Riesgosa puerta de entrada a 'dinero sucio'
Además de ese efecto, la catedrática de la UNAM e integrante de la Red de Politólogas Karolina Monika Gilas, alerta otros los riesgos.
“(La propuesta) les abriría a los partidos la puerta a todos los peligros que se busca evitar al darles financiamiento público”, advierte.
Los recursos públicos son entregados a los partidos por medio del INE; se les deposita a los partidos en sus cuentas bancarias, y hay reglas para que sólo los dirigentes puedan administrarlas. Son recursos bancarizados rastreables y, además, los partidos deben reportar al Instituto sus operaciones de ingresos y gastos.
En cambio, al verse sin fondos –expone la experta–, buscarían otras fuentes de financiamiento.
"Con recursos de los gobiernos que encabezan, lo que también es dinero ilegal, y no sólo eso, sino también existe el riesgo de buscar dinero del crimen organizado”, detalla.
Además, al cortar recursos a todas las fuerzas políticas, el partido en el poder, cualquiera que sea, tendrá ventajas, pues se le facilita el acceso a recursos públicos, materiales y humanos, de sus administraciones.
“Eso ya ha ocurrido y colocaría a la oposición en franca desventaja frente al uso de recursos ilegales como lo es el dinero público usado con fines políticos”, detalla.
Otro efecto adicional sería la desaparición de algunos partidos, al quedarse sin recursos para su operación diaria.
Por eso, aunque es debatible el monto de dinero que hoy reciben los partidos, no ve conveniente cerrar la llave del financiamiento público, que hoy permite la pluralidad y mantiene activa la actividad política en el país.
“En todo caso podría analizarse un esquema paulatino para darles oportunidad de reorganizarse, alentar las aportaciones de los militantes y que sí hubiera cierto recorte, pero no eliminar, y menos de golpe, el recurso público”, considera.
La conclusión es que el debate sobre la reforma electoral no debe centrarse en el monto de los ahorros, sino en analizar el contexto y las consecuencias de la reforma.
“En términos presupuestales, el costo de la democracia mexicana no es significativo: juntos el Instituto Nacional Electoral (INE), los 8 partidos políticos y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) implican 39 centavos por cada 100 pesos del Presupuesto de Egresos”.
“Y sería más costoso para la vida de las personas no tener democracia, que sólo hubiera un partido o se afectara la pluralidad… la historia ya nos ha dicho en qué acaba eso”, añade Gilas.
