UIF contra Peña: entre distractor y acto de intimidación al PRI-Edomex

Una ofensiva para el Edomex

Este caso, considera el analista político José Antonio Crespo Mendoza, "no es un mero distractor. Creo que es una forma de presionar a Peña Nieto para que les ayude en la elección del Estado de México. Evidentemente él tiene mucha influencia sobre el gobernador, sobre el grupo político que maneja el Estado de México hasta hoy (Atlacomulco).

“A mí lo que me interesa como analista y ciudadano es que se combata la corrupción y lo que pasó durante el sexenio de Peña Nieto… El tema de fondo es que tal vez, a lo mejor vayamos a ver una ofensiva para desmantelar el pacto de impunidad del cual disfrutaban los expresidentes”, observó a su vez Sergio Aguayo Quezada.

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"Misil directo a Toluca"

Francisco Cruz, periodista experto en temas del Estado de México, consideró que lejos de que existiera un pacto entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Peña Nieto, lo que hubo fue una transmisión de poderes muy tersa.

“No creo que hayan amarrado un pacto, son personas totalmente distintas. Creo que tuvieron más una especie de caballerosidad entre ambos”, asegura.

Sin embargo, observa que el esquema denunciado, mediante el cual el expresidente Peña Nieto recibió transferencias financieras por 26 millones de pesos desde México hasta España, resultó un “misil”, que pegó directamente al gobernador Alfredo del Mazo Maza, al grupo Atlacomulco y, por supuesto, al tricolor.

Desde su visión, la coincidencia (este jueves) entre la apertura del expediente contra Peña con el día en que se lanza la convocatoria de Morena para seleccionar a su candidato a la gubernatura del Estado de México es sólo una coincidencia, pues argumenta que desde semanas atrás el priismo está metido de lleno en la campaña por el 2023.

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El periodista hace referencia a que "hay un grupo de exgobernadores, de expriistas, negociando directamente con Peña Nieto la candidatura del PRI en el Estado de México y otro grupo se encontraba platicando con el exgobernador Arturo Montiel y con (el presidente nacional del PRI) Alejandro Moreno Cárdenas”, reveló.

El primer grupo, precisa, con Alejandra del Moral busca el apoyo de Peña y de Del Mazo, mientras que Ana Lilia Herrera, el de Moreno Cárdenas y de Montiel Rojas.

“Me parece que hay muchos elementos para advertir que la investigación contra EPN es una deuda histórica, no importa el momento que sea y las atenuantes que le pudieras poner”, observó Cruz, quien en 1997 recibió la Presea Estado de México José María Coss en periodismo.

Indicó que en 2005 cuando Peña fue candidato a gobernador, "ya había muchos elementos para advertir que era un hombre terriblemente corrupto”.

Incluso, dos libros de su autoría escritos en 2009 y 2010, Negocios de Familia y Biografía no autorizada de Enrique Peña Nieto y El Grupo Atlacomulco, Tierra narca, hablan de ello.

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Respecto a las indagaciones, asegura que la UIF no tiene atribuciones para investigar. Ese es un asunto de la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero, por lo que no hay certeza del destino de la investigación. Advierte que el riesgo de no avanzar en las indagaciones, el Fiscal pondrá a Morena entre la espada y la pared.

"Gertz Manero ha demostrado que es un hombre de pensamiento lento y para la justicia de este país, es doblemente lento. No es un activo para Morena ni es una garantía para Morena”, considera.

Acusación: ¿distractor o intimidación?

Consultado en particular sobre el tema, el historiador José Antonio Crespo considera que las indagaciones de la UIF van más allá de ser un “mero distractor” para alejar la atención de los problemas del momento, pues en realidad una forma de presión contra el exmandatario para que apoye a Morena en la elección mexiquense.

“Creo que es una forma de decirle: ayúdanos para que gane Morena porque si no, aquí está pendiente esto. Es decir, una forma de intimidación y también de paso aprovecharlo para hacer ruido y presentar que se está combatiendo la corrupción, aunque no se llegue hasta el fondo”, resalta.

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Y es que de acuerdo a Crespo, se requiere voluntad política para llegar al fondo en estos casos, porque “implicaría aplicar una pena, la correspondiente a Peña Nieto, lo cual sí sería un precedente muy importante porque nunca un expresidente ha estado en la cárcel, pero no creo que se llegue hasta tanto”, apunta.

Explica que en el supuesto de que hubiera un pacto de impunidad entre López Obrador y Peña Nieto, éste se puede romper por la disputa mexiquense.

“Sí, creo que se pueden romper los pactos de impunidad, desde luego. No hay garantía de que se cumplan, pero yo no creo que se llegue hasta ese nivel”, advierte.

Se trata, añade, de “un uso político, un uso mediático para que López Obrador gane legitimidad y no sé si para forzar o exhortar a Peña para que le ayude en el Estado de México. Es decir, para que venda la plaza como ya sucedió en Sonora, Sinaloa, Hidalgo, Oaxaca”, plantea.

Aplicar la ley con propósitos políticos

¿Se dice que el expresidente Peña ya estaba operando para retener el Estado de México?
Si eso es real, que yo no lo sé, pero si esa versión es correcta. También tiene sentido decir, espérate: a ti no te vamos a tocar, pero no operes en favor de tu partido y en todo caso tendrías que operar, o al menos no meter las manos por lo menos en favor de Morena.

¿El presidente ha dicho que su fuerte no es la venganza?
(AMLO dice) no quiero venganza, quiero justicia, pero ha hecho exactamente lo contrario. No ha aplicado la ley para buscar justicia o la aplica precisamente con propósitos políticos y acuerdos, intimidaciones a los adversarios.

Crespo ejemplifica con el trato dado a Moreno Cárdenas y las grabaciones que han hecho públicas.

En el caso de Peña, “no creo que lleguen al fondo. No sé. Ojalá me equivoque, pero sí sería muy bueno, como precedente que a Peña Nieto lo llamaran a cuentas en serio”.

Se busca acorralar al PRI

Sobre la lectura que hay detrás de las investigaciones contra Peña Nieto, el académico Sergio Aguayo asegura que lo importante es que se llegue al fondo de las mismas.

“Puede ser todo o puede ser algo muy elemental de que encontraron información sobre eso (las empresas de Peña Nieto). Por lo pronto, en cuanto sabemos más del asunto, creo que es una buena iniciativa.

“A mí lo que me interesa como analista y ciudadano es que combata la corrupción, y lo que pasó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fue lamentable y los montos que nos dicen de 1,500 millones de pesos deja muy corta la partida secreta que, al parecer, la mitad de ella se la apropió Carlos Salinas de Gortari, pero todo son especulaciones”, razona.

El tema de fondo, agrega, es que tal vez con esta investigación se inicie el proceso para desmantelar el acuerdo no escrito de dar un "pacto de impunidad" a los expresidentes.

"Anunciar que finalmente se va a lanzar contra el expresidente Enrique Peña Nieto es la consecuencia más clara, pero al mismo tiempo, dado que (López Obrador) es un político profesional al que le gusta ganar votos, que le gusta acumular más poder, pues no me extrañaría que también se aprovechara para tener como aliciente el acorralar, terminar de acorralar, al PRI del Estado de México que anda de capa caída”, asegura.

Considera también que además del impacto electoral, este asunto se convierte en este momento en un importante distractor de temas que enfrenta el presidente López Obrador, como la crisis de seguridad que vive el país.

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“Hay dos factores importantes. No sé cuál haya pesado más para elegir la fecha, si (la convocatoria) del Estado de México o la crisis de in seguridad, pero para mí el presidente está observando con preocupación la evolución de sus fracasos en el tema de seguridad y sus éxitos en popularidad y elecciones”, lamenta.