A 10 años de su creación, la CEAV se mueve entre el abandono institucional

¿Qué es la CEAV?

Luego de que el 6 de septiembre de 2011 se creó la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos, en 2013, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue publicada la Ley General de Víctimas, la cual dio pie a la creación de la CEAV.

A 10 años de haber sido creada, la Comisión se ha convertido en el órgano operativo del sistema nacional de atención a víctimas, mediante el cual, el gobierno busca garantizar la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil en el Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

¿Para qué sirve la CEAV?

Su misión ha sido acompañar a las víctimas para que recuperen su proyecto de vida y en su poder ha estado la atención de quienes, por ejemplo, han sido víctimas directas o indirectas de desaparición forzada, feminicidios o un caso reciente, la atención de sobrevivientes al incendio que se registró en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en Chihuahua, el 27 de marzo de 2023.

En diciembre de 2022, la CEAV mantenía inscritas a 54,000 personas en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi). De ese total, 7,594 se inscribieron en 2022 como víctimas de delito y/o violación a sus derechos humanos (14% del total), de las cuales 70% corresponde al ámbito local y el 30% al ámbito federal. Mientras que al tercer trimestre de este 2023, sumaban ya 9,649 registros asignados en el Renavi; de éstos, 7,467 en el ámbito estatal y 2,182 federales.

En el abandono institucional y presupuestal

Pese a que la CEAV lleva ya 10 años de existencia, sus deficiencias se mantienen.

La organización Causa en Común presentó el pasado 19 de octubre, el informe “La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas: una década de simulación”, en el que lamentó que a una década de buscar hacerle frente a la violencia e inseguridad que vive el país, la CEAV se encuentra en el abandono institucional y presupuestal,

Se le relegó "como una institución aislada e incapaz de cubrir las expectativas de atención y de reparación integral del cada vez más amplio y complejo universo de víctimas en el país", señaló.

Y es que según la organización, hasta 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) calculaba más de 22 millones de personas víctimas del delito en México, aunado a las cerca de 67,780 víctimas de violaciones a Derechos Humanos, que calcula la CNDH se han registrado entre 2015 y 2022.

Además, alertó que mientras entre 2014 y 2019 la CEAV incrementó el número de atenciones dadas a víctimas, de 2020 a 2022, los registros fueron a la baja.

El informe destacó que durante el actual gobierno del presiente Andrés Manuel López Obrador, la CEAV ha enfrentado también problemas presupuestales, y que incluso "existe una ausencia de voluntad política para hacer funcionar al Sistema".

"En este sexenio, el presidente López Obrador nunca ha convocado al Pleno del SNAV para la revisión, el diseño y aplicación del Plan Anual Integral de Atención a Víctimas. Además, ni el Programa de Atención a Víctimas ni el Reglamento de la Ley han sido actualizados, careciendo así de una estrategia clara", apuntó.

No obstante, con el inicio del sexenio del presidente López Obrador también se redujeron los recursos aprobados para el fondo a 430 millones de pesos cada año de 2019 a 2020.

En tanto que a finales de 2020, el fondo fue eliminado por completo, junto con otros 108 fideicomisos y, en su lugar, se anunció que la atención a víctimas se financiaría con la asignación anual de recursos.

“Con esta medida se eliminó la posibilidad de que la CEAV contara con fondos revolventes que brindaran certidumbre a los recursos para la atención y quedó a expensas de la negociación anual del presupuesto”, indicó el informe de la organización.

Además, Causa en Común detectó también que los recursos humanos de la CEAV están estancados, pues su servicio de asesoría jurídica para la atención a víctimas se encuentra sobrecargado, y es que si bien la CEAV debería de contar con 274 asesores jurídico, de 2018 al presente año, el número de asesores disponibles se mantiene en 123.

Ante estas deficiencias, la organización calificó a la CEAV como un organismo colapsado, pues los apoyos que se brindan resultan ineficientes para lograr la reparación integral de las víctimas.

En 2022, la CEAV otorgó 13,034 medidas de ayuda y reparación. Tan sólo 20 fueron apoyos orientados a la reparación por violaciones a los derechos humanos. En tanto que la inmensa mayoría de los apoyos, que si bien pueden ser útiles y valiosos para las víctimas que los reciben, se dirigen únicamente a solventar sus necesidades más inmediatas, siendo los apoyos para traslado (36%) alimentación (33%) y alojamiento (30%) los que concentran prácticamente la totalidad de los recursos otorgados.

Al respecto, Estefanía López Mendoza, investigadora de Causa en Común, en entrevista para Expansión Política enfatizó que la promulgación de una Ley de Atención a Víctimas no debe de dejarse de ver como "un mecanismo extraordinario ante a una situación de escalada de violencia en el país".

"En teoría, en un Estado de Derecho no tendría que existir una Ley de Atención a Víctimas", apuntó.

Insistió que a 10 años de haber sido creada la CEAV, aún existen problemas en la definición de víctimas, pues por parte del Estado no existe un criterio ni un conocimiento para establecer quién es una víctima, en tanto que también hay recortes presupuestales y descoordinación entre instituciones.

"El problema de atender a las víctimas es complejo porque vemos que el mismo Estado también termina produciendo víctimas y de hecho, cuando se diseñó la ley no incluía a las víctimas por parte del Estado en este universo de víctimas, y aunque se establece que hay tres tipos de víctimas (víctimas directas, indirectas y grupos sociales), por ejemplo, en un caso de desaparición forzada, las víctimas directas sería la persona que desaparece, las indirectas, los familiares y los grupos sociales que contarían como víctimas, pues tenemos problemas para definir qué grupos sociales serían considerados así, por lo que al dejar este criterio abierto hay un abanico abierto para que cualquier persona se considere víctima de algún delito o violación a sus derechos humanos", explicó.

López Mendoza agregó que durante la actual administración presidencial, en donde la CEAV ha estado a cargo de cinco diferentes personas —Jaime Rochín, quien estuvo al frente al inicio hasta que renunció el 15 junio de 2019; Mara Gómez Pérez, del 11 de diciembre de 2019 al 23 de junio de 2020; Andrés Carlos Vázquez Murillo, de junio de 2020 al 4 de enero de 2021 y Martha Yuriria Rodríguez Estrada, quien es titular de la Comisión desde diciembre de 2021—, el organismo se mantiene en el olvido pues se mantienen los recortes presupuestales.

"Vemos que se desapareció el Fondo de Ayuda, Asistencia y reparación integral y no solamente eso, sino que hubo una disminución al presupuesto de la CEAV, al gasto corriente, hubo una disminución del 75%", apuntó.

Por ello, la investigadora insistió en que "la atención a víctimas en México no tiene una solución fácil como dar dinero a las víctimas", ya que apuntó, "esto no habla de una reparación del daño, pues solo se cubre una necesidad económica y el problema va más allá".

Sin embargo, insistió, un primer paso para solucionar y solventar las deficiencias de la CEAV, sería regresar Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FARI) y cumplir cabalmente con lo establece la Ley de Atención de Víctimas, para alcanzar la coordinación necesaria y brindar la atención necesarias a las víctimas.

Cabe destacar que la CEAV acumula desde 2013 hasta marzo de 2023 un total de 405 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de las cuales 302 han sido calificadas como hechos violatorios a los derechos humanos.