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Propuesta electoral de AMLO riesgosa y minará confianza en elecciones: expertos

Expertos internacionales analizaron la iniciativa y valoraron que favorecerá a partidos grandes y sus cúpulas, sin favorecer legitimidad de legisladores.
lun 24 octubre 2022 08:15 PM
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El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este jueves su iniciativa de reforma electoral en la que plantea desaparecer al INE.

La Comisión de Venecia del Consejo Europeo concluyó que la propuesta para crear un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) con facultades acotadas y elección popular de sus integrantes tiene un “alto riesgo de que se forme sobre una base partidista” y por tanto se minen la credibilidad y confianza en el órgano responsable de organizar los procesos electorales en México.

Tras analizar la iniciativa de reforma electoral que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, el organismo internacional recomendó un amplio debate para analizar las consecuencias de que las propuestas prosperen, y reconsiderar parte de ellas, para no comprometer el funcionamiento imparcial e independiente de la administración electoral en los distintos niveles de la Federación.

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“Las reformas propuestas a la Constitución no brindan garantías suficientes de la independencia e imparcialidad del INEC y de los jueces del Tribunal Electoral“ estableció la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, conocida como la Comisión de Venecia.

“El procedimiento propuesto para la elección directa de los Consejeros del INEC y jueces del Tribunal Electoral debe ser reconsiderado, ya que no se apega a los estándares internacionales y las mejores prácticas en materia electoral que establecen que debe haber una representación equilibrada de las diferentes fuerzas políticas en los órganos de dirección electoral (construidos estrictamente o en forma proporcional)”, se considera.

La Comisión de Venecia la integran expertos independientes de 61 países, y el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, le solicitó una opinión sobre la iniciativa presidencial. Cuatro especialistas de la instancia internacional visitaron México en septiembre y se entrevistaron con diversos actores políticos, incluyendo representantes de Morena y del gobierno federal, así como especialistas en materia electoral.

El documento de respuesta, informó Lorenzo Córdova, fue remitido por el INE a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y a las dirigencias nacionales de los partidos políticos, para que sirvan como insumo para el debate de una eventual reforma electoral.

Mañana martes, en sesión de tres comisiones de la Cámara de Diputados se comenzará a elaborar un listado sobre posibles coincidencias y divergencias, pero aún sin carácter de dictamen.

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Transformación INE en INEC

La Comisión hizo observaciones sobre el nuevo modelo que se propone para integrar el INEC y el Tribunal Electoral, estos conformados mediante la elección popular de sus miembros de entre una lista de candidatos presentados por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y sometidos a las urnas.

“El procedimiento propuesto en el que el INEC estará a cargo de las elecciones de sus propios miembros es inusual y crea riesgos para su condición de organismo imparcial”, se concluyó.

Se expresa que es un tema "de gran preocupación” que estos podrán hacer campaña, pues no hay reglas claras sobre cómo se realizará esa elección, lo que implica una preselección que no da garantías de que los organismos resulten con una integración imparcial, además de que estarán sujetos al voto ciudadano, cuya valoración será política. Con ello se incumplirían los estándares internacionales para los organismos electorales.

El procedimiento “prevé una preselección que no permite aplicar a esta votación todos los estándares internacionales en materia electoral –aún asegurando su imparcialidad–, lo cual es muy dudoso. Por otro lado, una elección puramente política podría asegurar la representación equilibrada de los partidos políticos en el INEC pero iría en contra del requisito de imparcialidad ya que la prohibición de hacer campaña electoral podría no ser respetada durante la campaña para las elecciones al INEC”.

La composición del organismo central de gestión electoral “no debe basarse en preferencias y opciones políticas. Incluso si se configura con una representación equilibrada de las fuerzas políticas, debe basarse principalmente en criterios profesionales. Por lo tanto, los miembros del INEC no deben ser elegidos directamente, ya que la voluntad de los votantes es política”, valoró.

Además “los miembros de dichos órganos deben ser imparciales y profesionalmente competentes y, por tanto, no se les debe permitir hacer campaña (presentarse como candidatos en elecciones directas)”.

Esos mismos problemas de imparcialidad e independencia se advierten respecto de la elección de los magistrados del Tribunal Electoral pues “en materia electoral como en otros campos, el poder judicial, incluyendo una jurisdicción electoral especializada, debe representar una garantía de imparcialidad de todo el proceso, y para ello debe ofrecer suficientes garantías de independencia.

En el caso de los tribunales con el problema adicional de que se propone eliminar tribunales estatales, con lo cual el Tribunal superior tendría que resolver todo, con la sobrecarga laboral correspondiente y , sobre todo, se quitaría a los ciudadanos y partidos los distintos niveles de apelaciones, mismas que pueden ser una garantía para los actores electorales.

Sobre las facultades del INEC, se alertó que se propone reducir los controles a los partidos políticos y la sanción a prácticas irregulares. Además la centralización de todas las elecciones estatales en el INE; y la desaparición de órganos desconcentrados permanentes (300 consejos distritales) para que se integren solamente en elecciones, podrían resultar más costoso y generar problemas de imparcialidad electoral.

La Comisión de Venecia valoró que la centralización de la administración electoral en todos los niveles podría tener un impacto negativo en la transparencia y credibilidad de los procesos electorales a nivel de las 32 circunscripciones, dado que México es un estado federal.

"También implicaría una transformación onerosa que iría en contra de las tendencias internacionales sobre autogobierno y podría estar en conflicto con algunos de los principios básicos del federalismo mexicano”, detallan.

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Y favorece a partidos grandes y sus cúpulas

Respecto al análisis de la propuesta para reducir a integrantes de la Cámara de Diputados y modificar su mecanismo de elección, pues ya no serían 300, es decir, uno por distrito y cinco listas plurinominales, sino en 32 distritos electorales que correspondería a las entidades federativas mexicanas existentes, se consideró que esto beneficiaría a los partidos grandes y a sus dirigencias en la selección de candidatos.

“Este cambio crearía distritos de representación proporcional con un promedio de 10 representantes electos en cada uno de ellos. Dichos distritos de representación proporcional con un número relativamente pequeño de representantes electos tienden a favorecer a los partidos grandes, especialmente en distritos electorales pequeños”.

Adicionalmente, dado que el sistema proporcional propuesto se basa en listas cerradas, permitirá que los partidos políticos (de hecho, la dirección del partido) tengan la ventaja en la selección de aquellos candidatos que tienen posibilidades de ser elegidos.

"Esto le da a los partidos, en lugar de a los ciudadanos, más influencia sobre quién es elegido”, destacan.

En conclusión esto podría dar una representación excesiva de los partidos grandes y una representación insuficiente.

"Incluso nula de los partidos políticos más pequeños en los órganos electivos”, lo cual también es posible en el sistema actual pero no es así pues también hay elección de mayoría simple.

Se considera que no está claro cómo se puede lograr el objetivo de reforzar la legitimidad de los legisladores reduciendo el número de miembros y eligiéndolos mediante una lista única por estado.

“El impacto del cambio constitucional debe evaluarse y medirse más, y debe llevarse a cabo un debate parlamentario y público exhaustivo”, se recomendó.

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