La Fiscalía General de la República (FGR) no debe limitarse a detener al exprocurador Jesús Murillo Karam para esclarecer el caso Ayotzinapa, exigió Vidulfo Rosales, abogado de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos.
La dependencia, agregó, debe ejecutar todas las órdenes de aprehensión giradas hasta ahora en contra de los presuntos responsables de la desaparición de los normalistas.
“En el informe que rindieron (ayer) aparecen varias personas implicadas en los hechos, entonces, tienen que pasar de las declaraciones a los hechos concretos. Esperamos que no sea ésta la única detención, que haya más, porque los hechos son graves y otras autoridades que se ven implicadas también tienen responsabilidad”, dijo el defensor en entrevista con la periodista Azucena Uresti.
Vidulfo Rosales explicó que en el informe que presentó este jueves el gobierno federal sobre la investigación del caso Ayotzinapa se les indicó que hay más órdenes de aprehensión giradas contra presuntos implicados en los hechos, pero, sostuvo, no se les dijo los nombres de esas personas.
Sin embargo, mencionó, debería haber acciones penales contra miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, contra militares y autoridades estatales y municipales involucrados.
“Debe de actuar el gobierno para tener acciones concretas y tangibles. Si no, todo quedaría en términos declarativos, un informe más de muchos informes que ya hemos tenido y ahí se queda el asunto”, agregó.
En septiembre de 2021, las familias de los 43 normalistas desparecidos acusaron a la actual Fiscalía General de la República (FGR) de no actuar para cumplir con las órdenes de detención que ya han sido aprobadas.
Solicitaban, sobre todo, la captura de Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces PGR, quien está prófugo en Israel y es acusado de tortura y desaparición forzada.
“Hay lista de órdenes de aprehensión. Nosotros esperamos que, efectivamente, se vayan ejecutando las otras órdenes, que se avance. Porque, efectivamente, si nada más se detiene a este señor, tampoco se está profundizando. Se debe pasar a detener a los que los desaparecieron en primera orden”, dijo Rosales.
El abogado de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2016 en Iguala, Guerrero, señaló que la investigación del caso no debe convertirse en un asunto político. “Nosotros lo que menos queremos es que se vuelva un tema político. Éste tiene que ser un tema de justicia, de derechos humanos, de esclarecimiento de lo que ocurrió”, subrayó.
Sin embargo, afirmó, la detención de Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, no se relaciona únicamente con su responsabilidad en la construcción de la "Verdad Histórica".
Sostuvo que la FGR también indaga la relación entre el exprocurador y los autores de la desaparición.
“Habría existido una conexión entre los autores de la desaparición con ellos (las autoridades), en la que se usó como instrumento a la fiscalía para que ella arreglara, para que ella encubriera, para que ella tapara los hechos. O sea, que tendría elementos la fiscalía de un vínculo que existió entre los autores de la desaparición con determinadas autoridades de la PGR, en el cual Murillo no fue ajeno”, sostuvo el abogado.
Vidulfo Rosales indicó que, quizá, por ese motivo la actual FGR acusa a Murillo Karam de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa.
Aseguró que el objetivo de crear la "Verdad Histórica" fue ocultar el paradero de los 43 normalistas.
