones, sin presiones indebidas.

Por ejemplo, las razones por las que ese TDJ puede sancionar a las personas juzgadoras no son causales ya establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sino que “se incluyeron términos ambiguos como 'actos u omisiones contrarios a la adecuada administración de justicia', o a la 'imparcialidad' o 'independencia', y todos ellos dan pie a una interpretación a modo”.

Incluso una sentencia que no guste, sin parámetros ya previstos en ley y sujetos a decisión de quien integre ese TDJ podrá ser motivo de sanción, “por eso decimos que está ese riesgo de que los jueces sean investigados por el sentido de sus sentencias”, indica Pantin.

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Se suma a la preocupación el hecho de que ese TDJ “concentra las funciones de investigación, substanciación y resolución, contrario a lo establecido en los estándares internacionales y la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.

“Hay un error de diseño cuyas consecuencias podrían ser graves”, anotó la especialista: el TDJ será de tres integrantes, pero el pleno que resuelva sobre los casos que se proponga esa primera instancia será de cinco miembros –incluidos los tres del TDJ– por lo que no hay independencia entre la primera y la segunda instancia, y con ello no estará garantizado que los casos se resuelvan con garantías para las partes.

Un problema adicional de la reforma es que el órgano disciplinario también será electo por el por voto popular “es decir, mediante un proceso politizado, es extremadamente peligroso”, por lo que no se cuida la idoneidad de los perfiles, además de que no se prevén medidas disciplinarias si quienes queden al frente incurren en anomalías.