El legislador de Movimiento Ciudadano, Noé Castañón, en representación de los senadores de oposición, explicó que estas cuatro acciones de inconstitucionalidad son el primer bloque de impugnaciones que se presentarán en contra de las 12 reformas aprobadas en la última sesión ordinaria de la Cámara alta, conocida como “viernes negro”.
Los decretos impugnados son:
- Militarización del Espacio Aéreo.
- Ley General de Bienes Nacionales.
- Ley Federal de Derechos y Ley General de Turismo que pretende entregar al Tren Maya los recursos obtenidos por el turismo que lo utilice.
- Ley de Aeropuertos y Aviación Civil que busca crear la aerolínea del Estado.
- Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario que impulsa la militarización del Tren Maya.
- Ley Orgánica de la Administración Pública para concentrar todas las compras del Gobierno Federal en la Secretaría de la Función Pública.
El senador dijo que Movimiento Ciudadano está siempre del lado de la legalidad y de la constitucionalidad y acudieron a la Suprema Corte a pedir justicia y regularidad en los procesos legislativos y constitucionalidad en los actos que se aprobaron por el Senado y por la Cámara de Diputados.
A cada poder le corresponde hacer una cosa distinta y hoy la calificación de la constitucionalidad le tocará a la Suprema Corte. Confiamos en el éxito de este primer paquete de cuatro impugnaciones.
¿De qué van las acciones?
• La primera impugnación es contra del decreto que reforma diversas leyes para darle a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control y operación de la aviación civil, lo que profundiza la militarización del país, aunado a que se duplican las funciones establecidas en la Ley de Aviación Civil, a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
• La segunda es contra del decreto que le quita al Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) el 80% de los ingresos por la recaudación del derecho que pagan los extranjeros al ingresar a México, recursos que ahora serán administrados por una empresa paraestatal de la Sedena mediante un fideicomiso público sin estructura.
• El tercer decreto impugnado es el que propone asignar de manera indefinida y vitalicia la prestación de servicios públicos, así como el uso, aprovechamiento y explotación de bienes a las entidades paraestatales, lo que implica que la administración y operación del Tren Maya la tendrá la Sedena eternamente.
De acuerdo con los legisladores, esto contraviene el artículo 134 de la Constitución que establece que en las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes serán a través de adjudicaciones o licitaciones públicas mediante convocatoria pública.
