Estos actos son resultado, también, de un débil control interno del Insabi, pues no contó con un sistema informático propio para el seguimiento y control de los medicamentos, material de curación y vacunas, respecto de su demanda, adquisición, recepción y distribución a los almacenes de las entidades federativas, señaló la ASF.
Además, el Insabi no contó con una metodología que calculara cuántas vacunas requería cada estado ni con procedimientos que detallaran cuántas dosis se distribuirían en las entidades federativas de conformidad con sus necesidades, agregó el organismo en la segunda entrega de informes de la Cuenta Pública 2021.
Por esos hechos, la Auditoría Superior de la Federación solicitó a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México “realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos”.
El problema del desperdicio de vacunas
La Ciudad de México mantuvo almacenadas esas miles de vacunas en un contexto difícil para la inmunización de los niños y niñas.
En 2020 y 2021, las coberturas de vacunación disminuyeron considerablemente, entre otras cosas, por la pandemia de covid-19 y el desabasto de vacunas en algunos hospitales.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), en 2020 sólo 19.9% de las niñas y niños de un año de edad contó con un esquema de cuatro vacunas aplicadas. Para 2021 la proporción subió a 31.1%.
Es decir que, actualmente, solo tres de cada 10 menores cuenta con un esquema completo de vacunación y eso aumenta el riesgo de que surjan brotes de enfermedades ya controladas.