Caso Ayotzinapa: de la “verdad histórica” a una triste realidad

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La llamada verdad histórica

Cuatro meses después de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, el entonces procurador general de Justicia, Jesús Murillo Karam ofreció una conferencia para relatar lo que había sucedido con los jóvenes, a lo que se le conoció como la “verdad histórica”.

La versión del procurador consistió en señalar que los estudiantes de Ayotzinapa fueron capturados, privados de la vida, incinerados y sus restos fueron arrojados al río de San Juan en Cocula, Guerrero. Los perpetrados de esos hechos habrían sido integrantes del grupo Guerreros Unidos, luego de señalar a los jóvenes de pertenecer a una banda criminal contraria, Los Rojos.

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Para Alejandro Encinas, la información que se ha podido recabar a prácticamente ocho años de los hechos permiten concluir que la verdad histórica no solo no relata lo que realmente sucedió con los jóvenes, sino que se trata de una versión que entorpeció los procesos de búsqueda, generó vicios y deficiencias en las investigaciones.

“La creación de la verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes. En resumen, se trató de un crimen de Estado”, explicó.

¿Qué sepulta la verdad histórica?

La idea central que sepulta la llamada verdad histórica es que los estudiantes no fueron privados de su libertad, asesinados e incinerados en el basurero por elementos del Grupo Guerreros Unidos, sino que se trató de un crimen de Estado en el que intervinieron grupos de la delincuencia organizada con autoridades locales y federales.

De acuerdo con Encinas, las autoridades estuvieron informadas de todo lo que sucedió la noche del 26 de septiembre de 2014 con los jóvenes desde la persecución, captura y desaparición de los estudiantes.

“Las omisiones en las que incurrió estas autoridades acreditan un nivel de responsabilidad, ya sea por acción, omisión o negligencia, porque de haber intervenido oportunamente, con la información que disponían, se hubiera impedido la desaparición y asesinato de los estudiantes”, afirmó.

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La llamada verdad histórica atribuía al grupo Guerreros Unidos el asesinato de los jóvenes, sin embargo, una de las conclusiones de la comisión encabezada por Alejandro Encinas sostiene que hubo colusión e intervención de autoridades de distintos órdenes de gobierno con los policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco, Tepecoacuilco y, con el grupo delictivo de Guerreros Unidos para la desaparición de los normalistas.

“El grupo delictivo actuó con un amplio número de sicarios y ‘halcones’ a partir de un mando central y al menos tres células de ‘halcones’ y sicarios con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del estado”, dijo Encinas.

Un elemento central de la llamada “verdad histórica” refería que los jóvenes fueron quemados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados al río. Sin embargo las conclusiones de la nueva investigación sostienen que tras ser capturados los estudiantes no estuvieron juntos.

“Tras la salida de la terminal de autobuses de Iguala, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición. Nunca estuvieron los 43 en el basurero de Cocula, como lo vamos a demostrar”, refirió

¿Cómo se construyó la verdad histórica?

La llamada verdad histórica se construyó para ocultar verdad de los hechos, alterar las escenas del crimen, y proteger los vínculos de autoridades con delincuentes.

De acuerdo con Alejandro Encinas, la verdad histórica se fundó a través de testimonios obtenidos a base de tortura y en la llamada de una persona dueña de una tienda que reportó un incendio en Cocula.

“La verdad histórica la definimos como el resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder que se funda, primero, en la llamada de una persona propietaria de una tienda de abarrotes en las cercanías de Cocula e Iguala, en los interrogatorios obtenidos mediante tortura a 77 personajes que fueron liberados por ellos por un juez en Tamaulipas, en dos diligencias firmadas por una ministerio público federal que se encontraba en el mismo lugar y en la misma hora en Guerrero y en la Ciudad de México, y en la versión de la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula”, dijo.