Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han registrado diversas problemáticas y polémicas relacionadas con el diseño, impresión y distribución de los libros de texto gratuitos de la SEP . Esto es lo que está pasando con ellos y la polémica al respecto.
Estos materiales han tenido retrasos en su elaboración; su contenido ha sido cuestionado por asociaciones civiles y en su proceso de impresión se han asignado contratos a proveedores cercanos al mandatario.
La más reciente traba que enfrenta la autoridad educativa es la suspensión definitiva de la impresión de los nuevos libros de primaria y secundaria, que se usarán en el ciclo escolar 2023-2024 .
Un juzgado federal concedió en mayo la suspensión a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), asociación que ha señalado que los materiales se diseñaron sin apegarse a los planes de estudio vigentes y sin consultar a la comunidad educativa.
Además de este caso, en otros momentos del sexenio actual se han enfrentado obstáculos por los libros de texto.
Tres meses después de que López Obrador asumiera como presidente de México, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) informó que, en conjunto con los talleres gráficos, trabajaba a marchas forzadas en la elaboración de paquetes escolares para el ciclo que iniciaría en agosto de 2019.
Sin embargo, en abril de ese año, el presidente difundió que un grupo de empresas proveedoras de papel formó un bloque para ofrecer al gobierno un precio más elevado por el producto, con el que se elaboran los libros de texto.
El mandatario aseguró entonces que, de persistir esa práctica, las licitaciones para la adquisición de papel se abrirían al mercado internacional.
Mientras el gobierno definía a qué proveedor comprar el papel, la impresión de los libros se retrasaba. En abril de 2019 fue evidente que los materiales de educación básica sumaban cuatro meses de retraso. Generalmente, la impresión de los libros inicia en diciembre, un año antes del ciclo escolar al que serán destinados; pero en 2019 la impresión todavía no arrancaba en abril, porque las licitaciones para la producción de los libros se declararon desiertas.
Este gobierno modificó el procedimiento para elegir a los proveedores, al establecer que ya no sería la Conaliteg la encargada de seleccionarlos, sino la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda.
Además, mientras otros años el concurso se lanzaba en septiembre, en 2019 se convocó hasta marzo.
También en abril de 2019 se dio a conocer que Grupo Bio Pappel, la empresa de Miguel Rincón Arredondo, compadre y asesor empresarial del presidente López Obrador, había ganado un contrato abierto por hasta 221.6 millones de pesos para proveer papel offset a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.
Ante las críticas por la cercanía del proveedor, López Obrador anunció que pediría que se cancelara el contrato.
“Le pido a mi compadre, a Miguel Rincón, que entienda las circunstancias, nosotros no sólo somos honestos, queremos que se sepa, que no quede ninguna duda de nuestra integridad, es ser y parecer, y esto aplica en todo", declaró entonces en su conferencia mañanera.
Tras la polémica, el compadre renunció al contrato sin exigir indemnización al gobierno, como establece la ley ante una cancelación injustificada; pero sostuvo que no tenía ningún impedimento legal ni conflicto de interés para participar en futuras licitaciones públicas.
Después de que el gobierno reconociera el atraso en la distribución de los libros, en junio la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Seguridad participarían en la entrega de los materiales.
Y un mes después, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Conaliteg y a la Secretaría de Hacienda a informar sobre el estado de la producción, distribución y entrega de libros de texto gratuitos para el siguiente ciclo escolar.
Pese a las presiones y aunque el gobierno asignó contratos de última hora por hasta 182 millones de pesos para agilizar la entrega, las clases de ese año arrancaron el 22 de agosto con 90% de los libros repartidos en las escuelas del país.
En agosto de 2020 se repitió la escena, pero esta vez por los retos que impuso la pandemia de covid-19. Dos meses después de iniciar el ciclo escolar de ese año, aún faltaban por entregar 5 millones de ejemplares.
La Secretaría de Educación Pública se vio envuelta en una nueva polémica en marzo de 2021, cuando convocó a creadores visuales a rediseñar los libros de texto sin recibir remuneración económica. Tras la convocatoria, diversos artistas pidieron diálogo para negociar el pago, pero la SEP aseguró que no pagaría por ser año electoral.
En ese momento, la Asociación Mexicana de Profesionales de la Edición rechazó la convocatoria y acusó que la situación propiciaba la improvisación en el rediseño de los libros y perjudicaba a los profesionales dedicados a ello.
La SEP buscaba rediseñar 18 libros, pero sólo consiguió cambiar dos y algunos especialistas en pedagogía los consideraron confusos y borrosos. Después, la SEP convocó a un nuevo rediseño y, en esa ocasión, ofreció un pago de 5,000 pesos.
Tras modificar el plan de estudios para la educación básica en 2022, la SEP se ha dado a la tarea de rediseñar otra vez los libros de texto de primaria y secundaria. Según la dependencia, estos incluirán temas de inclusión e igualdad de género. Pero padres y madres de familia, y distintas organizaciones educativas, han señalado que hay errores en el diseño, “sesgo ideológico” y falta de procedimientos adecuados en su elaboración.
Por ello, han pedido a la SEP que detenga su impresión e interpuesto amparos contra el proceso de elaboración de los libros de texto.
Pese al amparo concedido a la UNPF en mayo de 2023, la SEP y la Conaliteg iniciaron la distribución de libros de texto en julio.
La resolución judicial obligaba a las dependencias a comprobar que el rediseño de los ejemplares siguió el procedimiento legal y les exigía someterlos a consulta de expertos y gobiernos estatales antes de distribuirlos.
Sin embargo, las dos dependencias se negaron a proporcionar copias de los ejemplares, por lo que la jueza resolvió el 29 de junio que había desacato y el 31 de julio dio 24 horas para acatar la suspensión definitiva.
La SEP informó que ha cumplido con los requerimientos judiciales y que no había sido notificada oficialmente, pero que atendería la solicitud cuando la reciba.
En algunos estados, como Guanajuato y Morelos, las autoridades educativas anunciaron que almacenarían los nuevos libros hasta que la SEP concluya el proceso legal. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que los libros no se guardarán.
"No se van a retirar. No hay motivo o razón para retirarlos o para embodegarlos. Estamos hablando de millones de ejemplares. No, en todos lados se van a distribuir", declaró.
