Este miércoles, a través de un video subido a redes sociales, la activista Isabel Miranda recordó que en este caso ya había sido negada la atracción por no ser un asunto “relevante ni trascedente”.
En la grabación, detalló que desde hace casi 17 años en que secuestraron y mataron a su hijo, “no (ha) dejado un solo día de luchar por encontrar justicia para él": "No tuvimos ni siquiera un lugar donde depositar su cuerpo”.
Este miércoles, agregó Miranda de Walalce, se sabrá de que lado está la Corte: del lado de la corrupción o del lado de la justicia.
“Hago un llamado a las y los ministros de la Primera Sala de justicia a que analicen jurídicamente el caso de mi hijo y que no se dejen presionar por el ministro Arturo Zaldívar, quien ya vendió el caso de mi hijo por cuestiones políticas y económicas y espero que hoy estén del lado de la verdad y de la justicia y no del lado de la corrupción”, acotó.
“Hoy veremos si triunfan los delincuentes o las víctimas de delincuencia. De qué lado estará la @SCJN? Justicia #CasoWallace #Corrupción #ArturoZaldívar #Zasldívar #Corruptos”, escribió en Twitter.
El caso Wallace
El caso Wallace, como se le conoce, se refiere al secuestro ocurrido en 2005 de Hugo Alberto Wallace Miranda, el hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace.
El caso cobró notoriedad luego de que Miranda de Wallace investigó por su cuenta y dio con la banda que presuntamente secuestró y asesinó a Hugo Alberto. Sin embargo, este asunto también ha generado algunas polémicas por presuntas irregularidades en la investigación.
En 2020, expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas concluyeron que Brenda Quevedo Cruz, detenida en 2007 y procesada por el secuestro de Hugo Alberto, fue torturada y se encuentra detenida de manera arbitraria, pues lleva 15 años sin recibir sentencia de primera instancia. La ONU pidió su liberación inmediata.
"Tras pasar más de una década en prisión preventiva, la señora Brenda Quevedo Cruz debe ser liberada, con garantías de acceso a una reparación integral", indicaron los expertos en octubre del 2020.
Sobre este caso también se ha pronunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a cumplir con esta recomendación.
"El Estado mexicano tiene que reparar los daños y tiene que cumplir con las recomendaciones de organismos internacionales", expuso.
En 2015, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) informó en un comunicado que la sentencia condenatoria para cuatro integrantes de la banda que secuestró a Hugo Alberto, dentro de la causa penal 35/2006. Se trata de:
César Freyre Morales, quien fue sentenciado a 131 años y seis meses de prisión, por delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada y portación de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Juana Hilda González Lomelí, sentenciada a 78 años, nueve meses de prisión por delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada y portación de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Tony Castillo Cruz y Alberto Castillo Cruz, fueron condeanos por su parte a 93 años, 6 meses de prisión, respectivamente, por su responsabilidad en el delito de Privación ilegal de la Libertad en la modalidad de Secuestro y Delincuencia Organizada. Además, todos recibieron una multa económica.
