Constitucionalistas: nulidad de “Plan B” manda mensaje de respeto a los procesos

Tras el fallo, las críticas y felicitaciones a la Suprema Corte de Justicia surgieron desde Morena, aliados y la oposición. Sin embargo, la resolución del Poder Judicial a lo que entró en vigor el 28 de diciembre de 2022 no es un triunfo para la oposición ni una derrota para Morena, sino la defensa de la Constitución y los procesos legislativos, valoran expertos en leyes y en materia electoral.

Francisco Burgoa, abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica que la Corte hizo valer su facultad como “guardián y garante” de la Constitución.

“No se debe de hablar de ganadores y perdedores, se tiene que hablar de la defensa de la Constitución. La Suprema Corte está haciendo uso de sus facultades: ser quien funja como guardián y garante de la Constitución porque ese es el objetivo que tiene la Suprema Corte, hacer que prevalezca el orden constitucional ante cualquier acto que provenga de cualquier autoridad”, explica.

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La Suprema Corte invalida la primera parte del "Plan B" de la reforma electoral

A pesar de las presiones que desde la Presidencia de la República, a través de la Consejería Jurídica, se ejercieron la Suprema Corte invalidó una parte de una de las reformas clave del presidente Andrés Manuel López Obrador. A decir de expertos como Juan Jesús Garza Onofre, maestro en Estudios Avanzados en Derechos Humanos y Argumentación Jurídica y doctor en Filosofía del Derecho, el mensaje que envía la Corte a Morena es que a pesar de tener mayoría debe respetar los procesos legislativos.

“La Corte llama la atención a los legisladores: ‘hagan bien su trabajo’… Si Morena quiere cambiar algo, está en posibilidades de hacerlo, tiene la mayoría en ambas cámaras, tienen los partidos satélites, están en posibilidad de hacerlo, pero necesitan hacerlo de acuerdo a las leyes vigentes”, refiere.

En la argumentación de su proyecto, el ministro expuso que hubo un “cúmulo de irregularidades y violaciones” a los reglamentos de ambas cámaras. Bajo esta premisa, los expertos consideran que la segunda parte del “Plan B” de la electoral y el paquete de 20 iniciativas aprobadas el conocido como “viernes negro” de Xicoténcatl también correrán el mismo futuro.

“Será prácticamente lo mismo, lo que pasa es que la segunda parte del 'Plan B' tardó más en publicarse y en impugnarse, pero tienen los mismos vicios”, sostiene José María Soberanes Díez, abogado y profesor universitario especializado en derecho constitucional.

Con él coincide Burgoa: “Va a ocurrir lo mismo con las impugnaciones que se presenten por las 20 reformas que se aprobaron hace dos semanas en la noche-madrugada por el Senado de la República van a correr ese mismo riesgo. Éste es un mensaje que la Corte le manda a la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados ‘no porque tengan la mayoría significa que van a poder cometer violaciones al procedimiento legislativo, tienen que ceñirse a las reglas para la aprobación de las leyes que se establecen en la Constitución, en la Ley Orgánica del Congreso la Ley Orgánica, la ley para el Gobierno Interior del Congreso y los dos reglamentos de Cámara de Diputados y del Senado de la República”.

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Con anulación, se resguardan principios constitucionales

Si bien la anulación de la primera parte del "Plan B" electoral no entró en la sustancia de lo que proponían la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, su nulidad permitirá resguardar principios constitucionales.

Las reformas a la Ley General de Comunicación Social permitían a servidores públicos hacer propaganda, promoverse a sí mismos o a partidos y otros candidatos bajo los argumentos de que hacían uso de su libertad de expresión y que brindaban información.

Mientras que la Ley General de Responsabilidades Administrativas establecía como “falta no grave” realizar propaganda gubernamental con recursos públicos que incluyera nombres, imágenes, voces o símbolos que implicaran algún tipo de promoción personalizada para cualquier servidor público.

Estos cambios permitían a las corcholatas presidenciales o a cualquier otro interesado en los procesos electorales de 2023 y 2024 realizar actividades de difusión o promoción.

“Las modificaciones permitían que los servidores públicos, sobre todo, pudieran para tener mayor libertad para participar en actos proselitistas y para usar las plataformas de gobierno para promoverse. Ahora, seguiremos con los criterios que tenía antes el tribunal y el INE y con lo que establece la ley de que no los servidores públicos en días y horas hábiles no pueden buscar la promoción, no pueden usar recursos públicos, no pueden promover su imagen su nombre”, explica Arturo Espinosa, analista político y director de Laboratorio Electoral.

Las restricciones a los servidores públicos para impedir que influyeran en las elecciones fueron una contribución de la reforma político-electoral de 2007-2008.

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Al respecto Juan Jesús Garza Onofre recuerda que cuando López Obrador estaba en la oposición quería limitar “a la libertad de expresión” de funcionarios que opinaban sobre elecciones, candidatos y partidos (se recuerda el famoso "Cállate Chachalaca" dirigido a Vicente Fox por opinar), pero ahora en el poder recurren a ese mismo derecho para hacer propaganda.

“Estamos viendo una doble discurso: por un lado cuando estás en la oposición, no te conviene pero cuando estás en el poder sí. Este tipo de cuestiones sí tendrían que estar reguladas, sí tiene que haber una legislación que no permita a las personas que están en el poder en turno llevar a cabo actos de campaña a favor de uno u otro candidato”, plantea.

Una Corte independiente y el voto de Zaldívar

Cuatro de los 11 ministros fueron propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador: Yasmín Esquivel Mossa, Ana Margarita Ríos Farjat, Loretta Ortiz Ahlf y Juan Luis González Alcántara. De ellos solo las ministras Ortiz y Esquivel votaron en contra del proyecto que se pronunció por la nulidad de la primera parte del “Plan B”.

Incluso, la nulidad del mismo fue avalada por el ministro Arturo Zaldívar, expresidente de la Suprema Corte y quien durante casi cuatro años mostró cercanía al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Me parece que sí existieron violaciones al procedimiento legislativo que afectaron grandemente y de manera determinante la deliberación democrática de las normas que se están impugnando.

"La iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario de Morena fue presentada y sometida a votación de la Cámara de Diputados prácticamente el mismo día y hora de la sesión correspondiente, no hay constancia de la publicación previa conforme marcan las normas correspondientes, y tampoco tenemos constancia de que haya sido del conocimiento de las Diputadas y Diputados con la antelación necesaria para conocer a cabalidad su contenido y poderse posicionar y discutir. Para mí, este simple hecho es suficiente para considerar que existieron violaciones graves al procedimiento”, argumentó el ministro durante la sesión de este lunes.

Para los expertos, la decisión de este lunes molestará al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su gobierno. Los ataques a la Corte ya comenzaron. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acusó a los ministros de proteger intereses particulares.

A pesar de que desde Palacio Nacional aumenten los descalificativos hacia ese poder, la Corte dio muestra de que hay reductos de independencia.

“Es buena la independencia que mostró la Suprema Corte, siempre se valorará este reducto para hacer valer el estado de derecho y la Corte a pesar de todas las presiones recibieron en los últimos días ha dado muestras de que va a defender a lo que manda la Constitución y no lo que le sugieren hacer desde sus vecinos de Palacio Nacional”, agrega José María Soberanes Díez.

Ahora, el futuro de la segunda parte del "Plan B" electoral está en manos del ministro Javier Laynez Potisek, quien deberá resolver a la brevedad, pues el proceso electoral de 2024 está a semanas de iniciar.