Estas son las cuentas pendientes de Gatell por el manejo COVID, según la ASF

La Auditoría también pidió a la Secretaría de Salud elaborar un programa de trabajo con actividades específicas, responsables y fechas previstas para su atención, para que se disponga de información de 2020.

Este programa deberá incluir lo referente "a las causas por las que, en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), no llevó a cabo acciones para atender la actividad específica que se le encomendó a través de la Dirección General de Promoción de la Salud (DGPS) relativa a atender la demanda oportuna de atención, cómo se comunicó esta situación y qué riesgos representó para la atención de la pandemia”.

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Entre otros aspectos, solicitó:

• Los criterios y la instancia responsable de designar al vocero institucional encargado de la comunicación de la información referente a la pandemia de COVID-19.

• Los mecanismos diseñados e implementados para la comunicación de los riesgos a la población, respecto a las condiciones de vulnerabilidad.

• El regreso seguro a clases.

• Los criterios con base en los cuales se estableció la transmisión de ocho mensajes diarios únicamente durante cinco meses.

• Las razones por las que en el 37.5% (12) de las 32 entidades federativas no se aplicaron las acciones para elaborar materiales impresos a efecto de informar a la población sobre el virus SARS-CoV-2 y las medidas de prevención.

• Los acuerdos que se emitieron en las minutas de las tres reuniones extraordinarias del Comité Nacional para la Seguridad en Salud (CNSS).

Una de las seis recomendaciones señaladas en la Auditoría de Desempeño 225 “Prevención y Control de Enfermedades”, dice: “Informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas que emprenderá en los ejercicios subsecuentes para corregir las deficiencias observadas”.

De las 14 auditorías dirigidas a la Secretaría de Salud, a cargo de Jorge Alcocer Varela, cinco corresponden al área que dirige López-Gatell, relacionadas con la “Prevención y Control de Enfermedades”, “Rectoría en Salud”, “Vigilancia Epidemiológica” y “Adquisición y Distribución de Vacunas COVID-19.

Sobre este último, se encuentran recomendaciones "para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia fortalezca sus mecanismos de control y supervisión que garanticen que se cuente con evidencia documental del seguimiento oportuno de los convenios específicos de colaboración para el transporte, almacenamiento y acondicionamiento para la distribución de las vacunas, para atender y combatir la enfermedad originada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) formalizados con los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V".

En otra se pide también al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, fortalecer sus mecanismos de control y supervisión que garanticen que, al momento de instruir el pago, se verifique, en el portal electrónico del Servicio de Administración Tributaría, la vigencia de los comprobantes fiscales digitales por Internet emitidos por las farmacéuticas; asimismo, se cuente con la documentación que acredite la amortización del pago efectuado en 2020 por la adquisición de la vacuna contra el virus SARS-CoV (COVID-19) realizado a la farmacéutica AstraZeneca.

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Desde el 8 de marzo, la ASF notificó a la dependencia federal de las acciones y recomendaciones, y pidió que en un plazo de 30 días siguientes a la recepción del documento, presentar “la información y realizar las consideraciones que estime pertinentes”.

La solicitud de respuesta respecto a las cinco auditorías de la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud fue dirigida a López-Gatell, de acuerdo con el oficio No. SS-0040-2022 publicado por el portal La Silla Rota . Expansión Política solicitó a la Secretaría de Salud información sobre dicho documento, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

En el oficio, el secretario de Salud pidió a López-Gatell realizar las acciones necesarias. “Derivado de lo anterior, le instruyó llevar a cabo las gestiones necesarias que atiendan puntualmente dichas recomendaciones, debiendo enviar a más tardar el 20 de abril de 2022, a la Oficina de la Abogada General, copia certificada de la información y documentación que acredite el cumplimiento de las mismas”, se señala el documento fechado el 9 de marzo.