Leyes “haigan sido como haigan sido”
Batres también adelantó su rechazo a que prosperen acciones de inconstitucionalidad contra un conjunto de leyes que, según los quejosos, fueron reformadas en medio de violaciones a los procedimientos legislativos.
La ministra desestimó esos agravios como causal de una declaratoria de invalidez, pues afirmó que es el Poder Legislativo el que establece sus propios procedimientos y no la Corte.
“El Poder Judicial actúa legislando, abrogando leyes completas aprobadas por el Poder Legislativo, con base en principios que él mismo definió y que asume deben cumplir los poderes legislativos, en los que (la Corte) determina elementos de validez de los procedimientos de los congresos que no existen en la ley”, censuró la ministra.
“El Poder Judicial, creo, invade doblemente la facultad del Poder Legislativo y me parece que viola el artículo 49 constitucional. Por eso, violenta también el principio de actuación democrática, que ha dispuesto que sólo el Poder Legislativo, en tanto representación del pueblo produzca las normas”, dijo la ministra a fines del año pasado y ante senadores.
Además, añadió el 4 de enero en su discurso de asunción del cargo, ante el Pleno de la Corte, que ésta “se ha adjudicado facultades para legislar y determinar la reviviscencia de normas expresamente derogadas por el Congreso”.
La alusión fue por el caso del Plan B de reforma electoral, aprobado en diciembre de 2022 pero que entró en vigor en dos partes. En mayo y en junio de 2023 la mayoría de la SCJN invalidó las seis leyes reformadas y acordó la reviviscencia, pues declaró la vigencia de todo el marco legal electoral que estaba desde 2014 y que había sido abrogado por Morena y sus aliados.
En la aprobación del Plan B y en la de 20 reformas legales avaladas por el Senado de la República, en el llamado “viernes negro” del 28 de abril de 2023, y sobre las que se presentaron 19 acciones de inconstitucionalidad, se argumentaron casi las mismas violaciones graves al procedimiento parlamentario.
Entre los alegatos están que esas reformas se concretaron de manera exprés, sin que los asuntos fueran suficientemente discutidos. El Plan B reformó 352 artículos de seis leyes en cuatro horas, mientras que las 19 reformas de abril pasado se avalaron en un promedio de doce minutos cada una, y de madrugada, de acuerdo a los inconformes.
Entre los temas que incluyen esas 19 leyes reformadas y que deberá conocer ahora Batres Guadarrama, están enmiendas en materia de “militarización” del espacio aéreo, la creación y operación de la línea Aérea del Bienestar (Mexicana de Aviación); la concesión vitalicia del Tren Maya a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Otro asunto impugnado es la Ley Federal de Derechos que ahora marca que los ingresos que se recauden por concepto de derechos de visitantes extranjeros sean para un fideicomiso administrado por Sedena para operar el Tren Maya.
También estará bajo análisis la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, en la que se ordenó la inclusión de la Sedena y la Semar en la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Conahcyt), y dejó fuera a la comunidad académica.
En la revisión de ese paquete de reformas estará a análisis la posible falta de quórum, pues la senadora ahora exmorenista Claudia Balderas estaba de licencia, por un viaje en Bélgica, y su reincorporación sería el 29 de abril, fecha en que el Senado aún estaba en votación, de madrugada, por lo que quien emitió el voto fue su suplente.
