La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aclaró que no es factible atender solicitud de Presidencia de la República, respecto de resolver las impugnaciones presentadas en 2018 contra de la Ley General de Comunicación Social, antes de pronunciarse sobre el llamado “Plan B” de la reforma electoral aprobado en 2022.
Por unanimidad, el Pleno determinó que el análisis del referido plan que comenzará el próximo lunes 8 de mayo, no provocará el dictado de sentencias contradictorias
Tampoco, se informó en un comunicado, afectará los principios de seguridad y certeza jurídica, ya que en este asunto se impugnaron procedimientos legislativos que son distintos a los controvertidos en 2018, a pesar de que se trate de la misma norma, esto es, la Ley General de Comunicación.
“La ministra Norma Lucía Piña Hernández, Presidenta del Poder Judicial de la Federación, sometió a consulta de las y los integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal de no resolver la acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, hasta en tanto no se pronuncie sobre otra acción presentada en 2018, en contra del decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social”, añade el texto.
De igual forma se establece que “el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas –a la cual no se le dio el trámite de materia electoral–, no ha sido entregado a la Secretaría General de Acuerdos de la SCJN”.
Ello, luego que la Presidencia de la República, a través de su Consejería Jurídica recordó que en orden de prelación y por seguridad jurídica, senadores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Movimiento Ciudadano (MC) impugnaron la referida Ley hace casi cinco años.
La petición del Gobierno Federal se dio luego de que se difundió un proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán en el que propone al Pleno de Corte invalidar la primera parte del llamado “Plan B”, lo que dejaría de lado el debate sobre la constitucionalidad o no de las reformas electorales.
Y es que según el contenido del proyecto, existen violaciones graves al procedimiento legislativo que impactaron de manera directa en la aprobación de dicho plan, impugnado por PAN, PRI y PRD, así como diputados y senadores.
