Pero además, hoy, en el día de la muerte de Echeverría, el comité pidió que se retomen las investigaciones por otra matanza de estudiantes en 1971, conocida como "El Halconazo", cuando transcurría su primer año como presidente; además de la muerte y desaparición de miles de personas que se opusieron a su gobierno.
En el comunicado –leído en la puerta mariana de Palacio Nacional por Marisol Vázquez, integrante del comité de huelga de 1968– se expone: “Hoy murió el genocida Luis Echeverría Álvarez, uno de los principales perpetradores del genocidio del 2 de octubre de 1968, del crimen de Estado del 10 de junio de 1971, de la política terrorista instaurada con la Brigada Blanca, ejecutora de la Guerra Sucia".
Ve además: La matanza del 68 y “El Halconazo”: los trágicos hechos atribuidos a Echeverría
La organización explicó que durante más de cinco décadas ha luchando por el esclarecimiento de lo ocurrido y la exigencia de justicia, castigo a los responsables, reparación del daño y garantías de no repetición.
“Pese a la política represiva y la impunidad sostenida hasta el presente, logramos que se abriera un proceso penal contra Echeverría y otros corresponsables, en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la comisión del delito de genocidio. Echeverría pasó más de dos años en prisión domiciliaria y murió como imputado por el delito de genocidio, es decir que nunca fue exonerado, se lo dejó en libertad bajó las reservas de la ley y amparado desde 2009 por la inacción y argumentos leguleyos de las PGR ahora Fiscalía General de la República”, relató el Comité del 68.
Añadió que “la muerte de Echeverría no extingue la causa por un crimen de Estado. Exigimos la continuación de los procesos judiciales, la lista de perpetradores es conocida por todos y continúan gozando de impunidad y la protección del poder político”.
Además, recalcó que el exmandatario que falleció a los 100 años en su casa de Cuernavaca, Morelos, “no fue exonerado y quedó libre bajo reservas”.
En junio de 2006, Luis Echeverría Álvarez fue acusado de genocidio por la matanza del 68 y “El Halconazo”, por lo que se le declaró prisión domiciliaria.
El 26 de marzo de 2009 se decretó su libertad absoluta y fue exonerado de ese cargo por falta de pruebas, aunque la condena social permanece.
