Familias de migrantes víctimas de incendio acusan olvido: “Estado, dé la cara”

Con una foto de su esposo sobre el regazo, Delmis recuerda lo que ha enfrentado en su búsqueda de justicia.

Migró con su marido, dos hijas, un hijo, su nuera y su nieto. Llegaron a México y Santos López decidió adelantar el camino con la promesa de enviar por la familia una vez instalado en Estados Unidos, pero agentes migratorios lo pararon en la frontera norte y lo recluyeron en el centro de detención de Ciudad Juárez, operado por el Instituto Nacional de Migración (INM).

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Un incendio en un centro de migrantes en Ciudad Juárez deja al menos 39 muertos

En esa estación las personas migrantes permanecían encerradas bajo llave. Según la versión oficial, dos de ellas prendieron fuego a un colchón en protesta por los malos tratos. Aunque el humo y las llamas se apoderaron del centro de detención, nadie liberó a las personas migrantes ni les auxilió. Fallecieron 40 y 27 resultaron con lesiones.

“Gritaba: ‘¡Ayuda! ¡Abran la puerta!’ Escuchaba que los demás decían: ‘¡Tenemos hijos, tenemos hijos! No nos dejen morir aquí adentro’. Y se hicieron de la vista gorda. No abrieron la puerta para salir”, recuerda Bryan Quintero, un sobreviviente del incendio originario de El Salvador.

Tras la negligencia, el gobierno mexicano anunció una investigación del caso y ha atribuido la responsabilidad a 11 personas: dos migrantes, un guardia de seguridad privada y ocho funcionarios públicos del INM, incluido Francisco Garduño, titular del organismo que, a la fecha, permanece en el cargo.

En agosto pasado, las autoridades migratorias anunciaron una indemnización para las familias de las víctimas mortales. Afirmaron que, para ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ya había aprobado un fondo. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) definió la cifra del apoyo.

Sin embargo, las familias y sobrevivientes aseguran que continúan sin justicia y reparación del daño. Una familiar de un migrante de El Salvador fallecido en el incendio, que prefiere resguardar su identidad por temor a represalias de las autoridades, explica que necesitan la ayuda, pero no han tenido acceso a ese fondo.

“Detrás de esos fallecidos habían familias, hay hijos, no solo hay uno, hay varios hijos”, declara en una conferencia de prensa organizada por el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI).

También exige que el gobierno de México informe sobre los avances en la investigación y garantice justicia.

“Somos varias personas que estamos interesadas no solo en una justicia monetaria, sino en una justicia verdadera y digna. Hacerle un llamado al Estado mexicano a que nos dé la cara, a que se haga presente", menciona.

A decir de la mamá de otro de los sobrevivientes, también salvadoreño, las cicatrices de su hijo son más profundas, van más allá del cuerpo quemado y las secuelas neurológicas, pues pusieron punto final al sueño de alcanzar bienestar en un país con menos violencia.

“Yo le doy gracias a Dios que me tiene a mi hijo con vida, pero ha quedado con secuelas de por vida, siendo un muchacho, joven. Solo iba por la lucha del sueño americano”, subraya.

“Exigimos la reparación del daño, le pedimos al gobierno que no deje esto impune, y a la CEAV también exigirle que tome cartas en el asunto”, añade.

Para Delmis Jiménez, la exigencia de justicia es por el incendio y los abusos que las autoridades mexicanas ejercen desde hace años en contra de las personas migrantes, sobre todo en contra de las originarias de Centroamérica.

Los agentes de Migración, narró, golpearon a su esposo cuando lo detuvieron y lo mantuvieron recluido.

“Era un lugar no apto para ir a encerrar tanto migrante. ¿Por qué lo golpearon? Nosotros no le hacemos daño a nadie. Simplemente migramos porque en nuestros países huimos por la delincuencia, otros por necesidad”, describe.

Tras el incendio, Delmis llegó hasta el centro de detención de Ciudad de Juárez y después regresó a Venezuela para el funeral de su esposo.

“Estuve a pasos de la estación de Migración donde mi esposo murió y para mí fue doloroso: ¿Cómo no se iban a morir esas personas ahí, ahogadas, si ese es un lugar muy pequeño, como un sótano. ¿Por qué las atraparon y las metieron ahí?”, reprocha.

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Recuerda lo difícil que es buscar justicia y apoyo en un país ajeno. No obstante, pese a los obstáculos, continúa con su exigencia.

“Yo pido que se haga justicia por todo, todo lo que ha pasado, porque es algo que no deben hacer. Algo que el gobierno y Migración deben tomar en cuenta es que las personas que estaban ahí no eran delincuentes, simplemente eran personas buscando un mejor sueño para su familia", declara.

En el marco del Día Internacional de las Personas Migrantes, la organización civil IMUMI respaldó la petición de justicia de las familias y sobrevivientes.

“Exigimos que el gobierno mexicano se comprometa de verdad, no solamente con palabras, a la reparación integral del daño, pero también a la justicia. No se puede permitir que un migrante más muera en territorio mexicano”, apunta Yesenia Váldez, asesora jurídica de la Fundación para la Justicia.