Lejos de Dinamarca: 37.5 millones de mexicanos sin servicios de salud

Apenas hace dos semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien a inicios de su gobierno prometió que el sistema de salud mexicano sería como el de Canadá o Dinamarca, presentó el proyecto "Transformación del sistema de salud para población sin seguridad social".

La organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP) considera que para avanzar hacia una auténtica cobertura universal que garantice el ejercicio efectivo del derecho a la salud, se requiere trazar una ruta que supere la distinción entre "población con y sin seguridad social", pues en materia de salud todas las personas deben ser consideradas derechohabientes.

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En este sentido, es claro que México está lejos de lograr un sistema de salud universal. "Venimos de un deterioro grande en los servicios de salud. La clave aquí es superar el trato diferenciado, la separación, la distinción, la segmentación en el otorgamiento del servicio, porque es contrario al derecho humano", dice en entrevista Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de ACFP.

En el Día Mundial de la Salud revisamos cuáles son las condiciones del sistema mexicano, por qué es urgente una reforma en la materia y cómo impacta la falta de cobertura de seguridad social.

La exclusión de servicios de salud

Hasta 2018, poco más de 15 millones de personas en México estaban excluidas de los servicios de salud pública, lo que representaba el 16% de la población, por eso se considera un aumento significativo en 2020.

A esto se suma que, aun cuando la seguridad social se acota a la situación laboral de las personas, el 61% de la población ocupada carece de afiliación (34.5 millones de personas). Una parte sustancial es quienes trabajan en la informalidad, pero alrededor de 15 millones de personas asalariadas no tienen afiliación a la seguridad social por parte de sus empleadores.

La situación es más grave si se toma en cuenta que la carencia de acceso a servicios de salud está relacionada directamente con las condiciones de pobreza y las zonas de mayor rezago.

De acuerdo con el informe de ACFP, el 98% de las personas en pobreza extrema carece de acceso a la seguridad social, y el 57% no tiene servicios de salud.

Pero la norma legal vigente presupone que los servicios de salud se pueden distinguir entre dos conjuntos de población: quienes tienen seguridad social (IMSS, ISSSTE, Pemex, CFE, etcétera) y quienes no tienen, conocidos como "población abierta".

"Los conjuntos de población 'con' y 'sin' seguridad social no están separados y no son separables territorial o socialmente, la distinción es administrativa y normativa. Se tiene que romper con la distinción entre quienes tienen seguro social y quienes no", dice Gómez Hermosillo.

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¿Por qué importa la cobertura universal?

Una persona que accede a un servicio de salud privado paga el doble de lo que supondría la seguridad social, por lo que este gasto representa una carga importante en los hogares más desfavorecidos.

Además, el gasto por servicios de salud privados también aumentó durante la pandemia, al pasar de 980 pesos en 2018 a 1,266 pesos en 2020. Y alrededor de 45.2 millones de hogares mexicanos hicieron este gasto en 2020, frente a 18.5 millones en los dos años previos, según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

"La carencia de servicios de salud pública afecta la economía y la salud de las personas y de la comunidad porque no hay atención ni infraestructura, entonces si no tiene seguro social tienes que ver cómo lo pagas y a dónde te trasladas para acceder al servicio", resalta Rogelio Gómez.

El especialista agrega que esta situación da pie a los abusos de los servicios privados que, de hecho, aumentaron en 2020 sus costos por la demanda y por la insatisfacción de personas con afiliación a servicios públicos de salud.

Entre el 1 de enero de 2019 y el 25 de septiembre de 2021, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) atendió 418 denuncias en contra de hospitales y clínicas privadas. Además, en el mismo periodo detectó un aumento de entre el 15% y 20% en los costos de servicios.

"Y aún así llama la atención que cueste más atenderse en los hospitales de nivel medio que los de nivel alto, como el Ángeles o el Médica Sur, e incluso para una persona sin seguridad social los costos se equipararon en las instituciones públicas, pero esto es solo la punta del iceberg de los abusos que puede haber en los cobros", expone Gómez Hermosillo.

¿Qué se necesita para lograr un sistema de salud universal?

El nuevo plan del gobierno federal, anunciado el pasado15 de marzo, propone la recentralización de la prestación de servicios de salud mediante convenios con el IMSS Bienestar. Con esto se eliminan las facultades del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que comenzó a operar en 2020 con el objetivo de proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud y medicamentos a las personas sin seguridad social.

Rogelio Gómez Hermosillo considera que esto puede ser positivo, pues el sistema de salud público en México está fracturado en diversas instituciones y esto impide el acceso a los servicios de salud y atención continua. Por ejemplo, si un trabajador afiliado al ISSSTE cambia o se queda sin empleo, pierde en automático este derecho, sin importar si tiene un padecimiento crónico que requiere tratamiento.

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Con este plan, agrega, se concentrarían los esfuerzos en una sola institución, que sería el IMSS Bienestar. Sin embargo, y aunque el discurso del presidente sobre lo gratuito es "atractivo", el proyecto parece no considerar el presupuesto adicional requerido para garantizar la salud universal.

"Hay un presupuesto aprobado para Salud, pero claramente no alcanza o es muy poco para cubrir a toda la población solo si se quiere equilibrar entre quienes tienen seguridad y los que no. Tampoco se está contemplando que se requiere más personal de salud, medicamentos e infraestructura, gastos que podrían ascender a más de 200,000 millones de pesos adicionales a lo programado. La pregunta es ¿de dónde va a salir ese dinero?", indica.

Otro aspecto que no contempla el plan del gobierno federal es el diseño e implementación de políticas, programas o acciones que contribuyan a la atención, prevención y promoción de la salud.

En México, la mitad de las personas que tienen hipertensión y diabetes no lo saben hasta que enferman de gravedad —lo cual implica un gasto adicional y permanente—, pues no hay ninguna acción preventiva para este tipo de padecimientos.

"La detección oportuna es clave para garantizar el acceso a la salud, y si no hacemos funcionar el consultorio, la atención preventiva y que la gente responsa a los programas de prevención, no lograremos un sistema de salud como el que se plantea (...) Hasta ahora, solo hemos visto improvisaciones", enfatiza Gómez Hermosillo.

Y esto coloca aún más lejos a México de alcanzar su objetivo de un sistema de salud como el de Dinamarca, Inglaterra o Canadá, donde los servicios no son en función a un seguro social, sino de toda la población. Por eso, insiste el especialista, es urgente una reforma en materia de salud que contemple políticas públicas y un enfoque en derechos y prevención.