Gobierno federal pide a Corte resolver impugnaciones de 2018, antes que “Plan B”

La petición se da luego de que se difundió un proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán en el que propone al Pleno de Corte invalidar la primera parte del llamado “Plan B”, lo que dejaría de lado el debate sobre la constitucionalidad o no de las reformas electorales.

De acuerdo al proyecto, existen violaciones graves al procedimiento legislativo que impactaron de manera directa en la aprobación de dicho plan, impugnado por PAN, PRI y PRD, así como diputados y senadores.

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Presidencia condena “filtración” de proyecto que busca invalidar “Plan B”

El Gobierno Federal solicita al alto tribunal resolver primero sobre la constitucionalidad del decreto que expidió la Ley General de Comunicación Social (LGSC) el 11 de mayo de 2018, y posteriormente, analizar la validez de la reforma a dicha norma, aprobada en diciembre de 2022.

Y es que la expedición de la Ley de Comunicación fue aprobada antes del inicio del proceso electoral federal 2017-2018 por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), lo cual fue impugnado por presuntos vicios en el procedimiento legislativo y porque algunas de sus disposiciones no son acordes con la Constitución federal.

Al dar trámite a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas 53/2018 y 55/2018, la SCJN consideró que la LGCS impugnada no tenía carácter electoral ni concedió la suspensión solicitada por estimar que era una norma general y abstracta.

“Contrario a lo que ahora se resolvió en la diversa acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, relativa al decreto por el que se reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas en diciembre de 2022 (plan B)”, detalla la Consejería Jurídica.

“La solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal es con el propósito de evitar la emisión de sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del pueblo de México, por lo que hace un respetuoso llamado a la SCJN para que resuelva los asuntos de su conocimiento sin consignas ni distingos políticos, por el bien de la República y el sano equilibrio entre los Poderes de la Unión”, indica.