En lo que va del año, según los registros de la organización mencionada, al menos 213 policías han sido asesinados en México, siendo Guanajuato "el estado más peligroso para los policías en el país".
Hasta junio de 2023, de los 213 policías asesinados, 106, es decir, el 50.2% fueron policías municipales, 84 fueron policías estatales, 39.8% y 21 policías federales.
En entrevista para Expansión Política, Escobar Ayala explica que los estados con mayor cantidad de policías asesinados en este periodo son Guanajuato (39), Zacatecas (17), Chihuahua (17), Michoacán (13), Colima (13) y Jalisco (12).
Ante esta situación, el investigador subraya que parte del debilitamiento y abandono que han sufrido las fuerzas de la orden civil de seguridad, es que muchas de estas policías locales no cuentan con los insumos suficientes debido a la falta de presupuesto que pueda ser destinado a cosas elementales, como la compra de equipamiento, uniformes, armas, utensilios de incapacidad, aunado a que en muchos casos mantienen jornadas laborales extensas, sin periodos de vacaciones e incluso laboran sin seguridad social.
El investigador apunta, además, que las condiciones en las que laboran las fuerzas policíacas locales se han visto afectadas principalmente por la política de militarización del país que se continúa impulsado durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y en donde una gran cantidad de recursos han sido destinados principalmente para fortalecer la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.
Y es que si bien el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para este 2023 es de 8 mil 786 millones de pesos, y por el Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (FORTASEG) es de 1 mil mdp, entre los dos suman una cantidad de recursos “paupérrima” si se le compara con los 112 mil mdp que el gobierno federal destinó a la Sedena, los 67 mil 826 mdp que se destinaron a la Guardia Nacional o los 41.8 mdp que fueron destinados a la Marina.
“Estamos hablando de una bolsa enorme de recursos que hoy en día controla la Secretaría de Defensa Nacional y que directamente impacta en el avance de la militarización, en detrimento de las capacidades de las policías estatales y municipales”, subrayó Escobar Ayala.