En 21% de los casos no se ha identificado al agente agresor debido a la falta de esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades o porque no hubo denuncia formal y, por lo tanto, tampoco se realizó una investigación. En tercer lugar, con 13% de los casos, la delincuencia organizada es señalada como el agente agresor.
Gustavo Alanís, director ejecutivo del Cemda, urgió a las autoridades a instaurar una política eficiente de protección a las personas defensoras.
“Hay que atajar la impunidad. Tenemos una impunidad en estos casos, prácticamente, del 100%. No hay investigación, no hay acusados, no hay nadie sentenciado, no hay nadie en la cárcel. Necesitamos que el Estado mexicano deje de ser omiso”, subrayó.
Violaciones en casi todo el país
En 23 de los 32 estados de la República se documentó, al menos, un evento de agresión. Por segundo año consecutivo, Oaxaca es la entidad federativa con más agresiones, al sumar 24 en 2021 y 34 durante 2022. Le sigue la Ciudad de México, con 27 agresiones, Chihuahua, con 21; Jalisco, con 20, y Chiapas, con 19.
Respecto a los asesinatos, Guerrero es el estado que registra el mayor número, con siete personas; seguido de Chihuahua, Oaxaca y Puebla, con tres homicidios cada uno.
Las agresiones ocurrieron, sobre todo, en contra de personas defensoras ambientales que se oponen al sector minería y a los grandes proyectos que impulsa el gobierno federal, como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Tren Maya.
