Órganos de justicia “mochos”
El análisis realizado por el investigador César Alejandro Giles Navarro, del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado, señala que las deficiencias en la integración y trabajos realizados por el SNA se arrastran desde 2015, sin embargo se mantienen igual o se ha agudizado en 2023.
“Hay que decir que la falta de nombramientos no es un fenómeno exclusivo de este gobierno, como es el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), creado por la reforma anticorrupción de 2015. Este tribunal ha estado incompleto desde entonces hasta la fecha”, indica.
El SNA creado en ese año –recuerda el investigador– estableció la creación de una Tercera Sección del TFJA como la instancia responsable de fincar a los servidores públicos y particulares responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales.
Sin embargo, hasta 2019 empezó el proceso designación de magistrados y sólo se ratificó a dos de tres magistrados, en 2021, por lo que una parte sigue pendiente.
Y no se han integrado las cinco salas que establece la ley, pues el presidente López Obrador envió una iniciativa para reducir el aparato del TFJA, pues ha señalado una proliferación de organismos e instituciones anticorrupción.
“Desde luego que todas las instituciones antes mencionadas cuentan con una estructura y procedimientos que les permiten seguir funcionando aún sin personas titulares que las encabecen, sin embargo, resulta innegable que la ausencia de responsables en la punta de la pirámide impacta en el desempeño institucional y dificulta la rendición de cuentas al diluir las responsabilidades”, establece la investigación.
Instancias fiscalizadoras austeras y a medias
El análisis refiere que las instituciones fiscalizadoras han sufrido recortes presupuestales y “un hecho que podría explicar la disminución de las auditorías realizadas a nivel federal y, por tanto, de la identificación y sanción de actos de corrupción. es el recorte presupuestal que ha sufrido la Secretaría de la Función Pública (SFP), en el marco de las medidas de austeridad implementadas durante la presente administración”.
En este sexenio, la SFP ha ejercido presupuestos por montos de entre 1,400 y 1,600 millones de pesos, “en términos reales, (descontando la inflación acumulada durante el periodo 2013-2022), el presupuesto destinado para la SFP en 2023 es 40% menor al que ejerció la dependencia diez años atrás, en el 2013”.
Desde 2020, por razones de austeridad, se anunció la cancelación de la plaza de la persona titular de la Subsecretaría de Responsabilidades y Combate a la Impunidad, “en apego a las medidas de austeridad republicana decretadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador”.
En junio de 2021 el entonces Subsecretario de Fiscalización y Combate a la Impunidad, Roberto Salcedo, fue nombrado como titular de la SFP, en relevo a Irma Eréndira Sandoval.
Desde entonces, hasta la fecha no se ha nombrado a un sustituto en esta subsecretaría, a pesar de que, de acuerdo al Reglamento Interno, tiene la atribución de fortalecer el sistema de control interno, la evaluación y mejora de la gestión gubernamental, la fiscalización en la Administración Pública Federal y la Ciudadanización en el combate a la corrupción.
“A las limitaciones y recortes presupuestales se han sumado problemas de subejercicio. Durante sus tres primeros años de funcionamiento, el presupuesto de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de la FGR (FECC) ha tenido diferencias importantes entre lo que se aprueba en la Cámara de Diputados y lo que la fiscalía efectivamente ejerce en la práctica”, expone el estudioso.
Para el 2023, el presupuesto de la FECC asignado en el PEF ha sido el mayor en toda su historia, con 223.3 millones de pesos, pero “es muy probable que se presenten recortes o subejercicios como en los años anteriores”, lo que en realidad reduce el gasto ejercido.
La transparencia en riesgo
Respecto al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el documento del IBD recuerda que desde el 1 de abril de 2022 el Senado mantuvo pendiente el nombramiento de dos comisionados que concluyeron su encargo.
“Esta omisión, de acuerdo con algunos observatorios ciudadanos como Designaciones Públicas, incluso llegó a poner en riesgo la existencia del INAI y el derecho a la información de las personas”, abunda.
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