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Reforma de la GN: constitucionalistas prevén su estancamiento en la Corte

La oposición en el Congreso anunció que interpondrá una controversia en el máximo tribunal del país, pero especialistas en la carta magna avizoran que el debate a fondo será pospuesto.
mar 09 agosto 2022 07:11 PM
(Guardia Nacional)
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que por decreto, la Guardia Nacional pasará a ser parte de la Sedena, lo que contradice la esencia de corporación civil en la que se basó su conformación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que emitirá un decreto para integrar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que generó diversas reacciones no solo de expertos en seguridad y constitucionalistas, sino de organismos como Amnistía Internacional (AI).

La oposición en el Congreso de la Unión anunció que acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para interponer una controversia de inconstitucionalidad, escenario en el que especialistas prevén un letargo pues estiman que los ministros pospondrán el análisis dada la carga de asuntos pendientes.

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¿Qué sigue?

La eventual controversia de la oposición se sumaría a la 90/2020 promovida en contra del Acuerdo por el que se dispone de las Fuerzas Armadas para realizar tareas permanentes de seguridad pública y que aún sigue pendiente en la Corte.

David Saucedo, especialista en seguridad pública, expresa: “Creo que en la SCJN, en términos simples y llanos, se van a hacer patos. Creo que no van a entrar al debate del tema. Creo que van a congelarla, hay otros asuntos, le van a poner un turno muy distante. No le van a dar prioridad”.

Añade: “Creo que el presidente con decreto o sin decreto va a seguir avanzando en lo que en los hechos existe: una Guardia Nacional que es totalmente militar, militares en funciones y con procesos de reclutamiento en la Sedena en donde ya a los jóvenes se les dice que van directamente a la GN”.

De su lado, Javier Martín Reyes, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), abunda: “Y, si la Corte no se toma en serio su papel, lo que puede pasar es que se acabe el sexenio del presidente López Obrador y sencillamente no resuelva esta segunda posible impugnación”.

Explica que “los alcances de esta decisión son todavía más graves porque el anterior acuerdo lo que hacía era disponer de manera indiscriminada de fuerzas armadas para tareas de inseguridad pública, pero por lo menos mantenía la ficción de que la Guardia Nacional era una institución de carácter civil”.

 

El constitucionalista Hugo Concha confía que frente a este “absurdo (decreto) que rompe con el orden constitucional de cualquier estado que busca ser una democracia, no hay ningún constitucionalista respetable que vaya si quiera a dar un argumento en su defensa”.

Y, si llega a la Corte, “tiene más de ocho asuntos militares detenidos entre amparos, controversias de municipios y no los ha resuelto. Algunos de ellos datan de 2016. La Corte tiene muy claro para dónde va este tema, esto es, no tendrá posibilidad de defenderlo, porque de lo contrario, se verá a la orden de lo que le gusta al presidente”.

Es así que –indica el constitucionalista– por la vía de los hechos y no del derecho, es como el Ejecutivo Federal busca militarizar al país, frente a una SCJN que no hará nada.

“Tenemos una Corte que sabe que si hace su trabajo y le tiene que decir al presidente: esto está mal, se va a meter en una guerra sin cuartel. Entonces, prefiere guardar los asuntos”, externa.

Una Guardia Nacional dependiente de la Sedena

Este cuerpo de seguridad pública, que contó con el apoyo de todas las fuerzas políticas, fue creado por decreto en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, como parte de la estrategia del presidente López Obrador para combatir la delincuencia organizada en el país.

El Gobierno federal prometió que mantendría una naturaleza civil, aunque desde su creación, la “cabeza” es y ha sido de tipo militar, pues ha estado dirigida por el general Luis Rodríguez Bucio.

Creo que el presidente con decreto o sin decreto va a seguir avanzando en lo que en los hechos existe: una Guardia Nacional que es totalmente militar ...".
David Saucedo, especialista en seguridad

 

“Va a seguir siendo una institución de carácter civil dependiendo de la Secretaría de la Defensa”, aclaró López Obrador durante la conferencia mañanera.

Aún más, rechazó que busque “gobernar a partir de acuerdos y decretos” o que viole la Constitución.

¿Por qué AMLO busca esta reestructura?

El pasado 1 de julio, al encabezar el tercer aniversario de la creación de la Guardia Nacional, López Obrador dijo que no hay nada que temer por una militarización del Ejército, ya que el gobierno no tiene afanes represivos.

“Para los que tienen preocupación de la militarización y de la posible violación de derechos humanos, dos cuestiones que son importantes; primero, la responsabilidad del gobierno civil … Tenemos que tomar en cuenta el que, si no hay la orden de reprimir al pueblo, repito, no hay nada que temer aseguró el presidente”, planteó.

Para David Saucedo, especialista en seguridad pública, el anunció de López Obrador tiene tres impactos distintos:

  • Las implicaciones jurídico-constitucionales
  • El impacto político mediático
  • El táctico operativo-policial

Desde el punto de vista jurídico-constitucional coincidió con todas las voces que se han expresado de manera unánime en contra de esta propuesta, en el sentido de que AMLO se “salta” la Constitución y el Congreso.

 

Y, al saltarse a la carta magna y a los legisladores, “el presidente incendia la pradera”, lo que lleva a la vertiente mediático-política, porque si bien, la mayoría de la población va estar a favor de la propuesta del presidente, “habrá un rechazo de la clase política porque evidentemente hay una transgresión del presidente al marco constitucional".

Mientras que, en el aspecto táctico-policial, se abren dos hipótesis distintas: uno, que el presidente esté consciente de que su anunció iba a generar diversas reacciones en contra.

O bien, que al final decida presentar un decreto diferente –y no sería la primera vez que ello ocurra-, porque “hasta el momento, estamos discutiendo sobre un decreto que no existe … Hay un debate de humo”.

Los riesgos de la militarización de la GN

Amnistía Internacional México (AI), lamentó el anunció del Ejecutivo federal, al oponerse a la “militarización del país”.

“Lamentamos la declaración hecha por el presidente @lopezobrador_ sobre el acuerdo para que la #GuardiaNacional dependa de la @SEDENAmx atentando contra las facultades constitucionales del Poder Legislativo y perpetuando el enfoque de militarizar la Seguridad Pública”, indicó en la red social.

El organismo internacional opinó que “la seguridad pública debe estar en manos de personal civil, como lo establecen las normas del derecho internacional de derechos humanos que México ratificó. No a la militarización del país”.

De acuerdo con el también consultor de programas de gobierno, Saucedo, en estados como Michoacán, Zacatecas, Nayarit y Guanajuato, prácticamente hay una coordinación total y subordinación de la GN a la Sedena.

Asegura que en las llamadas “mesas de paz”, la “voz cantante” son los generales de las zonas y regiones militares.

“Me parece que en los hechos, esta colaboración, esta sinergia o simbiosis entre el Ejército y la GN existe desde hace un par de años … En los hechos, esto (la militarización) está muy avanzado. Quizá en el papel no exista, pero hay muchos elementos del Ejército a quienes solo les cambiaron el uniforme y pasaron a la Guardia Nacional”.

Además, los cuarteles de esta corporación de seguridad pública se han ido reconstruyendo con una lógica de ocupación territorial militar. “Son muy pocos elementos del gabinete de seguridad que tienen una carrera policial, la mayoría son militares”. Y cómo ha funcionado la presencia del Ejército en el país, “mal, bastante mal”.

¿Qué señala la Constitución?

Ninguna legislación secundaria puede contravenir a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo 21 constitucional establece:

"La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, cuyos fines son los señalados en el párrafo noveno de este artículo, la coordinación y colaboración con las entidades federativas y municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la Nación”.

“La Constitución establece que la GN es de carácter civil y no tendría que tener ningún tipo de participación del Ejército en tareas de seguridad pública”, añade David Saucedo.

Martín Reyes, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, considera que “desde que desaparecieron a la Policía Federal y crearon la Guardia Nacional, la única institución civil que teníamos era la GN y hoy el presidente (López Obrador) la quiere desaparecer sin asumir los costos que implica una reforma constitucional”.

El presidente, añade en entrevista, sabe que este acuerdo o decreto es inconstitucional. “Tan lo sabe que después de las elecciones del 21 anunció tres reformas constitucionales: la eléctrica, electoral y de la GN, esta última para establecer su carácter militar y su dependencia de la Defensa”.

El constitucionalista Hugo Concha refiere que el tema de la GN está muy claro: "La GN solo puede ser civil de acuerdo a lo que marca la Constitución, solo podrá ser una fuerza civil integrada por fuerzas policiacas”.

Además, indica que “(el decreto) es un agravio directo a nuestro sistema constitucional, que consiste en que el poder se ejerce de manera controlada y apegada a reglas para que…no haya nunca una sola persona que pueda detentar el poder por sí misma”.

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