SCJN entierra fondo climático y México queda expuesto a una crisis ambiental

Ante el impacto que significa la carencia de una bolsa específica de atención al cambio climático, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) interpuso un amparo contra la extinción del fondo, pero hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enterró la posibilidad de restituir el fideicomiso.

Este abril, la Segunda Sala de la Corte aprobó el proyecto de sentencia de la ministra Yasmín Esquivel y negó el amparo al considerar que la desaparición del fondo no representaba un retroceso.

Con esa resolución, la esperanza de mantener el Fondo para el Cambio Climático ha muerto, y México se encamina en una ruta contraria a la recomendada: mientras la ONU ha urgido a los países a destinar más recursos contra el cambio climático, las autoridades mexicanas desaparecen los financiamientos que atienden las consecuencias de esta crisis.

El olvido de las políticas medioambientales

A decir de Carlos Asúnsolo Morales, gerente de Investigación y Política Pública del Cemda, la extinción del fideicomiso es reflejo de la poca importancia que este gobierno da a la protección del medio ambiente y de la carencia de una verdadera política pública en la materia.

“No es una medida aislada por parte del gobierno federal, sino que es una serie de medidas regresivas que van debilitando al Estado mexicano y mermando su capacidad para cumplir con los compromisos internacionales que tiene en materia de cambio climático”, señala en entrevista.

Sin transparencia sobre el destino de sus recursos y sin asignación presupuestaria que financie acciones contra el cambio climático, México queda más vulnerable ante los embates de esta crisis que, subrayan los especialistas, ya es una realidad.

Tras la publicación de la Ley General de Cambio Climático en 2012, el fondo se constituyó como su principal bolsa de recursos. Contaba con reglas de operación y permitía al país, estados, municipios y organizaciones acceder a convocatorias internacionales y privadas para financiar proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático.

Al desaparecerlo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales quedó a cargo de manejar recursos para este fin. Pero, a la fecha, sostienen los expertos, no se han etiquetado recursos específicos.

“Pasamos a un manejo discrecional y arbitrario de recursos, porque ahora no sabemos muy bien para qué se van a utilizar”, menciona Carlos Asúnsolo.

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Financiar combustibles fósiles con recursos “verdes”

A la fecha se sabe poco de los recursos del fideicomiso. Aunque existe el Anexo Transversal 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación, donde se incluye el dinero relacionado con el combate al cambio climático, estos recursos se usan para otros fines.

Una investigación del Cemda identificó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha tomado muchos más recursos del anexo para financiar gas natural. Entre 2018 y 2020, la dependencia usó 500% más dinero de esa bolsa, incluso más que lo que ha recibido la Semarnat, que es la encargada de conducir la política climática, sostiene el experto.

“Recursos que, se supone, tendrían que estar destinados a reducir la vulnerabilidad climática de México, realmente están siendo utilizados para profundizar el uso de un combustible fósil”, lamenta.

En 2021, los recursos existentes para la atención del cambio climático representaron 1.1% del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Mientras que los recursos dirigidos a la explotación de combustibles fósiles, principal fuente de emisiones causantes del calentamiento global, representaba 11.6%, según cálculos del Cemda.

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A esto se suma el gobierno federal construye megaproyectos sin estudios de impacto ambiental profundos; pretende desaparecer organismos importantes de investigación y diseño de políticas contra el cambio climático, como el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

Esto muestra que la administración de López Obrador ha impulsado no una, sino una serie de políticas regresivas en materia de medio ambiente y cambio climático, coinciden los especialistas.

“Vemos con preocupación que las políticas llevadas a cabo por el gobierno federal han sido regresivas en materia ambiental y de derechos humanos”, subraya Nora Cabrera, abogada experta en justicia climática y directora de la asociación civil Nuestro Futuro.

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Emisor y vulnerable

México está entre los 10 países del mundo que más gases de invernadero emite. También es, por su condición geográfica, uno de los más vulnerables a los efectos del cambio climático.

Sin embargo, no tiene (ni muestra voluntad política para hacerlo) una política preventiva y un fondo que permita reaccionar a desastres medioambientales provocados por el cambio climático, sostienen.

Una vez más, el ejemplo es la Comunidad del Bosque en Tabasco, que en cuatro perdió, aproximadamente, 200 metros de costa. Sin un programa claro de atención, tuvieron que pasar tres meses y exponer la situación de los habitantes de este lugar en la conferencia matutina del presidente para que se ordenara atender la situación. En febrero de 2023 se anunció que se reubicará la comunidad. Faltan los resultados.

“Pero qué pasa con todos esos casos que no tienen esa posibilidad y que van a seguir ocurriendo mientras México no ajuste su política energética y medioambiental a los compromisos de cambio climático. Esto nos pone en una situación de mayor vulnerabilidad, con menos capacidad de reacción a ese tipo de desastres”, dice la experta.