En su reporte, la IMDH identificó que en la mayoría de los estados, existe dilación en los procesos de búsqueda de mujeres.
“Esto se refleja en la realización de la ficha de búsqueda, la solicitud de la sábana de llamadas y geolocalizaciones, obteniendo las órdenes de cateo de forma expedita para ingresar en recintos donde se presume la localización de la persona, entre otras, disminuyendo con rapidez las posibilidades de encontrarlas con vida”, refiere el documento.
Un caso de esa tardía respuesta se dio con la desaparición de Ivette Melissa Flores Román ocurrida el pasado 24 de octubre de 2012 en Iguala, Guerrero.
La joven de 19 años de edad fue sustraída de su domicilio por un grupo armado. Su madre interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, sin embargo, la averiguación previa y las acciones de búsqueda iniciaron hasta dos semanas después.
Por este caso, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU calificó como omiso al Estado Mexicano y concluyó que autoridades violaron el artículo 2 de la Convención sobre Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer porque no realizó una búsqueda inmediata, sin dilación y con enfoque de género, con el que se le negó el acceso a la justicia.
Al respecto, Juan Carlos Gutiérrez recuerda parte de las anomalías que hubo en la búsqueda de Ivette Melissa.
“10 años después la Fiscalía del estado de Guerrero envía un oficio a la mamá de Ivette Melissa para que se acerque a ratificar la denuncia de la desaparición de su hija, 10 años después, cuando las aparición fue en 2012, además le dicen que si no se presenta, la van a detener”, sostiene.
Al respecto, María Teresa Villarreal Martínez, profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, explica que además de la respuesta tardía, la impunidad que prevalece en las desapariciones contribuye a que persista este problema.
"Uno de los problemas más graves ligados directamente la desaparición es la impunidad que atañe tanto a las fiscalías, que son los que persiguen a los autores del delito, como la administración de justicia: los los jueces, los tribunales. Es un problema muy grave que tiene que ver con asignación de recursos, juzgados atiborrados de casos y corrupción generalizada", explica.
De las más de 111,000 mujeres que han sido reportadas como desaparecidas desde hace casi seis décadas, aún se desconoce el paradero de 22,571.
